El resultado del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya, dado a conocer el primero de octubre pasado, dejaron las relaciones entre ambos países, aparentemente en un punto cero. De ahí en adelante, al margen de las declaraciones a los medios de comunicación por parte de las autoridades de los gobiernos de Bolivia y de Chile, a nivel diplomático, o bien de política de Estado, no ha habido ningún tipo de relaciones, ni de contactos al más “alto” nivel entre estas dos naciones.
Previo a ir al recuento político y jurídico del Fallo del CIJ y del estado de las relaciones chileno-bolivianas, en nuestra opinión, entregar algunos antecedentes históricos de una disputa que lleva más de 139 años de controversias entre estas dos naciones de América del Sur.
CONTEXTO
Las relaciones entre Chile y Bolivia han sido relativamente conflictivas desde la Guerra del Pacífico de 1879. Bolivia perdió entonces 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de territorios en favor de Chile. El Tratado de Paz y de Amistad, firmado entre Chile y Bolivia en 1904, tuvo el “agravante” de que las tierras transferidas por el país vecino dejaron a Bolivia enclaustrado y sin derechos a una salida al mar, por cuanto la búsqueda de una salida marítima ha sido una constante en la historia de la nación boliviana.
A partir del fin de la Guerra del Pacífico, Chile desplegó sus esfuerzos diplomáticos para consolidar los nuevos límites en el norte, mediante tratados capaces de constituir un sistema jurídico acordado con Perú y Bolivia, a la vez que una red de mecanismos de solución pacífica de las controversias. Uno de ellos es el Pacto de Bogotá (1948), mediante el cual los Estados que lo suscriben se obligan a recurrir a la CIJ para resolver sus diferencias.
Durante más de cien años Chile ha impulsado la construcción de una arquitectura multilateral que permita el diálogo, la cooperación y la solución pacífica de las controversias, tanto en el mundo como en la región latinoamericana.
El fortalecimiento del derecho internacional y la creación de los instrumentos necesarios para asegurar la concordia, sobre todo entre países vecinos, constituyen objetivos prioritarios de la política exterior chilena, razón por la cual numerosas personalidades políticas, parlamentarias, académicas, expertos en política internacional son de la opinión de permanecer en el Pacto de Bogotá, puesto que dicha participación no depende del resultado en una causa u otra, sino que del convencimiento acerca de la forma en que debe ser resuelta cualquier posible divergencia o conflicto. La permanencia en el Pacto de Bogotá ha sido puesta en cuestión por diversos analistas y ex funcionarios de la Cancillería de Chile. Hasta el momento, las autoridades máximas del gobierno de Chile han llamado a no entrar en la discusión de la permanencia o no, en el Pacto de Bogotá.
EL FALLO
En abril del 2013 Bolivia presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en busca de un fallo que obligara a Chile a negociar de buena fe en una solución a su petición de salida al mar, tras más de un siglo de diálogos sin resultados.
Importante es destacar que el alegato boliviano no puso en cuestión el Tratado de Paz y Amistad de 1904.
El mundo político progresista de la izquierda democrática e incluso autoridades del actual gobierno, hicieron tempranamente un llamado a la ciudadanía a asumir con tranquilidad la decisión del más alto tribunal internacional, El gobierno de Piñera convocó a los tres poderes del Estado a que se mantuviesen unidos en relación a los resultados sobre este diferendo. En este escenario, la defensa de los intereses nacionales concitó el apoyo mayoritario de la población. Los resultados del fallo mismo fueron una inesperada sorpresa para Chile. Es una sentencia contundente y demoledora para las pretensiones del gobierno boliviano. El fallo estuvo fuera de todo cálculo por parte de las naciones litigantes. Algunos analistas hablan de un triunfo total para Chile.
La CIJ dictaminó que Chile no está obligado a tener que negociar con Bolivia una salida al Pacífico tal como lo reclamaba el gobierno boliviano de Evo Morales.
