Presidente honorario de Chile 21, Carlos Ominami, y senador Hernán Larraín, encabezan compromiso de partidos chilenos y peruanos por fallo de La Haya
El presidente honorario de la Fundación Chile 21, Carlos Ominami, y el senador Hernán Larraín lideraron la firma del compromiso entre los partidos políticos de Chile y de Perú, por el cual aceptan el inminente fallo de la Corte de La Haya, respecto del diferendo entre ambos países.
En la actividad, que contó con la presencia del embajador de Perú, Carlos Pareja, Carlos Ominami agradeció la confianza de los presidentes de los partidos políticos con existencia legal, que suscribieron el documento. “Esta declaración es parte de un muy fructífero proceso de diálogo que hemos venido sosteniendo un importante grupo de dirigentes políticos, empresarios, militares en retiro, periodistas de Chile y Perú, preocupados de estrechar relaciones y de mirar la relación entre ambos países más allá del veredicto de La Haya, sea cual sea su contenido”.
Agrego que durante los años 2012 y 2013 se han realizado cuatro encuentros en Santiago, Lima, Tacna y Arica. “La suscripción de esta declaración, por parte de los partidos políticos, es un componente esencial de este esfuerzo. Hay una gran relación económica entre Chile y Perú, intercambio comercial e inversiones de uno y otro lado. Los negocios son importantes, pero finalmente la política lo es aún más”, dijo.
“Soy de los que piensan que es siempre mejor un buen acuerdo que un mal pleito, y desde ese punto de vista, hay un cierto fracaso de la política cuando tienen que resolverse los problemas en un tribunal como el de La Haya. Ahora, estando ya en La Haya, es fundamental que nos comprometamos a acatar este veredicto. Esta declaración es una señal poderosa en esa dirección”, resaltó Ominami.
Por su parte, el senador Hernán Larraín calificó la firma del documento, como “inédito”. Agregó que los partidos políticos chilenos y peruanos han resuelto antes de conocer el fallo, el comprometerse a aceptar su determinación. “Aceptar un fallo judicial es un reflejo de ciertos elementos que son centrales en la vida republicana. En primer lugar, un compromiso con la paz, y en consecuencia, con una forma pacífica de resolver los conflicto; un compromiso con el orden jurídico internacional, acatando lo que éste determine; y finalmente, es un reflejo que tanto Perú como Chile, son Estados de derecho democráticos”, agregó.
El documento fue firmado por el diputado Osvaldo Andrade, presidente del PS; Humberto de la Maza, presidente del Partido Regionalista de los Independientes; diputado Patricio Melero, presidente de la Unión Demócrata Independiente; Danilo Monteverde, del Partido Humanista; Senador Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional; Patricia Morales del Partido Progresista; Ricardo Navarrete, Partido Radical Socialdemócrata; Alejandro Bahamonde, del Partido por la Democracia; senador Ignacio Walker del Partido Demócrata Cristiano; y Vlado Mirosevic del Partido Liberal. Suscribieron también el documento los Partidos Comunista y Movimiento Amplio Social.
“Quiero agradecer y felicitar la iniciativa de Carlos Ominami y del senador Hernán Larraín, de invitarnos a los presidentes y partidos a firmar este compromiso de acatar el fallo del tribunal de La Haya”, sostuvo el diputado UDI, Patricio Melero.
Por su parte el diputado y presidente del PS, Osvaldo Andrade, destacó la iniciativa. “Quiero felicitar al senador Hernán Larraín, a Carlos Ominami y a la Fundación Chile 21, que han tenido no ahora, sino hace mucho tiempo, un persistente esfuerzo y una conducta sistemática para crear condiciones para un diálogo y un debate serio y constructivo en este tema”, recalcó Andrade.
El documento –que también fue suscrito en Lima por los partidos del vecino país- fue posteriormente entregado al Canciller Alfredo Moreno, quien dijo que el documento refleja la opinión de todos los partidos políticos que tienen representación ´parlamentaria, y otros, que han decidido adherirse. “Creo que esto muestra lo que hemos estado trabajando en común, donde tanto Carlos Ominami como el senador Larraín, han tenido una participación extraordinariamente destacada, precisamente buscando estar concentrados en el futuro”.
“Nuestros dos países son respetuosos del derecho internacional. Hemos tenido la oportunidad de presentar nuestros argumentos con detalle, pruebas, con todos los elementos de resguardo que nos da la legislación internacional, de manera tal de dar a conocer a la corte nuestro planteamiento. Es la corte ahora quien va a decidir cuál será el resultado y el veredicto. Ambos países tenemos que seguir pensando hacia adelante; vamos a seguir siendo vecinos; vamos a seguir teniendo un futuro muy promisorio en común, y tenemos que construirlo todos juntos. Creo que es un momento para agradecer y este debe ser el espíritu que debe primar hacia adelante”, recalcó el Canciller Moreno.
