AFPS, las beneficiarias de la reforma

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Cinco son los principales problemas del sistema de AFPs: las pensiones promedio son bajas y tienden a caer en el tiempo (en el caso de las mujeres por ejemplo, que reciben pensiones bajo la modalidad de retiro programado, éstas han caído en promedio desde 146 mil pesos en diciembre del 2008 a 101 mil pesos, en diciembre del 2018); las tasas de reemplazo, más allá de la densidad de las cotizaciones son muy bajas y la falta de legitimidad del sistema ha llevado a una amplia movilización social.

Según la reciente encuesta de Criteria – UDP, el 81% de los encuestados piensa que el sistema AFP debería ser totalmente estatal. Esto contribuye a que los cotizantes efectivos cada mes no alcanzan al 55% de los afiliados. Contrasta también la alta rentabilidad de las Administradoras (20% promedio anual en los últimos 5 años) con la de los fondos de pensiones, que en el mismo período ha sido en promedio (simple) 3,7%, con claras tendencias a la baja. Esta baja rentabilidad pone además en cuestión un sistema previsional basado en la rentabilidad de los instrumentos financieros. Finalmente queda claro que los costos del sistema son excesivos: la AFP Modelo que cobra una comisión que es poco más de la mitad del resto de AFPs, tiene una rentabilidad anual de 100% en el mismo período.

El proyecto de reforma previsional no resuelve estas dificultades. En el caso de las pensiones solidarias, la reforma eleva la PBS entre 10 y 42% en cuatro años y el PMAS entre 15 y 47% en el mismo período. Tanto por la urgencia de ayudar a los más pobres como por ser una medida de muy diversa naturaleza a las principales del proyecto, esta medida debería incluirse en un proyecto aparte.

Respecto del aumento de 4 (u 8 puntos según el último anuncio presidencial) de la cotización obligatoria su impacto es de muy largo plazo. El efecto total lo recibirían las pensiones de los que empiezan a cotizar luego de que la ley se apruebe; los que están pronto a jubilar no reciben beneficio alguno; los que jubilan en 10 años una mejoría equivalente a 10%; lo que habida cuenta del nivel de las pensiones actuales es poco.

Respecto de la legitimidad el proyecto en lugar de apostar a un ente público que administre el total del aporte patronal (lo que permitiría mejorar desde ya las pensiones de los actuales jubilados y de los que están próximos a jubilar) o que pueda entrar a administrar el total de las cotizaciones de aquellos afiliados al sistema que así lo prefieran (permitiendo la libertad de elección entre un pilar público y uno privado), el proyecto abre la posibilidad de administrar el 4% patronal a una amplitud de instituciones (incluidas organizaciones sin fines de lucre) que generan inquietudes respecto de la seguridad del sistema. Desde el punto de vista financiero, las empresas que estarán en mejores condiciones para administrar los 4 puntos patronales son las AFPs con lo que se confirma que el proyecto es un nuevo beneficio para las administradoras con lo que se consolida aún más un sistema que solo pocos chilenos disfrutan.

Contenido publicado en El Financiero.

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