En la lectura de la sentencia, el presidente de la Corte Internacional de Justicia, el libanés Abdulqawi Ahmed Yusuf, fue refiriéndose uno a uno los fundamentos presentados por Bolivia y, desechándolos. Fueron 12 los jueces que votaron a favor del fallo y 3 en contra. Frente a este categórico fallo de la CIJ y, asumiendo la sentencia, el presidente Morales y otras altas autoridades paceñas optaron por rescatar el párrafo 176 del fallo, que destaca lo siguiente: “La Corte agrega que su conclusión no debe entenderse como impedimento para que las partes continúen con sus diálogos e intercambios en un espíritu de buena vecindad, para abordar las cuestiones relacionadas con la situación sin salida al mar de Bolivia, solución que ambos han reconocido como una cuestión de interés mutuo. Con la voluntad de las partes, se pueden emprender negociaciones significativas”. Es absolutamente indesmentible que el fallo de la CIJ dejó como un gran perdedor al Estado boliviano y, especialmente a su presidente, Morales.
El presidente Morales, de una u otra manera había estado utilizando este litigio de soberanía marítima, para fines de política interna, especialmente en la perspectiva de su reelección en las próximas presidenciales de fines del año 2019.
El debate interno en el país vecino acerca de las consecuencias de este fracaso de la diplomacia paceña, deberá atender a las consecuencias políticas y sociales producidas de esta larga y costosa demanda de Bolivia en el tribunal de La Haya. ¿Tendrá esto, implicaciones en lo referente a la elección presidencial próxima? Es una incógnita que estará por verse en un tiempo más.
En Chile, también observamos perdedores y derrotados: todos aquellos que previo al fallo y, con un análisis derrotista de cómo le iría a Chile, clamaban por la salida de Chile del Pacto de Bogotá y,a desconocer el fallo de la CIJ: gran derrota para esos sectores nacionalistas, chovinistas y pseudo militaristas. El fallo vino a confirmar los compromisos internacionales asumidos por el país, el apego al Derecho Internacional y a los organismos internacionales. Una posición adversa, como lo pregonaban algunos ex militares y ex diplomáticos hubiese significado un alejamiento de los principios tradicionales en política internacional que Chile ha asumido a través de décadas de apego a la institucionalidad internacional.
UNA AGENDA DE FUTURO, MÁS ALLÁ DE LA HAYA
Con el fallo del 1 de octubre, estamos frente a un escenario que podría señalarse como: el término de una etapa en que predominó una manera áspera y endurecida de plantear los conflictos limítrofes entre ambas naciones, particularmente por dichos del presidente paceño y otras autoridades bolivianas Chile no estuvo ajeno a estos dimes y diretes con el gobierno boliviano. Es más, algunos analistas nacionales han argumentado que la cancillería chilena bolivianizó de manera innecesaria la política exterior del gobierno de Bachelet II. La actual administración del gobierno del presidente Piñera, en estos nueve meses de gestión ha proseguido con esta política confrontación con el gobierno boliviano. En una entrevista reciente al ex presidente, Ricardo Lagos, éste expresaba lo siguiente, refiriéndose entre otras cosas al fallo de La Haya: “Yo me olvidaría de seguir hablando de Bolivia. Quisiera que la Cancillería hable de otras cosas” (Ver www.latercera.cl Entrevista a Ricardo Lagos Escobar, Reportajes, pág. 9 y 10, domingo 07 de octubre de 2018).
Sin embargo, el fallo también entrega importantes oportunidades de iniciar una nueva época en las relaciones bilaterales entre ambos países. Por cierto, habrá que esperar un tiempo, que permita a la parte boliviana, digerir los profundos alcances del fallo mismo y, por cierto, acatarlo sin dilación. Hay algunas opiniones que señalan que es necesario “esperar” un tiempo prudente con el fin que las heridas cicatricen. Las naciones de nuestra región y, Chile y Bolivia, no son una excepción, enfrentan dificultades políticas, económicas, ambientales, migratorias y sociales que demandan un esfuerzo mancomunado para su solución en un marco de diseños e iniciativas favorables al desarrollo conjunto.
Desde esta perspectiva, el escenario signado por La Haya, no debe impedirnos seguir trabajando en otros ámbitos de cooperación política bilateral, algunos de ellos muy bien diseñados en la Agenda de los 13 puntos elaborada bajo el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet (2006-2010). Hacer los esfuerzos para desarrollar un polo de integración profundo que implique mejorar la conectividad, las carreteras internacionales, modernizar las vías ferroviarias y portuarias por las cuales Bolivia exporta e importa sus productos y, ser parte del corredor bioceánico Atlántico-Pacífico. Con una agenda de futuro se podrá ir limando en cierta forma, las asperezas históricas de ambas naciones y revertir el “punto cero” de las relaciones bilaterales.