Presidente honorario de Chile 21, Carlos Ominami, y senador Hernán Larraín, encabezan compromiso de partidos chilenos y peruanos por fallo de La Haya
La economía de la cultura
|por Fernando Gaspar|
Todavía no se disipa la polémica sobre el cierre de teatros independientes, cuando se escucha el reclamo en las redes sociales sobre la mudanza obligada de una librería conocida en Providencia. Ambos acontecimientos, disímiles en gravedad o en la mayoría de sus aristas, responden a un tema escasamente abordado en los debates del medio cultural: el carácter económico de la cultura.
Se suele hablar del componente económico de la cultura en dos simplificaciones que reducen la amplitud del tema. Por un lado, en las políticas públicas por el sector que redundarían en diversas formas de financiamiento desde el Estado, directa o indirectamente a los creadores. Por otro, los éxitos o fracasos en venta ya sea de libros, discos o asistencias al cine y demás espectáculos: es decir, la cultura como sinónimo de actividad económica que permite un celebrado lucro siguiendo las reglas del juego del mercado.
En el primer caso, el financiamiento de la cultura desde el Estado se ha considerado hasta la fecha como una suerte de mecenazgo y dádivas a los artistas y el medio cultural. Existe un nulo convencimiento de las autoridades políticas ha considerar al sector como un pilar estratégico del desarrollo, el cual en una de sus vertientes, requiere de estímulos económicos, como lo reciben en gran cuantía muchos sectores productivos del país. El gasto público invertido durante décadas en financiar miles de capacitaciones en empresas sin mayores beneficios, los dineros públicos destinados en proyectos productivos inconducentes y una larga lista de formas en que ha invertido el Estado en otras áreas, hace que los presupuestos en cultura sean cifras menores. Pese a esto, no faltan quienes indignados cuestionan la existencia de programas como el FONDART o encuentran escandaloso que reconocidos artistas pidan financiamiento para desarrollar su trabajo. Se trata de quienes creen en esa suerte de caricatura del artista como un bohemio, gozador e improductivo ciudadano subvencionado por el erario público.
El Estado puede apoyar económicamente al sector cultural entendiendo que se trata de una inversión multidimensional y con réditos de diferente naturaleza. Si se entiende que el acceso a la cultura es un derecho, consagrado en múltiples constituciones modernas de otros países y convenciones internacionales, y también un eje estructurador del desarrollo social, entonces se concretarían acciones en áreas como: el apoyo a la distribución de productos culturales nacionales; la inversión en emprendimientos innovadores del sector; formas de financiamiento permanentes (con evaluaciones temporales) a agrupaciones, colectivos, locales, en periodos de dos, tres o cinco años; la capacitación y financiamiento de la mejora de pymes y emprendimientos vinculados a las áreas creativas; cuotas de espacio dedicado a temáticas culturales en los medios de comunicación; porcentaje de exclusividad en la distribución de obras chilenas; y el apoyo financiero a quienes venden y distribuyen obras artísticas.
Estas, entre muchas formas de inversión directa, entienden este cambio de paradigma en la relación del Estado con la cultura, la economía y los ciudadanos. Por cierto que esto debe darse bajo el alero de instituciones participativas y la observancia permanente del buen uso de los recursos, así como la calidad de los programas a implementar. Las cifras que la inmensa mayoría de los proyectos culturales requieren, en su etapa inicial y de creación, son menores si se les compara con la de otras áreas productivas. Sin embargo, las necesidades son muchas y las tareas pendientes son considerables. La escasa valoración de nuestro patrimonio, la mínima relación con el sector educativo, así como los bajos índices de consumo y participación cultural, nos recuerdan que el retraso histórico en la materia requiere claridad y decisión en la próxima agenda pública por la cultura.
En este sentido, si no se toman decisiones prontas para afianzar los logros que se han conseguido en las últimas décadas (fortalecimiento de la institucionalidad, incrementos presupuestarios constantes –hasta este gobierno-, fuerte inversión en infraestructura cultural, éxitos artísticos en áreas como el cine), corremos el peligro de ver desmoronarse los tímidos progresos y habituarnos a convivir en el futuro con los graves retrasos que tiene Chile en materia cultural.
Uno de los pasos fundamentales que se requieren está en reubicar a la cultura en el centro de las prioridades del modelo de desarrollo en construcción. La cultura tiene su propia lógica económica, sus necesidades particulares y, simultáneamente, compite de forma desigual en el mercado. Toda vez que la valoremos de modo distinto, la inversión en el sector será considerada estratégica y no una carga o una dádiva caprichosa entre el conjunto de prioridades públicas.
