Descarbonización: ¿traje a la medida?

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  • El Presidente Piñera presentó el cronograma de descarbonización que establece el cese de operaciones de las ocho centrales termoeléctricas generadoras a carbón más antiguas al año 2024, y una “ambición común” entre generadoras y gobierno de retirar las restantes hacia el 2040.
  • El anuncio recibió críticas por su vaguedad, y por desalinearse de las agendas y exigencias ambientales internacionales que establecen la Agenda 2030 y las sugerencias de la Convención Marco de Naciones Unidas (l IPCC).
  • La publicación del anteproyecto de Ley Marco de Cambio Climático otorga nuevas bases a la discusión, al fijar la meta de neutralidad de carbono al 2050.

Chile se encuentra en los preparativos para recibir la Conferencia de Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), en diciembre próximo, antecedida por la COP 24 en Polonia, considerada mayoritariamente como un fracaso a la hora de lograr acuerdos multilaterales. Se esperaba que la COP 24 generara una acción climática ambiciosa y más decidida en el contexto del último informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que señaló que las consecuencias y los costos de un calentamiento global de 1,5° C serán mucho peores de lo esperado, y que un aumento en 2°C podría alcanzarse en solo 11 años (2030) si no reducimos las emisiones de CO2 sustantivamente.  Se espera, por tanto, que Chile muestre sus credenciales como anfitrión y líder de las negociaciones climáticas en la presidencia de la COP 25. El mismo presidente Piñera  ha establecido el marco, al enfatizar en su última Cuenta Pública que su Gobierno promoverá “compromisos más ambiciosos y exigibles que los logrados en la COP de Paris, para luchar con mayor eficiencia contra el calentamiento global”. Al lanzar la Cumbre en abril pasado, el presidente afirmó que en Chile no se construirían más centrales a carbón, avanzando hacia la descarbonización de la matriz energética del país, y buscando la neutralidad de carbono (emisión/captura de CO2) al año 2050.

Si bien hablar de “descarbonización” no refiere exclusivamente al uso del carbón, sino al carbono -elemento producido en la combustión de todos los combustibles fósiles- en Chile se ha entendido  como el retiro o reconversión de las 28 centrales termoeléctricas de generación a carbón que operan en el país, dentro de un plazo determinado. Este tipo de instalaciones aumentó de forma considerable en la última década, coincidiendo con la interrupción del suministro de gas por Argentina, y se concentró en seis comunas: Tocopilla, Mejillones, Huasco, Coronel e Iquique. Algunas de estas comunas han sido denominadas “zonas de sacrificio”, por el alto impacto ambiental que reciben de las distintas actividades industriales que han operado en sus territorios.

Uno de los propósitos de la Agenda “Energía 2050”, construida en forma participativa con el sector energético -que contribuye al 75% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero GEI- durante el último gobierno de la presidenta Bachelet, es que para el año 2050, al menos el 70% de la generación eléctrica nacional provenga de energías renovables.  De igual manera, la Ruta Energética 2018-2022 del Ministerio de Energía estableció como uno de sus diez compromisos, iniciar el proceso de descarbonización de la matriz eléctrica, a través de la elaboración de un cronograma de retiro o reconversión de centrales a carbón. Chile ha sido considerado como un ejemplo en el uso de energías renovables -solar y eólica-, que actualmente forman aproximadamente un 20% de nuestra matriz eléctrica. De igual manera, en 2017 se aprobó un impuesto al carbón de US$5 por tonelada de CO2, para incentivar la reducción de emisiones locales y globales, y desincentivar la instalación de centrales que generan con ese combustible. Esto se vincula con que el carbón es barato y muy competitivo frente a otras alternativas energéticas; el impuesto, junto con otras regulaciones -normas de emisión, planes de descontaminación cuando proceden- contribuyen a sumarle sus costos ambientales reales por emisiones de CO2, SO2 (dióxido de azufre) y material particulado.

Sin perjuicio de ser altamente contaminante, la generación eléctrica a carbón es una energía de “base”, esto es, contribuye a garantizar la seguridad en el suministro, al estar disponible en forma continua (cuestión que sigue siendo una de las desventajas de las Energías Renovables No Convencionales, ERNC, especialmente solares y fotovoltaicas), aportando aproximadamente un 40% del total de la generación eléctrica en nuestro país. De hecho, un reciente informe del Coordinador Eléctrico Nacional, previo al anuncio del cronograma de descarbonización, modeló la participación de todas las fuentes de producción de energía en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) para tres escenarios de hidrología durante este año: húmeda, media y seca, proyectando para último caso que el carbón sería responsable de un 39,9% de participación en la producción del sistema.  Finalmente, el parque generador a carbón en Chile es relativamente nuevo, con un promedio de 18 años y representa un 26% del total de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en nuestro país emitiendo 24 millones de toneladas de Co2 el 2017.[1]  Estos antecedentes han de ser considerados al tiempo de analizar el cronograma de descarbonización anunciado en junio de este año. Su recorrido indica que, hacia el final del gobierno de la presidenta Bachelet,  los ministros de Medio Ambiente y Energía iniciaron acciones para el cierre de las primeras plantas -que datan de 1964-, en línea con los anuncios públicos de las generadoras en cuanto a la intención de cierre de las termoeléctricas más antiguas.

