BONO AUGE: ¿UN PASO HACIA LA PRIVATIZACIÓN?

Publicado : 14 Diciembre, 2010 en Portada, Prensa

Rafael Urriola
Por Rafael Urriola | Director Programa Protección e Inclusión Social Fundación Chile 21.

Este 30 de noviembre el Director de Fonasa, Mikel Uriarte, anunció la implementación del bono automático Auge para los beneficiarios de Fonasa que permite que las personas que no son atendidas en el sector público en los plazos estipulados por los protocolos de las patologías o problemas Auge, puedan acceder a prestadores privados ante sola presentación del documento acreditado por Fonasa.

Las listas de espera Auge serán parte de la historia como la lepra o la tuberculosis añadió el Presidente Sebastián Piñera el mismo día.

La lista de espera, ciertamente, es uno de los problemas más sensibles para la gente puesto que genera incertidumbres y posterga la recuperación de la salud. En la Cuenta de 2009 el Fonasa estimaba en alrededor de 3% los retrasos en las atenciones. Auge

Asimismo, la encuesta Casen de 2009 -que consultó directamente sobre la opinión que le merecía a la población los tiempos de espera comprometidos en los casos Auge- arrojó como resultado que el 71,8% de las personas consideró buena o muy buena la atención; un 17,5% la calificó de regular; y un 9% encontró que la atención era mala o muy mala. En suma, se trata de una proporción menor de la población (recuérdese que en los cinco años de funcionamiento del Plan se han atendido más de ocho millones de casos) pero que amerita un mejoramiento tanto por razones estrictamente sanitarias como por el carácter de garantía explícita de oportunidad en la atención que es, justamente, una de las diferencias principales entre las patologías Auge y las demás.

En el proyecto de presupuesto 2011 que envió el Gobierno al Congreso se habían reservado 6.000 millones de pesos para compra de listas de espera AUGE, pero no hay claridad en el destino de los otros 165.000 millones de pesos que supuestamente también tendrían por objetivo fortalecer el Auge.

Nadie podría negarse a reducir las listas de espera. Más aún, los gobiernos de la Concertación en 1997 iniciaron lo que se conoció como Programa de Oportunidad en la Atención (POA) para reducir listas de espera en resoluciones quirúrgicas y de cáncer lo que cubrió a varios miles de casos. La totalidad de estos problemas luego ingresaron al Plan Auge lo que mantuvo la exigencia de oportunidad. Asimismo, en todos los años de funcionamiento del Auge ha habido compras, programadas incluso con anterioridad, al sector privado especialmente en la insuficiencia renal crónica y cataratas.

No obstante, lo que queda menos claro con respecto a la decisión de las autoridades –como se sabe con vínculos directos con los establecimientos privados de salud- es si esta decisión de compra será una tendencia creciente o bien, una solución transitoria.

En efecto, hay consenso en que los costos en los sistemas de salud privados son mayores que en los que el sector público juega un rol preponderante. Estados Unidos, el sistema más privatizado del mundo desarrollado, gasta diez veces más en salud que Chile y numerosos indicadores generales son similares entre ambos países. Un estudio realizado en Fonasa muestra que el índice de precios de las prestaciones privadas entregadas en la Modalidad de Libre Elección duplica la variación general del índice de precios.

Las autoridades de salud tienen dos alternativas para enfrentar el déficit de oferta. La una, fortalecer al sector público realizando las inversiones faltantes y que están calculadas hace años. Pero además es necesario reservar recursos para complementar la inversión en infraestructura y equipos con el personal que pueda usar plenamente esta infraestructura. Es sabido, por ejemplo, que los pabellones de cirugía en los hospitales públicos quedan desiertos desde las primeras horas de la tarde lo cual torna ineficiente al sistema pero, esencialmente, por deficiencias de gestión en cuanto a contratación de personal.

La segunda alternativa, es intensificar el uso de la compra al sector privado lo cual, más temprano que tarde, tendrá repercusiones en el aumento de los costos; luego, demandará mayores recursos para cubrir las mismas prestaciones y, de este modo, deberán postergarse otras atenciones con el resultado de un empeoramiento de los estados de salud de las personas que dependen del sector público para atender su salud y que actualmente son cerca de 13 millones de chilenos.

Sospechar que este es el camino del Gobierno no es arbitrario. En efecto, un estudio de Salud y Futuro del 2007 propugnaba la “libre elección regulada” y que “las personas deberían poder escoger entre diversas alternativas de prestadores para los beneficios del Auge”. Otro documento de la Fundación Libertad y Desarrollo, publicado en diciembre de 2009, propugna una privatización más extrema a través de una confusa idea de “cuentas de ahorro individuales de salud” y que contemplan los bonos entregados a las personas para que elijan su prestador.

Los chilenas y chilenos han vivido el drama de la previsión en que se hizo ofertas y cálculos deslumbrantes para que la población abandonara la previsión pública para trasladarse a las AFP (incluso se subsidió este traslado). Los resultados son conocidos: el Estado finalmente deberá hacerse cargo de la jubilación de la mayoría, pero las utilidades quedan en las empresas.

La supuesta menor calidad de los establecimientos públicos es otro argumento que no ha sido probado. Por el contrario estudios internacionales, entre ellos, Hsiao y Heller (2007) para situaciones en Singapur, pero también Sloan et al (1998) compararon costos y calidad en el Medicare de EE. UU. entre pacientes hospitalizados en establecimientos privados con fines de lucro con aquellos hospitalizados en locales públicos o sin fines de lucro en enfermedades como fracturas de cadera, accidentes cerebrovasculares, enfermedades de la coronaria o infartos. El resultado fue que los costos eran similares entre ambos subsistemas, pero los copagos en promedio eran menores en los hospitales públicos y no podían detectarse diferencias significativas en cuanto a calidad. Además, White (2007) muestra que en EE.UU. los costos del sector privado aumentan más rápidamente que los del Medicare entre 1970 y 2004, aún si se compara sin la cobertura en medicamentos que, como se sabe, es menor en el Medicare.

Mal podría suponerse que hay asimetría entre sector público y privado. Ya el sector privado capta a través de diferentes mecanismos cerca del 20% del presupuesto público de salud. Con frecuencia se busca el apoyo de los médicos para incentivar esta modalidad pero, en realidad, actualmente el 77% de los recursos de la Modalidad de Libre Elección es captado por instituciones y sólo el 21% por los profesionales de manera directa. Pero, además 10 establecimientos facturaban 14% del total de estos recursos.

Por lo demás, quedan incertidumbres en múltiples aspectos operativos del bono. ¿Es aplicable a todas las patologías o sólo a las menos caras? ¿Habrán copagos adicionales? ¿El bono tiene un valor o indica una prestación que la clínica realiza y pasa la factura directamente a Fonasa? ¿Se puede elegir cualquier clínica o el Fonasa hará convenios? ¿Cuál es el plazo que tengo para recibir el bono?