Debate constitucional: expertos detallan fórmulas para realizar cambios a la Carta Magna
| Por Rodolfo Carrasco Miranda / Diario Financiero |
El seminario “Cambio político y experiencia comparada de procesos constituyentes”, reunió en la Universidad Central a destacados expositores nacionales y extranjeros que expusieron sobre los caminos y experiencias para avanzar en cambios a la Constitución.
La actividad organizada por el plantel educacional junto a la Fundación Chile 21, buscó conocer las experiencias de cambios a la Carta Magna en Colombia, Ecuador, Brasil y el debate que existe en España para sacar lecciones ante la discusión que existe actualmente en Chile en el marco de la campaña presidencial.
El abogado constitucionalista Patricio Zapata intervino en el panel “Desafíos y posibilidades para un proceso en Chile”, donde indicó que “la búsqueda de una Constitución legítima y eficaz es una preocupación mundial”, planteó que la actual carta magna chilena es “ilegítima” y que para lograr que sea válida es necesario “considerar a la derecha, no podemos actuar como si no existiera”. “El mejor sistema para un cambio es la asamblea constituyente, que surge de un gran acuerdo y se ciñe a las reglas de los que piensan distinto” y redistribuye del poder, afirma Zapata.
En tanto, el profesor de Derecho e integrante de la comisión constitucional de Michelle Bachelet, Fernando Atria, puntualizó que antes de pensar en soluciones “hay que tener claro el origen del problema y que las instituciones juegan con trampa, así que pase lo que pase gana la derecha”.
Por lo mismo, dijo que hay que pensar que este debate se da con pleno empleo y alto crecimiento y que sería distinto en una situación contraria. Agregó que “enfrentados a una institucionalidad que neutraliza al pueblo, lo que hay que hacer es buscar la forma de manejar esa institucionalidad para escuchar la voz del pueblo”.
En cambio, Giorgio Jackson, líder estudiantil y candidato a diputado por Santiago Centro, planteó que todo cambio a la Constitución debe ser legitimado a través de la participación ciudadana y que no hay que pensar que este proceso corresponde solo a la “izquierda”.
Agregó que duda que quienes han detentado el poder en estos 30 años quieran participar y que con el buen momento económico y precio del cobre es el momento de iniciar el proceso y señaló que hay procesos regionales de los que se deben sacar las experiencias positivas.
El ex senador Carlos Ominami se mostró optimista de lo que pueda pasar y valoró que en los últimos 12 meses se ha avanzado más que en los últimos 12 años en el debate hacia un cambio en la Constitución. Sin embargo, reconoció que “un parlamento binominal no es la instancia para resolver el problema y esta será la séptima elección binominal en que todos dicen que el mecanismo no es el más indicado, pero persiste”.
El ex parlamentario llamó a los candidatos a la presidencia a comprometerse a que una de sus primeras medidas sea enviar un proyecto para someter a consulta o plebiscito la necesidad de una nueva Constitución.
Previamente, el profesor Francisco Zúñiga, que fue el coordinador del equipo de la candidata Michelle Bachelet, dijo que “la demonización de la asamblea constituyente, como lo hace el ministro de Hacienda, lo que busca es conservar lo que tenemos”.
El jurista valoró los procesos de Ecuador y Brasil y dijo que “la modernización capitalista no ha logrado desmontar la Constitución con la promesa de abarcar un proceso con equidad y participación”.
En la jornada participaron, además, Dalmo Dallari, profesor constitucionalista de la Universidad de Sao Paulo que analizó el proceso para llegar a la constitución federativa de Brasil de 1988; Gina Chávez, abogada miembro de la asamblea constituyente de Ecuador, quien relató la forma de funcionamiento de la Asamblea que desde 2008 existe en Ecuador; Carlos Gaviria, ex presidente de la Corte Constitucional de Colombia, quien narró el proceso que en 1991 logró un cambio constitucional ampliado a diversas materias; y Roberto Viciano, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Valencia, que comparó lo que sucede en su país con los movimientos sociales chilenos.
Seminario organizado por fundación Chile 21 y Universidad Central reunió experiencias sudamericanas y la de España
Chile 21 y Universidad Central realizan seminario sobre procesos constituyentes
“Cambio político y experiencia comparada de procesos constituyentes” es el nombre del seminario internacional, organizado por la Fundación Chile 21 y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central de Chile, que este lunes 10 de junio, y desde las 9 horas, reunirá a un conjunto de representantes del mundo académico y político, quienes debatirán sobre los fundamentos del cambio constitucional en Chile a la luz de la actual realidad político-institucional, pero también a partir de los distintos elementos que aporta la experiencia internacional en una de sus modalidades: la asamblea constituyente.
