Por Eugenio Rivera, Director del área de Economía.
En su declaración del 5 de enero, el Partido Comunista otorgó legitimidad al segundo período presidencial de Maduro, haciendo caso omiso de que las presidenciales de mayo del 2018 no reunieron las condiciones democráticas indispensables.
Recordemos que en las últimas elecciones de la Asamblea Nacional, la oposición obtuvo 2/3 de los mandatos y Maduro urdió un llamado a una Asamblea Constituyente para neutralizar esa derrota. En estas circunstancias, no existieron las condiciones básicas para un acto eleccionario; de ahí la decisión de la oposición de no participar.
Por su parte, con la excepción del Partido Liberal, el Frente Amplio criticó que varios países latinoamericanos reconocieran a Juan Guaidó como presidente encargado, con la tarea de convocar a elecciones. Adujeron que el reconocimiento se alineaba con Trump. Aunque el presidente de EE.UU. es mala compañía, es cierto también que la Unión Europea reconocerá a Guaidó, si Maduro en un breve plazo no llama a elecciones.
El FA también ha dicho que la proclamación de Guaidó es contraria al derecho internacional (sic). Además, que viola lo presuntamente prescrito por la Carta Fundamental de Venezuela, pese a que Maduro, con el apoyo de la cúpula militar y atropellando la división de poderes, viene burlándose hace tiempo de ella.
De la misma forma, aducen que la proclamación de Guaidó acentuaría las tensiones políticas, llevando al enfrentamiento extremo e incluso a la guerra civil. Así, el FA desconoce que, justamente, la proclamación de Guaidó abre un camino de solución política a la crisis: realizar elecciones libres e informadas bajo la supervisión internacional.
La proclamación de Guaidó es una medida política efectiva de la oposición, para confrontar un régimen que ha mostrado un claro desprecio de la democracia y del estado de derecho. Con ello, aparece en el horizonte una salida política que al régimen se le dificulta socavar.
La óptica sobre Venezuela evidencia cómo cierta izquierda comprende y valora la democracia. Recordemos el exhorto totalitario de Maduro en su campaña presidencial del 2013, citado por Óscar Contardo: “si alguien del pueblo vota contra Nicolás Maduro, está votando contra él mismo”. Este exhorto antidemocrático pretende poseer un mandato y una legitimidad inapelables, aun cuando conduzca en los hechos a un país a su destrucción política y económica.
El régimen de Maduro ha violado reglas básicas de la democracia, ha reducido el PIB del país a la mitad en cuatro años, ha inducido la salida de cerca de dos millones o más de venezolanos desde su país y muestra una desbocada corrupción.
Por el contrario, en democracia, el debate sobre qué es legítimo y qué es ilegítimo es un debate sin garante final, y que se redefine constantemente en el juego democrático. La izquierda que legitima a Maduro adolece de una inquietante impronta.
