Efectismo y políticas públicas

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Lamentablemente nos hemos ido acostumbrando a que el debate serio en materia de políticas públicas sea reemplazado por el efectismo que generan nombres grandilocuentes, que en muchos casos carecen de debates de altura para ir a los problemas de fondo. Esta semana fue el turno del control preventivo de identidad dentro del plan “Calle Segura”, que incorpora una serie de medidas en materia de seguridad ciudadana -la preocupación más relevante de los chilenos, de acuerdo a las encuestas- pero cuyo alcance plantea, al menos, dudas respecto a su efecto real. Antes de aquello fueron “Aula Segura” y “Admisión Justa”, iniciativas que contribuyen a generar expectativas sobre la solución de problemas no siempre bien diagnosticados y un efecto comunicacional de corto plazo, que empobrece el debate de los temas públicos.

Vamos por parte.

El control preventivo de identidad, una medida que en el pasado también ha sido polémica, busca generar una supuesta “lucha contra la delincuencia” porque “quien nada hace nada teme”. Con esta iniciativa se buscaría dotar a las policías de mayor facilidad para realizar controles, incluyendo inspección de vestimentas, mochilas y accesorios. Varios problemas han sido advertidos por los expertos en la materia. El primero y más evidente es que no existe evidencia que este control, especialmente en menores, tenga impacto sobre la seguridad, abriendo la puerta además, a la estigmatización y la posibilidad de mayor conflicto y violencia. A ello se suma un dato que es categórico, una medida como esta genera un uso poco eficiente el recurso policial, dado que la eficacia de la detención en Chile (los controles que terminan efectivamente en detención) es de apenas del 2,2%.

De hecho, ha sido el propio ministro vocero de la Corte Suprema el que ha señalado que un proyecto como este, especialmente si se refiere a menores de edad, no puede ir en contra de la legislación vigente ni de las convenciones internacionales.

Mención aparte el anuncio dentro de “Calle Segura” sobre el uso de cámaras y drones, cuya implementación requiere considerar la protección de datos personales o sensibles. Así también, es importante considerar los efectos del aumento de facultades a Carabineros, cuando aún hay un camino de reforma institucional pendiente, para evitar que debamos ser testigos del escándalo que significó la “Operación Huracán “o el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca.

Como queda en evidencia, un anuncio de estas características precisa de un diagnóstico y vías de solución más ampliamente discutidas y compartidas, no de la búsqueda de un efecto comunicacional de corto plazo tal como pasó con “Aula Segura” o “Admisión Justa”. En el primer caso, porque se terminó discutiendo en base a un problema circunscrito a un número reducido de casos de alta connotación pública, donde los instrumentos para hacerles frente ya existían (la tipificación del maltrato de obra a Carabineros), bastando una actualización de los reglamentos en los establecimientos para mejorar las condiciones que permitirían enfrentar situaciones de estas características. Misma cosa respecto a “Admisión Justa”, que busca revertir una norma ampliamente discutida y aprobada por el Parlamento respecto al fin de la selección y además, en plena implementación, en base a argumentos engañosos como la imposibilidad de los padres de elegir el establecimiento en que estudiarían sus hijos, cuando las estadísticas del propio ministerio señalan que el 80% de los estudiantes quedó en alguna de sus preferencias y más del 50% en la primera. Todo lo anterior contribuye, por cierto, a desviar la atención de lo central que es el hacer un seguimiento pormenorizado de la implementación de la reforma educacional aprobada en la administración anterior.

El debate serio de políticas públicas requiere no solo una mirada integral de los problemas, sino que también una perspectiva de largo plazo basada en la solución real de problemas públicos y no solamente la tentación de generar un efecto comunicacional de corto alcance, que poco o nada contribuye a la solidez de nuestras instituciones.

Contenido publicado en La Tercera.

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