La actividad- que será inaugurada por la directora ejecutiva de la Fundación Chile 21, María de los Ángeles Fernández y el rector de la Universidad Central de Chile, Rafael Rosell, se iniciará con la conferencia “La actualidad del debate constitucional en la perspectiva chilena”, a cargo del Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Manuel Antonio Garretón.
El seminario continuará con el panel “Procesos constituyentes en perspectiva comparada: Los casos de Brasil y Ecuador”, en el que expondrán: Dalmo Dallari, profesor constitucionalista de la Universidad de Sao Paulo, Brasil; y Patricio Pazmiño Freire, Presidente de la Corte Constitucional de la República del Ecuador. Comentarán: Francisco Zúñiga, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Chile; y Rodrigo Pica, profesor de derecho constitucional de la Universidad Central de Chile. Moderará: Osvaldo Torres, decano de la Facultad Ciencias Sociales, UCEN.
El segundo panel, denominado “Procesos constituyentes en perspectiva comparada: Los casos de España y de Colombia”, contará con las intervenciones de Carlos Gaviria Díaz, profesor titular de derecho constitucional y ex presidente de la Corte Constitucional de Colombia; y Roberto Viciano, profesor titular de derecho constitucional de la Universidad de Valencia, España. Comentarán: Gonzalo García, miembro del Tribunal Constitucional de Chile; y Pablo Ruiz-Tagle de Océanos Azules. Moderará: María de los Ángeles Fernández, directora ejecutiva de la Fundación Chile 21.
“Desafíos y posibilidades para un proceso constituyente en Chile”, es el nombre del último y tercer panel del seminario. En éste expondrán: Patricio Zapata, abogado, UDLA; Fernando Atria, profesor de derecho constitucional de las universidades de Chile y Adolfo Ibáñez; Giorgio Jackson, de Revolución Democrática; Miriam Henríquez, profesora de derecho constitucional de la Universidad Alberto Hurtado; y Carlos Ominami, presidente honorario de la Fundación Chile 21.Moderará: Patricio Rodrigo, director del programa de Medioambiente de la Fundación Chile 21.
Bachelet: dilemas y certezas de un retorno
|por María de los Angeles Fernández|
Chile es un país que se vanagloria de mantenerse al margen de la fiebre reeleccionista de América Latina. Asistimos, incluso, a nuevas versiones como la llamada reelección conyugal. Tal es el caso de Cristina Fernández de Kirchner y, más recientemente, la tentación que parece rondar en torno a las pretensiones políticas de Nadine Humala, la esposa del primer mandatario peruano. El regreso de la expresidenta Michelle Bachelet, luego de que en 2010 le colocara la banda presidencial por primera vez a un candidato de derecha desde la recuperación de la democracia en 1990, no calza en ese marco. Pero la posibilidad de que ocupe nuevamente el sillón presidencial sería una reelección, aunque en modalidad alterna.
Lo llamativo, en su caso, es que se trata de una mujer que, además de ser la primera en llegar a dicha magistratura por la vía de las urnas en un país importante en América Latina, añadiría un nuevo récord. No solamente es la primera mujer en Chile en lograr la presidencia sino que sería la primera vez que alguien sería reelecto en dicho cargo. De hecho, el historiador Alfredo Jocelyn-Holt, revisando la historia de Chile, se refiere a ello como “una misión casi imposible”. Sumemos que no solamente ha dejado su mandato con el más alto nivel de popularidad, 80%, sino que ha logrado sobrevivir al desgaste que produce la lejanía del poder. Esas son algunas de las razones por las que su posición actual, como candidata de los partidos Socialista (PS) y por la Democracia (PPD) a las primeras primarias presidenciales legales que se realizarán en el país, generan expectación.
Al día de hoy, es la candidata mejor posicionada para repetir una hazaña porque, concedamos, a pesar de los avances femeninos en el último siglo, todavía resulta raro que una mujer llegue a dirigir un país. Según el Mapa Mundial de la Mujer en la Política 2012, solamente hay 17 jefas de Estado o de Gobierno. Sin embargo, volver a ocupar La Moneda parece no ser el problema, por ahora. El problema se produciría una vez que reincida en el cargo. Existen expectativas, pero también legítimas dudas, acerca de si sus propuestas políticas podrán hacerse cargo de los cambios que ha experimentado el país.
