Los meses de abril y mayo han sido hostiles para el Gobierno de Sebastián Piñera, según detallan analistas aquí reunidos. Haber partido la gestión gubernamental en marzo de 2018 con altas expectativas en la ciudadanía, vinculadas, sobre todo, con el manejo de la economía se ha convertido en un boomerang ineludible para la actual administración. La caída casi constante en los niveles de aprobación gubernamental y presidencial, que en marzo acusa un desplome de diez puntos, corre paralela al avance de cierto pesimismo en lo económico.
Las cifras indican que el actual gobierno recibió una economía en la que el crecimiento se venía acelerando, pero ha ido de menos a más y los agentes económicos muestran señales de creciente escepticismo. Los movimientos en el tablero internacional tampoco han sido favorables para el Gobierno de Piñera. Venezuela se ha convertido en una pieza peligrosa en el juego de ajedrez de las grandes potencias.
Los pasos precoces de Chile por liderar el apoyo regional a un gobierno de Guaidó junto con el impulso de la alianza regional Prosur, parecen diluirse. Al mismo tiempo, decisiones del Gobierno de Chile de no suscribir el Pacto Migratorio ni el Acuerdo de Escazú, y objetar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos encienden alarmas en la oposición y en la comunidad internacional. En este difícil escenario, la realización de la Conferencia de Partes de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, (COP25) en Santiago en diciembre próximo, abre la posibilidad de asumir el liderazgo en las negociaciones climáticas globales al Gobierno de Sebastián Piñera, a la vez que augura una “climatización” de gran parte de los sectores productivos, al ser Chile uno de los países con mayor vulnerabilidad al cambio climático.
En este contexto, la Cuenta Pública del próximo 1° de junio será una oportunidad para vislumbrar qué caminos toma la búsqueda del relato perdido por parte del Gobierno.
