Esta columna fue escrita junto a Mauricio Duce de Espacio Público, Luis Larraín de Libertad y Desarrollo y Leonidas Montes del Centro de Estudios Públicos.
La sociedad chilena se ha modernizado más rápidamente que su Estado. Esta brecha arriesga el constante peligro de defraudar las expectativas de la ciudadanía. Cerrarla es uno de los mayores desafíos de la política chilena.
El Estado se debe a la ciudadanía por razones que no solo tienen un sentido utilitarista, sino también uno profundamente social y político. En efecto, la sociedad se articula mejor como un espacio de empatía recíproca, si el Estado pone a los ciudadanos en el foco de su gestión. Esta misión no puede ser tarea de un solo gobierno. Tampoco alcanzan esfuerzos aislados o intermitentes, como han sido algunos de los avances en las últimas décadas: varios de ellos reacciones ineludibles a ilícitos o irregularidades de impacto público.
Por lo tanto, la modernización del aparato estatal debe ser el resultado de una política de Estado, caracterizada por un compromiso permanente y transversal. A partir de esta convicción, los cuatro centros de estudio que dirigimos, CEP, Chile21, Espacio Público y Libertad y Desarrollo, conformamos durante el 2018 un grupo transversal de trabajo, con el objeto de promover esta política de Estado. Los informes con los resultados están disponibles en sus respetivas páginas web.
Elegimos dos materias fundamentales: la gestión de personas en el Estado, por una parte, y, por otra, la transparencia, acceso a la información pública y gestión de la información en el Estado. La primera es un área crítica, largamente postergada y que debe ser abordada cuanto antes. A grandes rasgos, las propuestas apuntan a seguir separando la administración del Estado con el gobierno de turno.
La segunda materia, transparencia e información, ha experimentado avances relevantes en los últimos años, pero está nuevamente siendo discutida y todavía se requieren mejoras. Las propuestas apuntan a fortalecer las obligaciones de transparencia al interior del Estado, abordar el debate sobre la institucionalidad más adecuada para la protección y tratamiento de los datos personales, y avanzar en la integración de datos.
Con este esfuerzo transversal nos sumamos a los llamados por mantener en el foco de la discusión pública, una agenda que es de la mayor relevancia y que, por lo mismo, plantea un desafío ineludible. Esperamos contribuir al debate y facilitar una carta de navegación que llegue a buen puerto. La agenda de modernización del Estado es tan compleja como necesaria. Por esto último, entregamos al debate público estos trabajos, con la esperanza de incentivar la deliberación en torno a ellas, la adopción de decisiones informadas y su adecuada puesta en práctica.
