Aún es tiempo

Publicado : 25 Julio, 2011 en Portada, Prensa

Por Francisco Vidal | Asesor de Programas Fundación Chile21

Francisco-VidalLa situación política del país nos ha traído a la memoria cómo enfrentó el 2003, el grupo dirigente, la crisis que emergió de la falta de transparencia, malas prácticas y distorsiones en el aparato del Estado. En esa oportunidad, el gobierno y la oposición enfrentaron el tema a través del Parlamento y el país avanzó sustantivamente en la reforma y modernización del Estado.

Para cumplir ese objetivo las condiciones fueron las siguientes: un Presidente que manda; un comité político afiatado; una fuerza oficialista ordenada en el Parlamento, y liderazgos en la oposición que cumplían y hacían cumplir los acuerdos (Longueira y Piñera).

La situación actual, es más compleja que en 2003. La desafección es sistémica, va más allá de una reforma sectorial. Hoy nos encontramos con una crisis de la política, en términos de calidad, representatividad y legitimidad. El país no tolera más abusos de los poderosos. Hoy, La Polar; ayer, los buses interurbanos; antes de ayer, las farmacias.

Por otra parte, la desigualdad en Chile llega a ser indecente. A manera de ilustración: el 10% de mayores ingresos tiene un per cápita promedio equivalente al de Noruega. Como contraparte, el 10% de menores ingresos tiene un per cápita promedio del África Subsahariana. Este cuadro, recordando el 2003, obliga al Gobierno y a la oposición a llegar a un nuevo acuerdo que, en lo inmediato, enfrente la crisis de la política, los abusos y la desigualdad.

Han existido propuestas. La de Carolina Tohá, presidenta del PPD; la de los jefes de bancada de diputados de los partidos de la Concertación; y también desde Chile 21, por parte de Carlos Ominami, Gonzalo Martner y quien suscribe. Esas propuestas apuntan a un acuerdo para enfrentar la crisis de la política, por ejemplo: inscripción automática y voto voluntario, ahora; voto de chilenos en el exterior sin vínculo, ahora; elecciones directa de los Consejos Regionales, ahora; supervisión estatal y financiamiento de primarias para todos los cargos de representación popular, ahora; supervisión estatal y financiamiento para la actividad política y sus procesos electorales, ahora. En el plano social y en el marco de la agenda legislativa gubernamental, eliminación del 7% de la cotización de salud de los jubilados que cubra el 80% del espectro; retiro, por parte del Gobierno, del requerimiento al Tribunal Constitucional, por el posnatal, manteniendo lo obtenido en el Senado y aumentando la cobertura al 100% de las trabajadoras a plazo, por obra o faena; y enfrentar el tema educacional respondiendo positivamente a las demandas del movimiento secundario y universitario.

Esto implica que la responsabilidad recae en el Ejecutivo, tomando la iniciativa, pero a través de una agenda que contemple estos puntos, que convoque a los partidos con representación parlamentaria, que se establezca un plazo no mayor a 60 días en cada uno de los aspectos sugeridos. Logrado el acuerdo, implementar las medidas en el Parlamento, con plena disciplina gubernamental y parlamentaria, oficialista y opositora, tal como lo hicimos el 2003, y el país salió adelante.

Los temas más de fondo, que tienen que ver con el necesario ajuste al modelo implementado, y que dice relación con el principal objetivo como nación al futuro, que es seguir creciendo pero con aumentos sustantivos de la igualdad en los beneficios de ese crecimiento, quedan para un paso posterior.

Por ejemplo, debemos saltar en educación preescolar, del 38% de cobertura actual al 100%; tenemos que avanzar en el aumento de la subvención escolar para la matrícula municipal y la educación particular subvencionada sin fines de lucro, a 100 mil pesos; tenemos que avanzar a que el alumno proveniente de la enseñanza municipal y que ingrese al sistema de educación superior, deba tener una cobertura de beca del 100%; tenemos que avanzar para romper la inequidad territorial con un aporte sustantivo del Estado al Fondo Común Municipal; tenemos que avanzar no en 10 años ni en un lustro, sino más rápido, a la erradicación de las 33 mil familias que viven en campamentos.

Sin embargo, para que ocurra todo esto, la sociedad chilena tendrá que definir un nuevo pacto fiscal que implique la recaudación de estos recursos, sin violentar la responsabilidad fiscal que el país ha ganado desde 1990.

Publicado en "El Mercurio | blogs" el 25 de Junio de 2011