Eduardo Vergara., Director Ejecutivo Fundación Chile 21.
El Índice de Paz Ciudadana reveló una realidad preocupante: Hoy vivimos en un país menos seguro que ayer. La victimización llegó a cifras que no veíamos hace 6 años y los delitos violentos junto con la revictimización aumentaron mientras hay menos denuncias y la evaluación de la labor policial cae. El 40,6% de los hogares declara que algún miembro de la familia ha sido víctima de robo o intento de robo, destacando la mayor alza en los sectores socioeconómicos bajos. En paralelo, los hogares que cuentan con miembros que han sido revictimizados sube de un 21,5% al 26%. El temor, sube del 10,4 al 19,6 (el más alto desde el 2015) y el 62% asegura que ha dejado de ir a ciertos lugares por miedo. Como si fuera poco, mientras la denuncia baja a un 49% (cifra más baja desde el 2009) y la satisfacción con el actuar policial llega solo al 32,7, siendo la más baja desde que se tiene registro.
Las cifras revelan que el modelo de seguridad basado en el populismo de la mano dura, la improvisación y mediáticos anuncios sin sustento fracasó. Como si fuera poco, a casi dos años del inicio de gobierno no existe un plan nacional de pública con acciones y mecanismos de evaluación como se hizo con ‘Chile seguro’ (2010-2014) y ‘Seguridad para todos’ (2014-2018). Lo más cerca que hemos visto, fue el simbólico Acuerdo Nacional por la Seguridad que tras lograr una fotografía de unidad fue roto con el ingreso del proyecto de control preventivo de edad a menores de edad.
Los resultados de esta improvisación son evidentes. De acuerdo a datos del Ministerio Público, durante el primer semestre de 2019 los delitos ingresados han aumentado en 9,1% en comparación a igual periodo 2018. En contraste, durante el primer año de gestión de la presidenta Bachelet, el conjunto de delitos evidenciaba una reducción de -1,2% y los principales delitos de mayor connotación disminuían o estaban controlados.
La estrategia que el 2018 logró barrer delitos violentos desde las comunas más pudientes a las menos privilegiadas colapsó. Si durante ese año las comunas de Lo Barnechea, Providencia, Las Condes y Vitacura experimentaban una baja del -16%, comunas como Pedro Aguirre Cerda, Lo Prado, Cerrillos y Pudahuel aumentaban en 14%. Esta última subió en 29%, mientras que Vitacura bajó en un -29%. Pero la estrategia se les devolvió como un bumerang. En lo que va del 2019 en las comunas del sector oriente, el robo con violencia ya marca un alza del 32%, los robos con intimidación un 5% y los robos en lugar habitado en un 3%. Es predecible entonces, que, de seguir todo igual, el 2020 volvamos a ver una reacción que barrerá desde las comunas ricas a las que menos tienen, perpetuando la lógica de la silla musical que seguirá profundizando la desigualdad y la violencia.
Al mismo tiempo, durante el segundo trimestre 2019 aumentaron también a nivel nacional la violencia intrafamiliar (10,6%), las violaciones (6.9%), el hurto (3,3%), el robo con violencia (1,6%) y los homicidios (3%). Como si fuera poco y pesar de la mediatización del control con las rondas policiales masivas, desde el inicio del gobierno a la fecha, han tomado lugar menos detenciones que en igual periodo del gobierno anterior. Según datos del mismo Ministerio del interior, al primer semestre de 2019, se advierte una reducción importante de las detenciones policiales: -4% en delitos violentos, -9% en robos a la vivienda, -18% en infracciones a la ley de control de armas y -5% en robos al comercio.
El gobierno, además, abandonó más de una decena de mesas público privadas donde se establecían compromisos de fiscalización conjunta, obligaciones y sistemas de evaluación. Según datos de Carabineros, el robo con violencia bajó en un 33% y el robo con intimidación en un 17% el año 2017 con respecto al año 2015 en los centros comerciales. Hoy vemos un aumento en la violencia en robos a espacios comerciales. Frente a estos grados de violencia y sin coordinación permanente, los privados poco y nada pueden hace solos. Como si fuera poco, entre enero y septiembre del 2019, la llamada ‘violencia rural’ ha aumentado en un 71% en la Araucanía (Ministerio Público). Caballo electoral de batalla y punta de lanza de la entonces oposición durante el Gobierno anterior, que con cifras bastante menores increpó directamente al gobierno de turno incluso logrando montar grandes protestas como la de los camioneros frente a La Moneda el 2015.
Sobre narcotráfico priman las puestas en escena para los medios. Desde la participación de militares en operativos en las fronteras hasta televisadas rondas masivas de bajísima efectividad y centradas en perseguir a quienes menos tienen, el manejo de este desafío ha sido por decir lo menos, un fracaso. Predominan las detenciones fáciles a personas desechables para el narcotráfico. Con todo, el poder de armamento y los niveles de violencia que vemos en diferentes barrios vulnerables del país han generado que incluso, una bala disparada al aire terminara con asesinar a un menor de 9 meses de edad en La Pintana, comuna aledaña a donde hace pocos meses asesinaron a 5 personas en una sala de tragamonedas. A inicios de este año una campaña transversal llamada #DesarmemosChile, evidenció que el desafío de las armas ha sido abandonado y cómo adquirir armas es extremadamente fácil.
En este escenario, la Subsecretaría de Prevención del Delito ha solicitado un presupuesto sobredimensionado para los planes Calle Segura y de Tecnología, que continúan replicando el efectismo del control sin evidencia ni métodos de medición. En lo legislativo, optó por empujar iniciativas legales sin sustento alguno, como el control preventivo a menores de edad que generará mayor violencia y vulnerará derechos a costa de un par de detenciones mediáticas.
El tiempo se agota. Chile no puede seguir a la deriva en una problemática tan relevante como la seguridad. Por un lado, el país merece, al menos, claridad sobre cómo el gobierno espera mejorar su gestión de seguridad y poder contar con un plan nacional que de una vez por todas considere la igualdad como su eje, el despliegue de las policías y su modernización, el uso inteligente de los recursos, la evidencia que sustente las acciones y por sobre todo el desarrollo profesional de inteligencia para prevenir violencia y delitos. Por otro, la hoy oposición debe también asumir su responsabilidad y al menos, lograr encontrar visiones para generar propuestas y alternativas no solo que sean electoralmente atractivas, sino que por sobre todo aplicables en la práctica. El tiempo para seguir improvisando se acabó. Para todos.
Columna de opinión publicada en La Tercera.