Desde la derrota de la Concertación en 2010, luego de veinte años ininterrumpidos de gobiernos de la misma coalición, se viene hablando de un cambio de ciclo en la política chilena. Este fenómeno, probablemente, se encuentra en desarrollo. El movimiento estudiantil de 2011, con su demanda de educación pública, gratuita y de calidad en base a la consigna de “fin al lucro”, visibilizó una crisis de representación política junto con la demanda por redistribución del ingreso las que, para algunos analistas, expresan la necesidad de cambios estructurales más profundos en un ordenamiento económico-social que el Financial Times ha catalogado recientemente como una “economía oligárquica liberal”. En el debate público, de forma lenta pero consistentemente, se ha ido instalando la necesidad de avanzar hacia una nueva Constitución que relativice el rol sobredimensionado asignado al mercado y que permita lo que los chilenos no han logrado en toda su historia: dotarse a sí mismos de una carta fundamental legitimada por vía soberanía popular.
Chile, a día de hoy, es un cúmulo de paradojas que quiebra el sentido común que dicta que si la economía anda bien, todo lo demás debe darse por sentado. Si bien ha sido un país exitoso en el combate a la pobreza y exhibe hoy cifras alabadas de crecimiento, baja inflación, inversión extranjera y empleo, coexisten con una de las desigualdades más altas de la región, según el PNUD. Ello ha venido a generar un fenómeno difuso, pero consistente en los últimos años, expresado de manera intermitente en movilizaciones sociales y en las redes, pero también por vía electoral, con una abstención de casi 60% en las elecciones municipales de 2012, que se ha dado en llamar “malestar”.
Bachelet, en esta etapa de campaña de primarias, se ha hecho cargo de estos dilemas y ha izquierdizado su discurso, proponiendo reformas tanto educacional como tributaria. Sin embargo, difícilmente podrá concretarlo si no logra mayoría parlamentaria. Las fuerzas que la respaldan, que no conforman la oposición toda por cuanto Marco Enríquez-Ominami, líder del Partido Progresista, competirá con ella en la primera vuelta presidencial, aparecen unidas en torno a su figura más porque les asegura el regreso al poder que por disponer de un proyecto político de futuro distintivo que las una.
En noviembre, no solamente tendrá lugar en Chile una elección presidencial sino también parlamentaria y se ha difundido la consigna de lograr “un Parlamento para Bachelet”. Sin embargo, la negociación parlamentaria de sus propias fuerzas se observa plagada de conflictos y reproches, lejana a la mínima disciplina que podría garantizar lo que ella hoy está prometiendo. Otros factores podrían ralentizar su giro hacia la izquierda. Nos referimos al ingreso de la Democracia Cristiana (DC) a su comando, una vez concluidas las primarias fijadas para el 30 de junio. Ello nos recuerda que cualquier coalición que sustente su gobierno no será sin tensiones por cuanto incluirá a la expresión de centro que representa dicho partido, pero también muy posiblemente a un Partido Comunista (PC) que podría llegar al Gobierno por primera vez, luego del quiebre de la democracia, en 1973.
Así como las posibilidades reales de su izquierdización están en duda, no lo está su compromiso con la igualdad de género. Es, sin duda, la exmandataria más reconocida a nivel mundial por sus políticas a favor de las mujeres, lo que seguramente le valió ser electa para dirigir ONU-Mujeres. La paridad ministerial y una reforma previsional con enfoque de género forman parte de sus políticas más recordadas. Se necesita con urgencia un nuevo embate en este ámbito, luego de un gobierno de derecha que ha debilitado la transversalización de género en el Estado y ha dejado aparcado el lenguaje de derechos por uno donde la mujer cuenta solamente en su rol de madre y como instrumento de políticas asistenciales. Chile tiene un porcentaje del 13,9% de parlamentarias y es uno de los pocos países de América Latina que carece de ley de cuotas. A las deudas que la transición dejó en materia de participación política y derechos sexuales y reproductivos se suman nuevas realidades como la demanda por políticas de conciliación. Por lo tanto, no es extraño que las chilenas vean en ella una “candidatura anhelante” con la que se identifican transversalmente.
Orrego, religión y política
|por Osvaldo Torres|
Si uno se desplaza por las comunas de la zona oriente de Santiago se encontrará con una publicidad gigante del candidato a las primarias presidenciales de la Concertación Claudio Orrego, la que reza “Creo en Dios, y qué”. Es sorprendente que alguien pueda invocar su creencia religiosa como perfil distintivo en una contienda electoral que tiene como propósito dirimir sobre quién debe dirigir el país.
Es un llamado a alinearse según su dios en un campo en que dios no tiene nada que decir, ni puede hacerlo. Meter la religión en la política es un tema peligroso: lo están haciendo los fundamentalistas musulmanes en Egipto, Libia y en Afganistán. Pero en occidente también lo impulsa en la actualidad el “Tea Party” la facción extremista de derecha del partido republicano y lo hacían los Bush desde la presidencia, proclamando que sus decisiones estaban inspiradas en las orientaciones de dios: “Tengo una misión que cumplir y pido al buen Dios de rodillas que me ayude a cumplirla con sabiduría”, señaló antes de bombardear Irak.
