¿Arqueología o Antropología en Derechos Humanos?

Publicado : 23 Marzo, 2011 en Portada, Prensa

Por Osvaldo Torres | Antropólogo. Miembro del directorio de la Fundación Chile 21

Hay intereses políticos que vuelven a presionar por el indulto presidencial para los violadores a los derechos humanos. El gobierno, que en el Bicentenario había rechazado la idea general propuesta por la Iglesia, ahora vacila y su Ministro de Justicia abre la puerta a la posibilidad.

Ha sido recurrente en estos últimos 20 años escuchar a dirigentes políticos y académicos de diversas vertientes filosófico-políticas y a personas que adhirieron a la dictadura cívico-militar, argumentar que: “el pasado, pasado está”, “es bueno mirar al futuro”, “debemos olvidar el pasado que reabre heridas”. Suena sensato.
¿Se puede “olvidar el pasado” colectivamente? ¿El pasado no se transforma en presente al ser recordado? ¿Se puede mirar al futuro sin considerar el presente, que se ha constituido por los hechos pasados? Son preguntas válidas de hacerse y necesarias de responder para despejar el grado de sensatez y viabilidad que tiene la propuesta de “suspender” la justicia ejercida sobre algunos de los violadores de derechos humanos del pasado reciente de nuestra historia.

A principios del siglo XX, M. Halbwachs planteaba una clara distinción entre Historia y memoria colectiva. La primera tiene pretensión de verdad científica, de relato asentado en hechos objetivos y, por tanto, es un potencial relato oficial y se le considera el campo de batalla principal para la educación de las generaciones futuras. La memoria colectiva, en cambio, es aquella que se construye en la conversación familiar, en la concatenación de hechos experienciados individual y socialmente y son transmitidos generacionalmente, van configurando tradiciones, leyendas y cierto sentido común que se ancla con “la vida material y moral de la sociedad” y por tanto, es más fuerte que la propia Historia.

Dicho lo anterior, el gobierno confunde ambos planos y opera respecto de la Historia, olvidando la memoria colectiva. Desde el poder se ve más el argumento legal, desde el llano se valora más lo que ha sido vivido y cómo es recordado. Pero también éste olvida que hay una articulación entre esa memoria colectiva y las representaciones políticas. Que sea Cardemil, Cristi y otros los que presionan por el indulto es hasta normal, pero lo que se debiera considerar es el daño que se provocaría al profundizar la brecha entre lo que se ha avanzado en la conciencia ciudadana sobre los derechos humanos y la legitimidad del poder político, si el Presidente otorgara “la gracia” a quienes no tienen ninguna legitimidad para reclamarla.
Entonces, si las violaciones a los derechos humanos no se pueden olvidar y borrar porque viven en el presente de nuestra memoria colectiva, habría que preguntarse si estamos en presencia de un ánimo de venganza o impiedad similar a la que tuvieron quienes hoy buscan liberar a esos violadores.

El argumento del hacinamiento de las cárceles no tiene consistencia, pues los condenados militares y civiles están en prisiones privilegiadas, vulnerando ya la igualdad ante la ley. El argumento de la salud tampoco es sostenible en tanto tienen acceso a cuidados especiales y con atención de primer nivel que no tiene el resto de los presos.
Nos queda el de la edad. Si la memoria no falla, esta tesis fue levantada para sacar de Londres a Augusto Pinochet, el que llegado al aeropuerto se levantó de la silla de ruedas con la que se desplazaba en Inglaterra, ante la algarabía de sus partidarios y la sonrisa cazurra del actor. Posteriormente, el mismo argumento se utilizó para impedir que ingresara en prisión por su avanzada edad. “No he sido yo y si he sido no me acuerdo”, dijo ante el juez, para que lo declararan con demencia senil.

Con los antecedentes existentes, ¿puede alguien confiar que el actual gobierno, que reúne mayoritariamente a quienes respaldaron en el pasado a esa dictadura, liberará sólo a enfermos que están por morir entubados en la cárcel? ¿Estarán entubados? ¿Estarán enfermos terminales? Existe el perfecto derecho a dudar y pensar que más bien se puede estar cumpliendo una promesa de campaña, quizás pactada con los militares en retiro en aquel secreto almuerzo del 2010 al que no tuvo acceso la prensa.
Por otra parte, el debate no es discriminar entre indultar a civiles y no a los militares, como argumentó indebidamente el Comandante en Jefe del Ejército. Se trata de diferenciar entre delito común y delitos contra los derechos humanos, cuestiones radicalmente distintas, pues estos últimos son cometidos por civiles o militares que en su calidad de funcionarios públicos aplastan los derechos –especialmente a la vida, la libertad e integridad física y psíquica- que la ley les obliga respetar. Es por esto que nadie discute si procede indultar o no a aquellos civiles o militares que hayan cometido algún delito común.

Es sintomático que el gobierno, que busca consolidar su presencia en el ámbito internacional, no sepa leer el fin de la libertad vigilada del ex Fiscal Podlech en Italia, ni tampoco pueda valorar el peso que tiene en la memoria colectiva del país el ansia de justicia, que es lo que puede ayudar a resoldar la unidad.
Las personas pueden vivir más tranquilas si saben que los poderosos o los mandados por ellos pueden pagar por los crímenes cometidos.
Por lo anterior, se puede afirmar que en las violaciones de derechos humanos el enfoque debe considerar la antropología, más que suponer que estamos haciendo una excavación arqueológica para sacar a la luz restos olvidados de un pasado lejano.

Publicado en “La Tercera – Blog” el 23 de Marzo de 2011