¿Comisión de Defensa de los Derechos del Pueblo Mapuche?

Publicado : 11 Junio, 2011 en Portada, Prensa

Por Domingo Namuncura | Director del Programa de Derechos Indígenas de la Fundación Chile 21
La culminación de la prolongada huelga de hambre de hermanos mapuches fue posible por el acuerdo de constituir una Comisión especial, integrada por personalidades de Iglesia, familiares de los presos y representantes de entidades de Derechos Humanos, con la tarea de encaminar la defensa de los Derechos del Pueblo Mapuche. Sobre el particular:

Lo más importante es que se ha cautelado la vida de Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical y José Huenuche quienes, con 86 días de huelga de hambre habían llegado al límite extremo de su vida.

Todo el país estaba en vilo, pues el fallo de la Corte Suprema (CS) del 3 de junio 2011 había puesto un candado a la justa demanda de un nuevo juicio. De ahí, las horas y días siguientes fueron de enorme preocupación y todos entendíamos que un desenlace desafortunado provocaría una espiral de tensiones y conflictos de gran envergadura, en el país y a nivel internacional. Pero lo esencial era salvar la vida de los ayunantes.

Es inevitable que nuestros hermanos acordasen levantar su huelga con sentimientos encontrados. Lograron poner en el debate nacional la inequidad de procedimientos judiciales en virtud de la Ley (anti)terrorista. Esto ha llevado que diversas entidades sociales y políticas concordasen en la urgente necesidad de derogar o reformar radicalmente esa Ley y ello es tarea de la agenda nacional luego de esta huelga de hambre.

No obstante, el fallo de la CS revela la casi total impermeabilidad de los Poderes del Estado para corregir o modificar de manera sustantiva la práctica de procesos judiciales con importantes límites para el principio de presunción de inocencia y las normas de un debido proceso.

Una serena lectura del fallo del 3 de junio 2011 permite darse cuenta de que, a pesar de que la propia CS cuestionó los fundamentos que llevaron a condenas draconianas, finalmente dio por aceptado el procedimiento de juicio y sólo contribuyó a una rebaja parcial de las penas. Esto es interpretable como una señal de desesperanza para los presos mapuches y para los indígenas en general. Sin dejar de mencionar la insensibilidad gubernamental en cuanto a comprender el escenario de fondo que radica en la causa histórica de estos hechos.

Naturalmente, y como ya se está diciendo en las redes virtuales, la conformación de una nueva “Comisión de Defensa de los Derechos del Pueblo Mapuche”, al margen de la extraordinaria buena fe y voluntad de sus integrantes, genera dudas en amplios sectores indígenas e incluso en la opinión pública, en parte por la sucesión de Comisiones creadas para abordar “el conflicto indígena”, desde 1997 y porque sus resultados, en algunos casos extraordinarios y en otros bastante menores, finalmente no todos han tenido efectos relevantes en políticas públicas.

Recordemos tan solo ese magnífico esfuerzo desplegado entre 1992 y 1994 con la Comisión Nacional de Verdad y Deuda Histórica (Presidencia de Lagos), con recursos del Gobierno, siendo presidente de la comisión, nada menos) que un ex Presidente de la República, con sendas comisiones y grupos de trabajo y más de dos años de labor y ¡120 recomendaciones de todo tipo! de las cuales menos de un cuarto fueron cumplidas por el Estado.

Si esa Comisión, respaldada con todo el peso del Gobierno de la época, con un despliegue amplísimo de profesionales, dirigentes y entidades de todo tipo, no fue capaz de resolver –finalmente- la conflictividad instalada entre Pueblos Indígenas y Estado, y tuvo resultados solamente discretos ¿qué podemos esperar de una entidad surgida al amparo de la angustia para que ninguno de los presos sacrificase su preciosa vida, en la soledad de no contar con un Gobierno sensible, con un Parlamento pasivo ante la ley (anti)terrorista y sólo resguardada por la fuerza de la opinión pública y de organizaciones morales?. Tenemos entonces un dilema fundamental.

El levantamiento de la Huelga de Hambre deja una agenda compleja y profunda de temas.

Entre ellas derogar o reformar radicalmente la ley (anti)terrorista. Soy de los que sostiene desde hace varios años que esa Ley debe ser derogada. Otras personas y entidades creen que eso es imposible bajo este Gobierno. También fue imposible lograrlo en los Gobiernos anteriores y entonces optan por reformas, algunas más radicales que otras. Pero si esa Ley va a ser continuamente reformada, es mejor derogarla, pues la multiplicidad de parches está indicando –claramente- su inutilidad.

Otro tema que sigue en la agenda es que el fallo de la CS debe acatarse, pero ello significa que los cuatro presos mapuches deberán cumplir las condenas, aunque reducidas, pero igual deberán cumplirlas y eso es un revés ante la demanda de un nuevo juicio, porque es evidente que ese fallo optó más por la normativa que por la justicia. Entonces, este tema debe seguir en el debate público y es inevitable reorientarlo hacia organismos internacionales, dado que en fallo de la CS se presenta como de última instancia y es tarea de esta Comisión conseguir un nuevo juicio.

También está pendiente en la agenda pública es la doctrina de criminalización de las reivindicaciones indígenas. He sostenido permanentemente que la aplicación de la ley (anti)terrorista, de acuerdo al Derecho penal del enemigo, sitúa a los indígenas como enemigos del Estado y por esa razón se despliegan recursos policiales y militares en Bío Bío, la Araucanía e incluso en Rapa Nui en su momento.

Sus reivindicaciones no son apreciadas como un problema político sino como demandas violentistas que afectan el derecho de propiedad y la seguridad pública. Pero los detentadores de esta doctrina no se detienen a pensar en los efectos de una deuda histórica mal resuelta y nunca encarada a fondo por el Estado.

Finalmente, una mención más específica: la “Mesa de Diálogo del Ñielol”, formada por el Gobierno actual es una mesa restrictiva, con escasa representación nacional de los Pueblos Indígenas y es funcional para dar la sensación de que existe comunicabilidad entre el Gobierno y los indígenas.

En realidad es una Mesa sin mayor influencia real en las políticas públicas. La Comisión de Defensa de los Derechos del Pueblo Mapuche, constituida al terminar la huelga de hambre, debe cuidar que su agenda sea, o bien acotada a un conjunto de problemas derivados de la huelga de hambre o bien, que si va asumir demandas mayores se tenga presente que los temas y demandas indígenas incluyen a la Nación Mapuche y también comprenden al conjunto de los Pueblos Indígenas de Chile.

Publicado en “Cooperativa.cl / Opinión” el 11 de Junio de 2011