No hay nada más intrínseco a la democracia que el diálogo y la capacidad de llegar a acuerdos sobre temas de interés común, cuestión aún más relevante cuando lo que está en juego son políticas públicas que pueden impactar la vida de miles de personas. Este es el escenario que se plantea en el debate legislativo de 2019, a propósito de las discusiones que se anticipan en materia tributaria, pensiones y otras iniciativas cuya envergadura ha llevado al gobierno a ensayar una nueva manera de aproximarse a los partidos de oposición. Al mismo tiempo, estos, hasta hace poco refractarios a entenderse fuera del hemiciclo, han cedido en el punto, asumiendo que los debates que vienen requieren, al menos para la mayoría, la necesidad de destrabar anticipadamente los puntos de conflicto.
No obstante, la voluntad de diálogo y la capacidad de llegar a acuerdos requiere ciertas condiciones que es necesario no desatender para asegurar el éxito del objetivo.
Instalar una nueva manera de llegar a acuerdos, en un escenario adverso para el oficialismo, implica no solo capacidad de escuchar, sino que también ser conscientes de la necesidad de ceder en algunas materias, más aún cuando no se tiene mayoría en el parlamento. En efecto, más allá de que la estrategia del Ejecutivo haya sido instalar un diálogo bilateral con distintas tiendas, lo cierto es que sería de supina candidez pensar que por este solo hecho las oposiciones serán presa fácil de una especie de “divide y vencerás” y que, en consecuencia mediante este camino el Ejecutivo podrá juntar unos cuantos votos en alguna bancada. Por el contrario, con todos sus bemoles, las oposiciones han demostrado que a la hora de plantearse objetivos comunes y aún frente a tensiones importantes, es posible llegar a acuerdos no solo en la manera de establecer una correlación de fuerzas en el liderazgo de la mesa y las comisiones en el Congreso, sino que en buscar objetivos comunes para enfrentar debates relevantes.
Por otra parte, enfrentar esta compleja agenda, que será, por lo demás, el último año en que el Ejecutivo tendrá posibilidad de desplegarse sin la presión del ciclo electoral, requiere de un nivel de coherencia y una mirada relevante de contexto. Así las cosas, hay algo de disonancia cognitiva entre llamar al diálogo y manifestarse a favor de los acuerdos, y al mismo tiempo insistir en temas como el control preventivo de identidad y otras iniciativas que cuentan con un rechazo mayoritario de las oposiciones, porque no se trata de abrir la puerta al intercambio de puntos de vista en algunas cosas y avanzar de manera tozuda en otros. Desde la oposición, entrar a la dinámica del diálogo implica también tener claridad de que existen aún decisiones pendientes respecto de la política de alianzas y que cualquier paso en falso en esta materia puede significar un retroceso en la oportunidad de proyectar el futuro. En este sentido, para enfrentar el debate parlamentario es preciso que la oposición logre niveles de cohesión que le permita tener algunos mínimos comunes.
Así planteado el escenario, lo cierto es que el destino de esta nueva era de acuerdos solo será exitosa si prima la sensatez y tendrá sentido si el tercer actor, esa gran masa de ciudadanos que mira con desconfianza, logra percibir que esta manera de hacer las cosas tiene correlato en sus vidas.
Contenido publicado en La Tercera