Por otra parte, el vínculo entre la iglesia católica y la política se relaciona en parte con su posición en los derechos humanos, es decir de la ética, donde tuvo un destacadísimo papel con efectos políticos (no así las iglesias argentina o uruguaya), pero ellos no gobernaron; influyen así como en la transición presionaba por el perdón y la amnistía. El poder de presión “valórico” de la iglesia la recuerdo con la intervención católica para prohibir a inicios de los ’90 el concierto de Iron Maiden por satánico y promover “antivalores en la juventud”, o sus exitosos esfuerzos por destruir las Jornadas de conversación, afectividad y sexualidad, JOCAS. También, al igual que varios políticos conservadores, concertacionistas y de derechas, se echaron abajo varias campañas publicitarias de uso del condón para prevenir el SIDA a nombre de valores cristianos.
Sabemos que la actividad política es realizada por personas que tienen sus creencias religiosas y son todas respetables, pues en el campo religioso no hay unas superiores o mejores a otras. El que alguien crea o no en dios no debiera ser agitado como un factor de identidad política, pues la conclusión lógica es que su inspiración para la actividad pública está en dios y esto rigidiza las decisiones e impide un horizonte más plural. Orrego no es fundamentalista ni sectario, pero su propaganda llama la atención, quizás justamente por ello, pues abre la puerta a meter la religión en un campo que no le corresponde situándolo entre los sectores conservadores.
Lo anterior tiene implicancias respecto de las demandas de ciertos derechos no reconocidos en la ley chilena -que de paso se supone que expresa los valores normados de la sociedad- y que se expresan en la llamada agenda valórica. En este punto ha sido la democracia cristiana la que ha jugado el rol más conservador al interior de la Concertación, teniendo un poder de veto. Si este rol continua –como lo insinúa la comentada paleta publicitaria- es bastante poco probable que el llamado progresismo esté en condiciones de responder a la demanda de mayores libertades ciudadanas.
Desafíos para la política exterior chilena
|por Cristián Fuentes y Carlos Ominami|
LA POLITICA exterior ya no es el terreno de los grandes consensos en el cual el país podía exhibir una política de Estado. Así fue en los primeros años de la transición consagrados a la reinserción internacional de Chile. Así ocurrió también con el proceso de apertura comercial que nos ha llevado a suscribir tratados de libre comercio con todas las grandes economías del planeta.
Pero los tiempos están cambiando. La unidad nacional no es automática y no basta con que el Presidente de la República convoque de cuando en vez a todas las fuerzas políticas para que ésta sea efectiva.
Una prueba que Chile está pronto a pasar vendrá con el fallo de La Haya en el diferendo con Perú. De ser favorable, las aguas se mantendrán quietas. En caso contrario, posiblemente se abra un debate sobre las responsabilidades políticas internas. Valoramos el conocimiento y respeto mutuo que se han logrado en estos meses de intenso diálogo con Perú, pero también quedan distancias por acercar y confianzas que construir.
La distensión alcanzada entre ambos países debe prevalecer sea cual sea la sentencia. En el mundo actual ya no caben los juegos de suma cero, sino relaciones donde todos se beneficien, más aún si se trata de vínculos entre vecinos con múltiples posibilidades de desarrollo compartido entre territorios contiguos.
Es necesario superar la agenda histórica marcada por una guerra que terminó hace 130 años. La escalada de episodios conflictivos de los últimos meses no favorece a Chile ni a Bolivia, pues fortalece las posiciones irreductibles. Es un fracaso que antes de terminar el juicio con Perú se presente una nueva demanda. Chile debe dar el primer paso y abandonar el falso dilema de regalar territorio o cortar al país en dos, pues se trata de resolver los conflictos y alcanzar una solución mutua y conveniente a la mediterraneidad boliviana.
Por otro lado, la consolidación de la Alianza del Pacífico nos compromete en la división de América Latina en dos ejes: uno del Atlántico, de izquierda, y nucleado alrededor de Brasil; y otro del Pacífico, reunido en torno a la influencia norteamericana.
Usar el libre comercio como un requisito ideológico limita nuestros espacios de acción política. Además, Brasil cree que la Alianza del Pacífico menoscaba su liderazgo, quedando en evidencia el déficit diplomático y la mala lectura que las autoridades hacen del escenario sudamericano.
