Al Grano: Descentralización en Chile

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La descentralización plantea una estructura política que representa de mejor manera los intereses de la comunidad de los territorios. Por ello, este proceso no es un fin en sí mismo, sino una herramienta, entre otras, que permitirá que los gobiernos regionales se hagan cargo de la gestión de su desarrollo, en un contexto de diferencias socioeconómicas, territoriales y de capacidades de gestión institucional. Procurando acercar las decisiones a los ciudadanos y que las políticas sectoriales en áreas claves como: Fomento productivo; infraestructura y transporte; y desarrollo social y humano, tengan mayor pertinencia en cuanto a la realidad territorial y generen mayor impacto, tanto en los ciudadanos, como en los índices y brechas existentes.

Para que esta reforma se materialice minimizando todos los riesgos posibles, se requiere de la existencia de Gobierno Regionales y locales que estén en condiciones legales, burocráticas y financieras de ejecutar las decisiones que adoptarán los territorios. En este sentido, la descentralización es un proceso eminentemente político, que en el plano de su gestión requiere la asignación o traspaso de competencias a fin de que tengan la adecuada capacidad de gobierno y administración sobre el territorio.

Ante la eliminación de la figura actual del intendente (pieza fundamental en la articulación regional en el modelo actual), se debe poner énfasis en la articulación y coordinación entre los distintos niveles territoriales y en el marco de un Estado unitario, a través de la coherencia territorial del conjunto de políticas públicas y de sus respectivos planes y programas.

Dentro de las complejidades del proceso se visualizan; La negociación que se debe producir entre las partes involucradas en forma previa a cada traspaso (lo que incluye a las asociaciones de funcionarios de los Servicios involucrados); Garantías de calidad y eficiencia en la prestación de los servicios traspasados de parte de los gobiernos regionales (incluyendo evitar un freno a la ejecución programática y presupuestaria); Junto con cautelar la necesaria adecuación de la organización central del Estado en el ejercicio de sus funciones fortalecidas de planificación estratégica, normativa y supervisión.

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