El cambio de Equipo Ministerial ¿Permite superar los déficits de la conducción económica?

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El impacto de no cambiar el equipo político en la conducción económica del Gobierno.

Parece existir bastante consenso en que el cambio de gabinete, al no incluir modificaciones sustanciales al equipo político (con la excepción del ingreso de Sichel para reemplazar a Moreno en el ministerio de Desarrollo Social),  resultó frustrado. Esta circunstancia y el rechazo (o imposibilidad) a definir una política clara para lograr mayorías en la tramitación de las reformas consideradas prioritarias por la Administración tendrá, probablemente, como consecuencia que no se avance en su aprobación y con ello la conducción económica seguirá en el limbo político.

En lo sustantivo las reformas no han avanzado por la inexistencia de un consenso respecto de su orientación fundamental. En el caso de la reforma tributaria oficialismo y opositores consideran que lo que tenemos no es lo que requiere el país. Por razones muy distintas.

El punto crítico es que para el Ejecutivo el crecimiento económico depende de introducir una fuerte rebaja tributaria al gran empresariado (en su juicio, los que invierten) y retornar a un sistema de fiscalización del cumplimiento tributario que permita a dicho sector reducir la carga impositiva.

Para la oposición, si bien entiende que es bueno esperar a que maduren los efectos de la reforma tributaria del 2014 antes de realizar una nueva, entiende que en el mediano plazo se requiere cambios que eleven la recaudación, mejoren el impacto redistributivo de la estructura tributaria y generen incentivos para un crecimiento económico más diversificado, intensivo en conocimiento y consistente con un mejoramiento radical del medio ambiente.

En pensiones ocurre algo similar. Todos concuerdan en la necesidad de cambios. Para el Gobierno es necesario aumentar las cotizaciones e introducir otros cambios menores sin que ello signifique afectar el rol predominante del sector privado, pues los fondos de pensiones que  las AFPs manejan son fuente de jugosos ingresos y, sobre todo, permiten poner a disposición de las grandes empresas recursos baratos que les potencian su competitividad internacional.

Para la oposición, en cambio, toda reforma del sistema de pensiones pasa por asegurar el alza de las pensiones como la tasa de reemplazo y resolver la falta de legitimidad del sistema de AFPs, lo que implica (con diferentes visiones) sustituirlo por un sistema de reparto o introducir modificaciones que dejan al actual sistema como un mecanismo complementario de uno público, que se constituye en su pilar fundamental.

Frente a estos dilemas económicos y sociales, el equipo político ha sido incapaz de alcanzar definiciones que viabilicen un acuerdo con la oposición sin afectar la unidad de su sector u optar, como algunos proponen, por insistir en sus concepciones para que un eventual nuevo triunfo electoral les permita la mayoría necesaria para insistir en sus empeños.

En el caso de las pensiones, si bien hay señales de diálogo entre la DC y el Ejecutivo, los acuerdos no se concretan. Lo más complejo se concentra en el principio de compromiso en torno a un ente estatal que administre los fondos, cuestionado desde el propio oficialismo, que insiste en un ente estatal que se limita a licitar los recursos a entes privado que seguirán operando con la misma lógica de las AFPs, con el agravante que pueden tener menos capacidad técnica.  Por otra parte, la recaudación y la gestión de las cuentas con el aporte patronal se radica en las AFPs y no en el ente estatal, lo que atenta definitivamente con la idea de generar una alternativa pública real. Además, el componente solidario sigue siendo discutido por la coalición de Gobierno. Todo esto augura estancamiento de las iniciativas.

El cambio de equipo económico:

Lo esencial parece ser el fin de la complacencia. El Banco Central, que demoró excesivamente en reconocer la presencia de una fuerte desaceleración, tomó finalmente la decisión de reducir en medio punto la tasa de política monetaria. Al mismo tiempo, el Gobierno ha decidido introducir un paquete fiscal para enfrentar la desaceleración graficada en que el crecimiento económico en el primer trimestre del presente año fue de sólo 1,6% (cifra menor al crecimiento promedio anual durante el Gobierno anterior) comparado al mismo trimestre del año anterior. En este contexto se plantea la pregunta si el cambio de equipo económico será capaz de revertir la desaceleración económica y elevar a un 4% la capacidad de crecimiento del país, en el largo plazo.

