La experiencia internacional muestra que en el manejo de crisis, específicamente de pandemias, necesitamos datos abiertos confiables, que sustenten las decisiones individuales y colectivas. En Chile, durante los primeros días de evidencia de contagio del coronavirus, el Ministerio de Salud disponía de un PDF descargable que contenía categorías como: región, casos confirmados, sexo, edad y centro de salud.
A partir del 18 de marzo, ya no existe la posibilidad de descarga en PDF, sino solo la visualización de una tabla que oculta el sexo, edad y centros de salud, dejando a disposición menos información que en los primeros días. Es decir, para utilizar estas categorías ausentes, se debe realizar una solicitud vía plataforma de acceso a la información, con una demora mínima de 20 días, según lo establece la ley.
Las declaraciones del Colegio Médico y miembros de la comunidad científica sobre la transparencia de los datos, expresan una desventaja en comparación con otros países, algunas de ellas, por ejemplo, es que al no existir transparencia en los datos se dificulta el monitoreo por medio de visualización de casos, imposibilitando el diseño de mapas con cifras en tiempo real, otras visualizaciones, informes dinámicos y recursos adicionales.
El contexto evidentemente que provoca barreras en la colaboración con uso de datos para la innovación en herramientas y plataformas de información públicas, capacitación, servicios públicos y apoyo comunitario. Es por eso que es de suma urgencia que un comité técnico esté conformado por instituciones como el Consejo Para la Transparencia (CPLT), tomando un rol clave en la promoción de estándares mínimos sobre el manejo de los datos.
El tratamiento de la información por parte de las autoridades es la piedra angular. Así lo demuestran experiencias en respuestas al dengue en Guatemala, Brasil y Argentina, generando información veraz de uso ciudadano.
La opacidad en el tratamiento de la información pública, viola los principios fundamentales de la democracia, el acceso a la información es un derecho consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otros convenios internacionales. La vulneración de ese derecho puede enfermar gravemente nuestra democracia y disminuir aún más la confianza en las instituciones, sobre todo en estos momentos.
Es urgente contar con un estándar sobre la calidad de los datos abiertos disponibles del COVID-19 por parte del Gobierno, ya que la ausencia de cifras confiables puede ocultar las reales dimensiones del problema y los impactos negativos de no tomar las decisiones correctas.
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