Se discute si en lo que va del segundo gobierno de Sebastián Piñera ha existido una oposición. O, más bien, han operado varias oposiciones. Puede parecer una interrogante ociosa y absurda, atendiendo la cruda realidad.
El jueves 16 de mayo los intentos del PS, PPD, PC y FA de rechazar la idea de legislar la Reforma de Pensiones propuesta por el Ejecutivo no fueron fructíferos. Fue aprobada con una aplastante mayoría: 84 votos a favor, 64 en contra y dos abstenciones. Más que concluyente para aquella interrogante inicial.
¿Un triunfo del Gobierno?
Sí, pero de dulce y agraz. Tuvo que conceder que la cotización patronal de 4% no sea administrada por las AFP, que un “ente nuevo y único”, “un consejo público por crear, defina como se va a administrar ese 4%”. El problema para la DC y el PR es que se trata de un acuerdo que viene con letra chica.
Aquello fue lo que dejó entrever el ministro de Hacienda al declarar que (el 4% patronal) “no necesariamente el Consejo lo va a administrar”. Han sido contundentes las advertencias de los diputados Auth – si se debilita el compromiso del gobierno en lo más mínimo se votará en contra – y Silber, quien aclaró que el compromiso es en torno a la creación de “un ente público inspirado en las normas de seguridad social y no un consejo de administración que administre o licite una cartera de inversiones”. El ministro del Trabajo, más que una aclaración aportó incertidumbres, eludiendo lo que entienden como “libertad de elección para los trabajadores”. ¿Significa acaso que los afiliados podrán poner el 4% que los empleadores pagan por ellos en las AFPs?
Por si alguien restaba importancia a la semántica ambigua de los ministros, el presidente de la Asociación de AFPs, Andrés Santa Cruz, se encargó de aclararlo, pidiendo administrar el 4% extra, con un ofertón: “Lo hacemos a costo cero”
Las declaraciones contradictorias y ambiguas de los ministros son expresión de la falta de prolijidad y las dificultades de gestión política del Ejecutivo. Más aún, una vez más se realizan anuncios cuyos “detalles”, se dice, no se han definido. Algo similar se observó, no hace tanto, con el pago de ISAPRES vía deducción de la devolución de impuestos en el caso de los independientes y respecto de los medidores de energía eléctrica de los hogares. Como si eso fuera poco, una vez más bajo un gobierno de Piñera el INE es puesto en cuestión, sin que hasta ahora se hayan asumido las responsabilidades políticas de tan grave atentado a la institucionalidad económica.
Parecía más que previsible la reacción de la derecha empresarial a cualquier concesión que anunciara debilitamiento de las AFPs como eje del sistema de pensiones chileno. Luis Larraín, director de Libertad y Desarrollo, lo había adelantado “es inadmisible y va contra todos los postulados del sistema que un organismo estatal administre los fondos del 4% en forma monopólica, sin siquiera consultar al trabajador. El gobierno debería clarificarlo”.
Probablemente, algo han ganado la DC y el PR. Se han ubicado como minorías decisivas en la toma de decisiones políticas. Además, las concesiones arrancadas al gobierno no pueden ser minimizadas. Para la DC, la aprobación de la idea de legislar implicó una agudización de sus contradicciones internas. En cualquier caso su logro más importante es que está haciendo política, cuestión que en la actualidad se puede considerar una gracia.
Las dificultades de la oposición.
Los grandes derrotados, en este episodio, fueron el resto de los partidos de la ex Nueva Mayoría y el FA. Se aprobó la idea de legislar, desvaneciéndose la frágil mayoría en la Cámara de Diputados. Se podrá argumentar que dicha mayoría nunca existió, pues la DC y el PR desde un inicio tuvieron reticencias a sumarse abiertamente.
Se podría insistir en que lo mejor para el país era rechazar la idea de legislar las cuestionadas reformas (o contra reformas) propuestas por el gobierno. Para ello era esencial concordar, con el PR y la DC, el contenido y la modalidad para oponerse. Al respecto el fracaso parece rotundo.
No se puede, sin embargo, descartar la hipótesis de que la división generada responda a factores estructurales, por decirlo de alguna manera. Sectores mayoritarios de la DC se vienen sintiendo incómodos en su alianza con la izquierda. Buena parte de los problemas del gobierno anterior fueron producto de diferencias no resueltas. El acuerdo en torno a la restauración democrática, al final de la dictadura, no incluía un cambio significativo del modelo de desarrollo. En la actualidad ese debate es crucial y son muchos los DC que no cuestionan lo esencial del sistema.
Son varias las preguntas que surgen en este contexto. La primera es si no se ha sido efectivamente maximalista al pretender rechazar la idea de legislar en lo tributario, en pensiones y en lo laboral. Habría sido necesario abordar los temas como un todo y haber definido políticas específicas para cada una de las iniciativas. Pero más importante que ello es preguntarse si la decisión de insistir en el rechazo a la idea de legislar era razonable, en circunstancias que la DC había dado señales suficientes que no se jugaría por esa opción.
La segunda es si en el caso de la reforma de las pensiones no le está pesando a la NM y el FA la falta de definiciones respecto de dónde se quiere llegar y cuál es el camino para ello.
¿Qué quiere la oposición en materia de pensiones?