Al mismo tiempo, nadie sabe para qué sirve, aunque está claro a quién beneficia el Trans Pacific Partnership (TPP). En negociaciones casi secretas, un pacto que sería el inicio de una gran zona de libre comercio del Pacífico, se ha convertido en una pieza de la estrategia de Estados Unidos para contener a China, nuestro principal socio comercial.
Fuera de meternos en un esquema ajeno que no agrega ninguna ventaja, el TPP busca cerrar acuerdos sobre propiedad intelectual que podrían significar la censura de internet y aumentar la protección de las patentes de una serie de productos vitales para el desarrollo del país.
Este año debemos enfrentar importantes desafíos, tanto nacionales como internacionales, situación que nos obliga a impulsar un diálogo amplio que permita tomar las mejores decisiones para resolver estos dilemas.
Arica y su vocación de desarrollo en Chile 21
La descentralización y la relación entre lo local y lo nacional en una zona de triple frontera, fueron algunos de los temas abordados en el taller “Arica y su vocación de desarrollo”, realizado en la Fundación Chile 21.
La actividad –inaugurada por el director del Programa Internacional del centro de pensamiento progresista, Cristián Fuentes- también analizó en profundidad aspectos relacionados al proyecto de desarrollo de la zona y la descentralización en el país.
Al respecto, Fuentes dijo que debido a sus características, en la región de Arica se superponen los intereses nacionales por sobre los locales. No obstante, enfatizó, es necesario reiterar el exceso de centralización de nuestro país, y la necesidad de “no abandonar las regiones y de fomentar la conciencia territorial”.
El taller, buscó generar un debate a partir de los intereses y las opiniones de los habitantes de la zona, cuyo desarrollo depende, en gran medida, de la inserción internacional de Chile, y especialmente de la integración con las naciones vecinas.
Cabe destacar que la actividad contó con la presencia de los expositores: Santiago Escobar; Daniel Bello; Sergio Molina; Mario Artaza; y el alcalde subrogante de Arica, Fernando Núñez
Arica y su vocación de desarrollo en Chile 21
Salud es tema central en foro realizado por Chile 21
“La salud es un tema particularmente importante, siempre está en un alto lugar entre las preocupaciones de la gente. No es razonable que los problemas de su funcionamiento estén siendo finalmente resueltos por fallos judiciales”, sostuvo Carlos Ominami, en el contexto del foro “Rol de los sectores público y privado en la salud”.
En la ocasión, el presidente honorario de Chile 21, Carlos Ominami, dijo que durante la década anterior la salud fue objeto de una reforma importante: el AUGE, sin embargo –recalcó- que “hay que convenir que este avance abrió nuevas necesidades”, que hoy hacen necesarias nuevas definiciones.
Resaltó que este aspecto está en el centro de la discusión, especialmente ante la inminencia de un período electoral.
La actividad –organizada por la Fundación Chile 21 y la Asociación de Isapres- congregó a un grupo de especialistas en la materia quienes escucharon las exposiciones del gerente de estudios de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón; del ex superintendente de Salud, Manuel Inostroza; y del director del Programa de Protección e Inclusión Social, Rafael Urriola.
Salud es tema central en foro realizado por Chile 21
No es llegar y parir
| por María de los Angeles Fernández |
Planteado con carácter progresivo a partir del tercer hijo, sin distinción socioeconómica, con el fin de promover la natalidad, encendió el debate en las redes sociales. Supuestamente, busca enfrentar una tendencia: entre 1990 y 2006, los hogares con un solo hijo aumentaron en 54,5%. Mientras que el censo de 2002 mostró que la cantidad de hijos por mujer era 2,3%, la última medición del INE arroja 1,5%. Es por ello que otra de las medidas, menos debatida pero coherente con la anterior, es la duplicación de 1.000 a 2.000 tratamientos de fertilidad.
La merma demográfica que enfrenta Chile ya fue abordada en nuestro posteo titulado “Las mujeres y nuestra arma demográfica”, donde avanzábamos en datos acerca del costo de tener un hijo en Chile. La medida en cuestión, sorprendente porque más bien se esperaba que anunciase el envío del proyecto de ley que permitiría mejorar el acceso y el sistema de financiamiento de salas cuna mediante la sustitución del artículo 203 del Código del Trabajo, tiene si acaso un mérito: visibilizó una situación de la que no se habla. El liderazgo político en Chile parece crecientemente atrapado por la lógica de la carrera corta. Para cambiar los términos de un debate que, en este caso, es todavía inexistente se requiere lo que Ricardo Lagos, uno de los pocos que lo anticipa en su documento “Chile 2030: Siete desafíos estratégicos y un imperativo de equidad”, plantea como “la mirada larga”. Este tipo de mirada se ha convertido en un bien escaso, porque se ha ido derivando crecientemente en la lógica cuñera del “listado de lavandería” programático, cuando no el ofertón electoral, en lógica de ganar la próxima elección.
