Descentralización: tan urgente como incierta

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  • Elección de gobernadores en 2020 marca un antes y después en descentralización.
  • Quien asuma la presidencia en 2021 conviviría con 16 líderes regionales electos democráticamente.
  • Rearticulación entre poder central y regiones exige definiciones sobre todo en materia de competencias y recursos.

A fines del 2020, junto con los alcaldes y concejales, elegiremos a los gobernadores regionales, primer hito dentro de la agenda de descentralización, clave en términos de modernización y transformación institucional para el país. Estas elecciones generan gran expectativa en regiones, de la mano con el consenso existente en cuanto a que la descentralización plantea una estructura política que representa de mejor manera los intereses de la comunidad en los territorios. Este cambio se funda en la necesidad de acercar las decisiones a los ciudadanos, trasladando al territorio las definiciones sobre políticas sectoriales en áreas claves como fomento productivo; infraestructura y transporte; y desarrollo social y humano. Sin embargo, para reducir los riesgos de este proceso y asumir responsablemente las expectativas de los ciudadanos, se requiere, al menos, contar con mayores grados de certeza en cuatro áreas claves:

  1. Relación entre gobernador electo, el Gobierno regional y la figura del delegado nombrado por el presidente de la Nación.
  2. Recursos con los que contará este nuevo gobierno regional.
  3. Modos en que se construirá la gobernanza entre los ministerios y la región, sobre todo en lo concerniente a las decisiones de inversión.
  4. Reformas que necesitarán los municipios para responder de mejor manera a las necesidades ciudadanas en el nuevo contexto.

En términos políticos, es previsible que surjan asperezas entre el gobernador electo y el delegado, ya que éste último cuenta con las competencias de orden público, seguridad y manejo de las emergencias, junto con la articulación de las políticas nacionales a través de los secretarios regionales ministeriales (SEREMIS). Otro punto de tensión serán los mecanismos, incentivos, y el compromiso de estabilidad laboral que requerirá el proceso. Se trata de que los funcionarios, tanto de los actuales gobiernos regionales, como de las  gobernaciones,  junto con los de los ministerios y servicios que transferirán competencias, no se conviertan en un factor que detone la inviabilidad práctica del proceso. Asimismo, la articulación y coordinación entre los distintos niveles territoriales, requerirá generosos esfuerzos para procurar  la coherencia territorial del conjunto de políticas públicas y de sus respectivos planes y programas. Por otra parte, el Gobernador electo deberá, una vez asumido, volcarse al complejo proceso de solicitar competencias, lo que implicará negociaciones desgastantes entre las partes involucradas. En forma paralela a los procesos de ajuste, se deberá velar por la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios traspasados por  parte de los gobiernos regionales.

Un punto poco analizado, es la necesidad de hacerse cargo de cautelar la adecuación de la organización central del Estado en cuanto a la gestión y, por sobre todo, a los funcionarios en el ejercicio de funciones que en el nuevo escenario serán más relevantes como, por ejemplo, la planificación estratégica, o las vinculadas con normativa y supervisión. La OCDE recomienda establecer sistemas eficientes de asignación de competencias vinculados a un adecuado marco fiscal y, muy especialmente, establecer sistemas de gobernanza que optimicen las oportunidades de cooperación y beneficio entre niveles de gobierno y con el sector privado y la sociedad civil.

En este contexto y a poco de comenzar a definirse las candidaturas a gobernadores y el alcance que pueda tener su acción en el territorio, la ley de financiamiento aun no comienza a formularse. Tampoco se han dado señales respecto a parámetros mínimos como si se tratará de una ley de rentas regionales, es decir, que permita cobrar tributos a los gobiernos regionales; o sólo de una ley de financiamiento regional. En ambos escenarios la incertidumbre sobre esta ley, que es la expresión economica de la reforma, es un nudo crítico.

En cuanto a la gobernanaza, para efectos de cautelar que la inversión sectorial se corresponda con las necesidades de los territorios, el primer requisito es que existan datos históricos y desagregados de gasto por ministerio en las regiones. Sobre esta base se configuraría una herramienta de negociación que permita que la decisión sobre recursos quede expresada a través de mecanismos contractuales posibles entre centro y región en la ley de financiamiento regional. Otro punto pendiente es visualizar la prospección de este proceso; poco se ha dicho sobre la necesidad de robustecer la capacidad de los municipios de manera que todos los niveles de gobierno sean actores relevantes en este proceso, apuntando a la satisfacción de los ciudadanos en la provisión de bienes y servicios, como también en el cierre de brechas.  En este contexto se requiere analizar el mejoramiento  del sistema de recaudación distribución y aportes al FCM; de qué manera se mejora la capacidad de aumentar los ingresos fiscales propios (nueva Ley de Rentas Municipales) así como la gestión, la transparencia, la participación, y la responsabilidad fiscal a escala local.

Con todo, la descentralización no es sólo es el traspaso de poder, recursos, y capacidad de acción desde el nivel central hacia los territorios, sino también el medio por el cual la ciudadania espera que se contribuya al desarrollo económico con inclusión social.

Frente a este escenario, no es difícil visualizar que estamos frente a muchas incertidumbres y dudas. Tal vez justamente por eso y dado el nulo piso politico para aplazar la elección de gobernadores regionales, el Ejecutivo ha convocado a una mesa de trece expertos. Esta instancia cuenta con 60 días para generar recomendaciones que se traduzcan en una ley corta para disminuir las incertidumbres en el proceso de traspaso de competencias;  acotar las posibles contiendas; dotar de mecanismos más eficientes y robustos a los gobernadores y los gobiernos  regionales a la hora de solicitar competencias, cumplir su mandato y generar valor. Esto subraya la importancia de seguir generando presión desde diversos espacios políticos y sociales para contar con más certezas en cuanto a la gestión, pero, sobre todo, en materia financiera.

Ante la complejidad del proceso en ciernes, quien asuma la presidencia del país a fines del 2021 deberá ampliar la mirada a la hora de elaborar su mapa de actores, establecer su importancia y posición. Lo más probable es que deba gobernar en un país con dieciséis líderes regionales, electos democráticamente, con las constantes demandas y tensiones políticas que se desprendan de esta nueva configuración del mapa sociopolítico del país.

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