La mesa técnica política de la oposición puso como condición para aprobar la idea de legislar un aumento inmediato de al menos 20% de las pensiones solidarias, incorporar elementos solidarios en el pilar contributivo, específicamente ampliando su cobertura al 80% de las familias avanzando en el mediano plazo hacia un piso de protección social universal y fortalecer el rol del Estado en el sistema de pensiones así como la participación social. Se agregó la urgencia de una ampliación del Pilar solidario, un financiamiento sustentable, la creación de una institución pública “que administre toda la cotización adicional, bajo una lógica de seguridad social, sin fines de lucro”, un sistema único de cobranzas, avanzando hacia un sistema integral de cuidados de personas con dependencia y se culminaba con la necesidad de conformar una comisión especial, técnica y participativa, que genere recomendaciones para un nuevo sistema de pensiones para las FFAA y de Orden y Seguridad, bajo el principio de igual trato con el sistema civil.
Por su parte, la carta que envió el diputado Ascencio a nombre de la bancada DC, exigía no aprobar ninguna norma que consolidara, y menos mejorara, la posición dominante y abusiva de las AFPs; definiendo un nuevo ente público que administre el 4%; establecer mecanismos que mejoren ahora las pensiones de la clase media, incorporando la solidaridad intergeneracional, adelantando la vigencia de los beneficios para el pilar solidario, incluyendo la perspectiva de género.
Más allá de las mutuas recriminaciones no es claro cuál es el fondo de la disputa en torno al sistema de pensiones en la oposición. Sin duda el núcleo del conflicto con el gobierno es si un ente estatal administrará el 4% patronal.
Aunque está por verse como interpreta el Ejecutivo el compromiso con la DC y el PR, lo claro es que ambos partidos lo han formulado de manera consistente con el documento de la mesa técnica. Si dichos partidos insisten en su interpretación es posible deducir que a) la existencia de un ente público que administre el aporte patronal abre un portillo en lo que ha sido el monopolio de las AFPs y, b) junto con su valor simbólico, lo cierto es que la gestión de esa parte de los recursos del ahorro previsional ya no estará en manos de las AFPs sino que en manos de un organismo público. Será este el que podrá incidir en la selección de las inversiones y en las empresas de las cuales se posean acciones.
Sectores del actual oficialismo postulan que los afiliados tengan derecho a elegir quién administra esos recursos. Si ello ocurriera, los afiliados podrían elegir donde tener el 10% que hoy manejan las AFPs, abriendo la posibilidad de que el ente estatal administre también esos recursos. Eso es terreno minado para la derecha. Avanzar en esa dirección depende de la capacidad de hacer política de la oposición.
Los críticos al apoyo a la idea de legislar han señalado que el problema fundamental es que se mantiene la lógica individual. Esto es sin duda cierto, más allá de los pequeños elementos de solidaridad que se introducen. Como se sabe, en la oposición hay propuestas de volver al sistema de reparto. Más allá de que dicho sistema como tal no garantiza solidaridad la propuesta tiene un apoyo muy limitado. De hecho en la comisión Bravo solo un comisionado extranjero la sostuvo. Es evidente que – si se tiene en cuenta que la administración del gobierno es de derecha y la oposición no cuenta con una mayoría efectiva- aquella propuesta carece de cualquier viabilidad. En consecuencia la pregunta a los partidarios de esta postura es si vale la pena renunciar a todo avance a cambio de levantar las banderas o si tiene más sentido avanzar en la dirección que un ente público tenga algo que decir en un sistema hasta ahora controlado totalmente por las AFPs.
Por otra parte, la llamada “lógica individual” es un concepto elusivo una vez que se avanza hacia un sistema mixto. Si por ejemplo un 1% o 2% de la contribución patronal fuera a un fondo común, la lógica individual se debilitaría, abriendo en el futuro posibilidades adicionales de modificación.
La otra propuesta es la formulada por el Grupo B de la Comisión Bravo que en sus líneas fundamentales fue asumida por el grupo de senadores del Partido Socialista. En lo fundamental, la proposición crea un Pilar de Capitalización Colectivo Solidario, que garantiza un beneficio definido para los pensionados contribuyentes del sistema. Para ello se crea un fondo común que se financiaría con los aportes de todos los cotizantes sobre la base de sus remuneraciones hasta un tope de $ 400 mil (del 2016). De esa forma, y sobre el piso de $120 mil que garantiza el pilar solidario, este segundo pilar garantiza llegar a una tasa de reemplazo integral. La idea es que el ente público entrega un beneficio de 400 mil pesos (también del 2016) a todos los pensionados; aquellos que cotizan por más de esa cifra, pueden entregar la cotización por sobre el ingreso de 400 mil pesos a las AFP y lograr así mayores pensiones. La gran fortaleza de esta propuesta es sin duda que garantiza una pensión mínima digna. La gran debilidad es de viabilidad política pues implica que una parte de las cotizaciones individuales vaya a un fondo común.
En definitiva el discutido traspié opositor ante la ambigua oferta del Ejecutivo en materia de pensiones, reinstala un debate ineludible con interrogantes que exigen de respuestas pendientes en el ámbito de la centroizquierda ¿A qué seguridad social se aspira? ¿Cómo se define la viabilidad política? ¿Existen pasos de transición negociables?
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