La permanencia de Felipe Larraín en el ministerio de Hacienda es sin duda el elemento decisivo para evaluar el cambio en el equipo económico del Gobierno. La salida de Larraín habría significado el reconocimiento que la gestión económica, principal activo de la oferta del candidato Piñera, ha sido un fracaso. Fue el ministro de Hacienda quien demoró la presentación de las reformas prioritarias perdiendo el momento de mayor poder e influencia del Gobierno de Piñera.

Del mismo modo, fue él quien apostó a que las expectativas positivas que generaba la nueva Administración en el mundo empresarial, serían suficientes para superar el impulso económico que venía del gobierno anterior. Con todos estos antecedentes, Larraín no es la mejor cara para encabezar una presunta nueva etapa. No es tampoco muy alentador el nuevo ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, a quien el mandatario habría encargado “desatar una ola de emprendimiento” y no dio el ancho, ni siquiera a juicio del Presidente, en el ministerio de Obras Públicas. Más aún, por razones similares fue reemplazado por Pablo Longueira como ministro de Economía del primer gobierno de Piñera, luego de poco más de un año de permanencia en el puesto.

A estos problemas de personal se agrega que las propuestas de política (aún cuando se empezarán a conocer en detalle a partir de la reunión del Comité de ministros de Desarrollo Económico, que no parece haber tenido hasta ahora un funcionamiento muy dinámico) no parecen suficientes para provocar un cambio en el espíritu empresarial, bastante desanimado. En efecto, al ministro Larraín se le ha pedido “acelerar la actividad”. Para ello se convocó a una reunión del Comité de ministros indicado, cuyas principales tareas serían acelerar la tramitación de la reforma tributaria, manteniendo la reintegración del sistema como orientación prioritaria e impulsar el proyecto de portabilidad financiera. Las dificultades políticas de lo primero y el hecho que la portabilidad financiera demorará en aprobarse y en tener efectos relevantes no son señales muy alentadoras.

Como decíamos el aporte del ministerio de Economía es “desatar una ola de emprendimiento”. No obstante, las tareas principales que se mencionan para el nuevo ministro serían continuar con institucionalización de las Oficinas de gestión de proyectos sustentables y la Oficina de productividad y emprendimiento nacional, acelerando el proyecto de modernización del INE, ambas cosas que ya venía haciendo el expulsado ministro Valente.

En ese ámbito y relacionado con la tramitación ambiental de los grandes proyectos de inversión, la decisión más relevante es el anuncio de eliminar el sistema de Participación Ciudadana Anticipada (PACA) que va a ser discutida por la oposición y las comunidades. Si bien ello puede acelerar el proceso de aprobación de proyectos en un inicio, a la larga hará que las objeciones surjan cuando es difícil introducir las modificaciones. Esto afectará negativamente la implementación de los nuevos proyectos de inversión.

Lo que más impacto podría tener en la desaceleración es el programa de obras públicas. Antes del cambio de gabinete se hablaba de un “paquetito” como lo denominó un ex ministro de Hacienda, por US$ 1387 millones. No queda claro cuáles son los proyectos efectivamente nuevos que no estaban contemplados en la ley de presupuesto. Se espera además licitar 16 proyectos de infraestructura por US$ 2700 millones.

Es dudosa que esas licitaciones se realicen en el presente año con lo que la inversión se retrasará  por lo que sus efectos serán limitados. En lo que se refiere a la capacidad de crecimiento en el largo plazo, la falta de una real generación de nuevas obras públicas, la baja relevancia otorgada a la investigación y desarrollo como los pocos avances en educación, auguran también que se mantendrá el estancamiento del PIB tendencial.

Contenido publicado en Observatorio de Medios.

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