Un caso de desaprensión política

Publicado : 02 Septiembre, 2011 en Portada, Prensa

Por María de los Ángeles Fernández | Directora Ejecutiva Fundación Chile 21

Si hay un Ministro con pararrayos presidencial es Rodrigo Hinzpeter. Ha superado, con mucho, al ex Ministro de Hacienda, Andrés Velasco, tanto en críticas recibidas como en compensación en gestos y decisiones de blindaje por parte de su superior. Que no haya prosperado la acusación constitucional presentada en su contra debido a los autogoles de la Concertación, todavía sumida en su propia travesía en el desierto, no impide que exista una difundida impresión de que no está haciendo bien su trabajo.

El Ministro del Interior ha tenido que asistir, luego del último cambio de gabinete, a la mutilación de una de las funciones adosadas al ejercicio del cargo como es la coordinación con el Congreso, y que tuvo en tuvo en José Miguel Insulza su más lograda expresión en la transición. Por otra parte, en las funciones que ha reclamado como propias, las relativas al orden y la seguridad, va acumulando más bien desaciertos y errores. El caso del pakistaní es la muestra de cierto celo por lo episódico, si no fuera tan dramático. Al hecho del no mejoramiento de los índices de victimización, y que llevó a que el propio Presidente afirmara que nunca se podrá ganar la batalla contra la delincuencia como una forma de eximirlo de la tarea, se une el accionar de Carabineros en el marco de las recientes manifestaciones estudiantiles. Hitos para recordar son el 4 de agosto y, en el marco del reciente paro nacional del 24 y 25 del mismo mes, la muerte del adolescente Manuel Gutiérrez por el disparo efectuado por un efectivo de la institución. Chile, y también el mundo, han debido asistir a imágenes donde el rol jugado por Carabineros ha retrotraído a escenas de un pasado que se creía superado. Declaraciones emitidas por la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos en el sentido de “sí, pero no”, son poco esclarecedoras. Se centra en hablar de prácticas que se repudian, pero que no se observa un patrón de represión generalizada. Como fuera, la destitución de nueve carabineros, entre ellos un general, por la muerte del joven, ha contribuido a generar la sensación de que, como suele suceder, el hilo se corta siempre por lo más delgado. No solamente va salvando su responsabilidad el cuestionado Director General de la institución Eduardo Gordon quien, para ponerle más pelos a la sopa, añade también un supuesto escándalo por tráfico de influencias que involucra a su hijo y frente al cual el Ministro Hinzpeter ha solicitado una investigación. Son muchos los que se preguntan si el Ministro logra calibrar la dimensión de su tarea, pregunta que no guarda relación necesariamente con su edad. Por acción u omisión, está contribuyendo a que se dilapide el capital en percepción que ha logrado acumular Carabineros de Chile, institución que ostentaba un 78,4% de confianza ciudadana en una encuesta Ipsos del 2010, cifra importante al constatar un 25,7% del Congreso y 15,5% de los partidos políticos.

De estos eventos, se pueden extraer algunas conclusiones provisorias que complejizan aún más el escenario de reformas políticas que el conflicto estudiantil ha ayudado a instalar. Por un lado, aunque no aparece incluido todavía en el paquete de reformas políticas que será necesario atender para frenar de alguna forma la paulatina, pero consistente, deslegitimación de importantes instituciones políticas, parece inevitable revisar críticamente los mecanismos de fiscalización con que cuenta el Congreso, aprobados en las reformas del año 2005. Con relación al cuestionamiento realizado al Ministro Hinzpeter, cabe preguntarse si no era más apropiada la interpelación aunque lo cierto es que comisiones investigadoras, interpelación y ahora, acusación constitucional, van quedando seriamente cuestionadas en una mezcla de eventos donde la ciudadanía reconoce que el ingrediente principal viene siendo la vendetta política. Visto en perspectiva, el motivo que se adujo para acusar constitucionalmente a la ex Ministra Provoste, y que causó su destitución, parece un paseo de niños. En segundo lugar, se hace necesario incorporar mecanismos que permitan el ejercicio de la responsabilidad política. A falta de ellos, se ha recurrido a la acusación constitucional, contribuyendo a su desvirtuación. Como sea, se hace necesario identificar instituciones y procedimientos que faciliten que las autoridades asuman las consecuencias de sus conductas y dejen de hacerse, de una vez por todas, las desatendidas cuando no directamente las lesas. Es cierto que el Ministro Hinzpeter se ha librado de la acusación constitucional en el Congreso pero cabe preguntarse si, hoy por hoy, esa no es más que una victoria pírrica.

Publicado en “La Tercera- Blogs” el 02 de Septiembre de 2011