En enero de 2018, en continuidad a los anuncios y gestiones previas, fue suscrito un acuerdo entre el Gobierno de Chile y las empresas socias de la Asociación de Generadoras de Chile, AES Gener, Colbún, Enel y Engie que, entre otros puntos considera el compromiso de estas empresas de no iniciar nuevos desarrollos de proyectos a carbón que no cuenten con sistema de captura y almacenamiento de carbono u otras tecnologías equivalentes a partir de esa fecha. El acuerdo propició la constitución de una mesa de retiro y/o reconversión de centrales a carbón, que reunió a diversos representantes de la industria y de la sociedad civil y sostuvo nueve sesiones entre junio del 2018 y enero del presente año. Concluido su trabajo, el presidente Piñera anunció el 4 de junio pasado el cronograma de retiro de las centrales a carbón, en concreto de las ocho unidades más antiguas del parque en cinco años. Estas equivalen a 1.047 MW y representan un 19% del total de la capacidad instalada de centrales a carbón. Con respecto a las restantes, el anuncio contempló un compromiso de nuevas mesas de trabajo conformadas cada cinco años para determinar las fechas de retiro de acuerdo a las variables sociales, ambientales y económicas, defiendo como “ambición común” entre empresas y gobierno el 2040 como término de operaciones del parque total de centrales a carbón.

Esta propuesta ha sido duramente criticada desde sectores ambientalistas y políticos por parecer un traje a la medida de las grandes generadoras. Finalmente,  las unidades cuyo retiro se define, habrían salido de todas formas del sistema por su antigüedad y condiciones de operación; mientras que respecto del resto del parque, efectivamente operativo, las definiciones resultan vagas. Resulta paradójico que, si bien el retiro de las dos primeras unidades equivale a sacar de circulación 170 MW de potencia instalada, casi paralelamente comenzó a operar la más de nueva de las termoeléctricas en Mejillones, con una capacidad de 370 MW.

En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y las recomendaciones sobre la reducción de gases de efecto invernadero del IPCC, actores como Chile Sustentable y el presidente de la Cámara de Diputados han plantado la necesidad de acelerar estos procesos, sin embargo,  el anuncio presidencial carece de definiciones robustas que contribuyan a fortalecer la transición hacia una matriz limpia y segura.  Una medida sustantiva sería, por ejemplo, el aumento en el monto del Impuesto Verde hacia tasas más cercanas a los USD 30 por tonelada de CO2 en orden de modificar las compensaciones que afectan a las centrales renovables. De igual forma, teniendo en cuenta que las termoeléctricas a carbón que se retiran quedan en un “Estado Operativo de Reserva Estratégica” y pensando en que las condiciones de sequía impactan a la generación hídrica, viabilizar el cronograma implica reforzar la capacidad de transmisión del sistema y otras consideraciones respecto al uso de combustibles fósiles en generación.

Con la reciente publicación del anteproyecto de la Ley Marco de Cambio Climático, el cronograma de retiro se sitúa en el marco del documento que establece : “Al año 2050 se deberá alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero”, es decir, hacia esa fecha nuestra economía deberá ser capaz de capturar tanto C02 como el que produce. Si se sanciona la ley, esto implica una estrategia climática de largo plazo para integrar armónicamente los distintos instrumentos que conlleva una transformación hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima, desacoplando el crecimiento de las emisiones de GEI.

Junto con estas medidas, y desde el marco que otorga este anteproyecto, comenzarán a discutirse instrumentos para la migración hacia una economía cero emisiones netas, como el anuncio de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de estudiar la exigencia por norma a las empresas para que entreguen su huella de carbono, o bien, acciones como la emisión del primer bono verde soberano en dólares, que a la fecha del presente informe, había sido bien recibido por el mercado, para el financiamiento climático. Todo indica que el cronograma queda inserto dentro de un proceso general, al parecer irreversible, de alineamiento entre los objetivos económicos y ambientales dentro de la corriente global de acción climática. Está por verse sin en los próximos años se generan los instrumentos necesarios para dar viabilidad a estos procesos que hacen directamente a la vida en el planeta.


[1] GIZ, Presentación Mesa de Descarbonización.

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