Cabe preguntarse si la disminución tan drástica de su población resulta dramática para el futuro de Chile, que parece ir a contrapelo de la tendencia general de la región latinoamericana y, si se acepta que ello es así, en qué ámbitos podría manifestarse, qué riesgos conllevaría y cómo debiera seriamente enfrentarse. Ello no se soluciona simplista y dicotómicamente transformando a las mujeres en úteros, tan propio en la derecha o demandando la maternidad voluntaria, apelación que suele hacer la izquierda en perspectiva de derechos sexuales y reproductivos. Según Manfred Wöhlcke en “El factor demográfico: población, estabilidad política y medio ambiente en América Latina”, “la población latinoamericana representa aproximadamente el 8% de la población mundial y es de prever que ese porcentaje no se modificará. Es decir, que la población de América Latina crece al mismo ritmo que la población mundial. La tasa de fertilidad, es decir, el número promedio de hijos por madre, es actualmente de 2,9 a nivel mundial. En los países industriales, alcanza al 1,9; en los países en desarrollo, incluida China, al 3,3% y en los países en desarrollo excluida China, al 3,8%. La tasa de fertilidad tiende a caer en todo el mundo, tal como la tasa de crecimiento demográfico anual. Esa tendencia se constata también en América Latina: la tasa de fertilidad en la región era, en 1950, de 6 hijos por madre; hasta fines de los años 80 cayó a 3,4 y actualmente es de 3,0. No obstante, se constatan considerables diferencias entre los países (p. ej. Cuba 1,4; Haití, 4,8). La tasa de crecimiento demográfico (diferencia entre la tasa de nacimientos y la de defunciones) fue en el periodo 1900-1950 de 1,6; en el periodo 1950-1995 aumentó a 2,4% y luego cayó, situándose actualmente en 1,7%. Esa desaceleración no pudo impedir, sin embargo, que la población latinoamericana aumentara dramáticamente y siga creciendo”.
Es casi seguro que parte de la preocupación por el tema se sustenta en el convencimiento de que el tamaño de la población es un factor de poder. Pero hay que aclarar que no es el único. El mismo autor precisa que “el tamaño de la población es un factor, que condiciona el poder político y puede compensar parcialmente otros déficits” y así como un alto crecimiento de la población puede ser causa de debilidad y fragilidad de un Estado, es también cierto que “la «masa» demográfica tiene una calidad geopolítica propia, si bien no es la decisiva”. De hecho existen países que, con porcentajes magros de población, han logrado desarrollar ventajas comparativas que los sitúan visiblemente en el mapa de la competitividad económica global. Adicionalmente, el asunto remite a otra avenida de debates tanto o más urgentes sobre las tareas de la reproducción, el cuidado y la crianza y su necesidad de sustraerlas de las lógicas productivistas con que tradicionalmente son abordadas, avanzando en una nueva ecuación Estado/familias/mercado
La medida ha servido para cuestionar más genéricamente los bonos como herramienta de política pública, y más cuando se concretan en un gobierno de pertenencia ideológica que siempre los resistió. Con relación a su contenido per se, los expertos/as señalan que no han sido efectivas en los países donde se ha implementado. Lo apropiado, según señala Claudia Sanhueza en La Segunda, es avanzar hacia políticas universales de cuidado infantil, que pasan por subsidios a la educación pre escolar y a políticas de cuidado en el hogar. Igualmente, Irma Arriagada plantea en El Pulso que dicho bono puede tener dos tipos de efectos. Su limitación, por cuanto los costos de la crianza de un hijo/a no se resuelven con un bono, son de más largo plazo y demandan de otras iniciativas que no se están considerando y sus efectos indeseados, por cuanto podría aumentar el embarazo adolescente en los sectores más vulnerables. Parece evidente que en el surgimiento de la idea estuvieron ausentes todo tipo de consideraciones de igualdad de género, obviando las preguntas acerca de qué tipo de injusticias específicas podrían surgir de su aplicación así como la muy probable emergencia de nuevas fuentes de desigualdad. Lo riesgoso es que la propuesta, coherente con iniciativas que ya Lavin impulsó siendo alcalde de Santiago como las playas, la nieve y los botones de pánico y de las que nada queda, tiene en este caso consecuencias diametralmente opuestas. No se trata de llegar y parir. Están de por medio futuras vidas humanas, su reproducción social y su sustentabilidad, las que deben ser miradas desde una perspectiva de la que parece estar ayuno este gobierno: la del desarrollo humano.
Foto Biblioteca (BCN) Congreso Nacional de Chile Flickr © creative commons
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