Hemos fracasado

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La imagen de Cristóbal Cabrera, en su primera detención como adulto, es la imagen del fracaso del Estado. A quien fuera apodado como “el Cisarro”, lo hemos perseguido y detenido 28 veces desde los 14 años. Ha sido encerrado en dependencias del SENAME para luego quedar libre y nuevamente, como en un círculo vicioso, volver a ser privado de libertad. Hoy, nuevamente es detenido, tras apuntar con un arma a una menor de 3 años en un robo violento, iniciando formalmente su ciclo de castigo como adulto. Convenientemente le hemos adjudicado la categoría de delincuente, de amenaza para la seguridad y el orden y rostro símbolo de lo que muchos temen. Es de esperar que Cristóbal, pronto, volverá a quedar libre y el ciclo seguirá. Muchos seguirán aplaudiendo sus detenciones y otros temerán su libertad.

La realidad es que el Estado ha estado presente de manera eficiente en todos sus ciclos de castigo. Millonarios recursos han sido gastados en destinar investigaciones, despliegue de policías, costos de mantenerlo en centros de detención que en casos han sido inhumanos y durante toda la cadena de castigo y judicialización. Hoy, el Estado destina nuevos y mayores recursos en continuar el ciclo. Sin embargo, y de forma vergonzosa, el mismo Estado ha sido tremendamente ineficiente en actuar de forma preventiva con una reinserción eficaz, su educación o quien sabe, incluso con las condiciones en las que ha vivido desde niño. Pareciera que este solo se hace presente cuando se trata de llegar a castigar y esperar que, por medio del garrote y la mano dura, el Cisarro deje de una vez por todas su vida “delictual”.

Este es el debate central que debemos tener cuando pensamos en nuestro sistema de castigo y de reinserción. Debe ser un debate que considere las limitadas alternativas reales que se entregan y la ineficacia que se sigue perpetuando en el sistema. A fin de cuentas, el Cisarro es también hoy el rostro de miles de personas, muchos de ellos menores, que han sido totalmente abandonados. Ese abandono, los transforma en rostros símbolo, estrellas de nuestros noticiarios, en rostros que pasan a encarar todos nuestros miedos, el rostro del fracaso de nuestras políticas sociales, económicas y de seguridad, el rostro de Chile.

La situación en los centros del SENAME y la cárcel hablan de una puerta al infierno, donde lo que se consigue de forma más eficiente es acelerar los procesos de capacitación delictual y profundizar la pobreza, ya que la reclusión es en Chile una extensión de esta condición, pero bajo condiciones infrahumanas. Un reciente informe publicado por la Policía de Investigaciones (PDI) reveló que aproximadamente en el 88% de los centros se constató que se vulneraron los derechos de niños y niñas. Centros que han sido testigos de constantes maltratos y graves vulneraciones a los derechos humanos. Tuvo que morir Lisette Villa en el 2016 para que muchos se acordaran de lo que ahí ocurre. Pero rápidamente lo olvidaron.

Por otro lado, nuestro sistema carcelario cuenta con niveles de violencia que incluso llegan a superar a las temidas cárceles centroamericanas. Mientras la tasa de homicidios en nuestro país bordea el 3 por cada 100 mil habitantes, en los centros de reclusión se dispara a un 90, siendo la más alta de la región. Para qué hablar de los niveles de hacinamiento que, si bien han bajado, siguen bordeando cifras alarmantes. Estos son solo algunos datos que hablan de la realidad de nuestro sistema de encierro y que deberían ser suficientes para entender que, bajo esas condiciones, la posibilidad de reducir los niveles de violencia o participación en actividades delictuales posteriores son prácticamente nulas. El Gobierno ha prometido mejorar el SENAME, pero lo sigue haciendo pensando en un sistema de subvención con un nombre diferente. La frase de poner a los niños primero en la fila fue solo un slogan de campaña.

Lo primero que se requiere es un esfuerzo transversal. Hace solo semanas la Defensoría de la Niñez acusó que intentaron articular una mesa de trabajo y a pesar de convocar a los ministros de Salud, Desarrollo Social, Justicia e Interior, estos no llegaron. Lo segundo, es entender que este enfoque necesita además abordar el tema como un problema social y no solo de castigo. Por ejemplo, los problemas de salud mental y relacionados con consumo problemático de drogas que gatillan riesgos como los abusos e intentos de suicidio requieren de acción prioritaria. El enfoque punitivo es seguir haciendo populismo desde el titular de prensa, seguir abultando las cifras de detenciones con personas vulnerables. En el caso de la cárcel, el punto de partida tiene que ver con los cambios necesarios que debemos hacer al sistema de persecución y categorización delictual. No es posible que el sistema siga solo encarcelando a los más vulnerables, persiguiéndoles en territorios focalizados y empujándoles tras las rejas por delitos que francamente no justifican la extensión de castigo y en muchos casos ni la cárcel misma. Con todo, las posibilidades de obtener un trabajo, ya sea por estigmas o falta de capacitación, terminan truncando las posibilidades de ganarse la vida de manera honesta. Y nos sorprendemos después, cuando vemos cómo cientos de personas vulnerables se transforman en eslabones desechables del narcotráfico. En paralelo, la política de seguridad del Gobierno sigue profundizando el enfoque punitivo, haciéndonos creer que una mayor amenaza de castigo funcionará como un elemento disuasivo.

Debemos avanzar desde un sistema meramente punitivo a uno que logre reinserción, en entender incluso que en muchos casos el ingreso a la cárcel de una persona significa el ingreso de toda la familia, ampliando así el fracaso del sistema. El panorama es trágico, y la detención del señor Cisarro no es un triunfo del sistema policial ni del investigativo, su condena no será un triunfo del sistema judicial. Su detención es el fracaso del Estado, el fracaso de todos nosotros. Eso es lo que nos dice la imagen de Cristóbal nuevamente detenido.

Contenido publicado en La Tercera.

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