Institucionalidad y Derechos Humanos

Publicado : 01 Abril, 2006 en Colección Ideas, Estudios, Publicaciones

Presentación

La Fundación Chile XXI me ha solicitado un trabajo comparativo sobre los distintos modelos institucionales que adoptan los países para proteger los derechos humanos. Esta obligación que pesa sobre los Estados se expresa no sólo en la obligación negativa de no violar estos derechos, pero cuando la vulneración se ha producido los Estados deben investigar y sancionar a los autores de las mismas. En este sentido, el imperativo de proteger y garantizar requiere que los Estados establezcan en sus ordenamientos jurídicos leyes sustantivas y acciones o mecanismos específicos para su control y protección. A su vez, la obligación de garantía impone que el aparato del Estado se organice de tal forma que le de cabal cumplimiento. Así no sólo se requieren leyes sino también mecanismos eficaces y adecuados e instancias de protección de los derechos en forma oportuna a nivel interno.

Cuando las personas se ven expuestas a discriminación arbitraria, la que vulnera derechos esenciales y que no cuentan con mecanismos específicos de protección o éstos son ineficaces entonces el Estado compromete su responsabilidad con las obligación de protección que ha asumido. Los antecedentes históricos y los lineamientos generales sobre la creación de institucionalidad especializada en la protección, defensa y promoción de los derechos humanos se encuentra en los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Las recomendaciones sobre las características y funciones que debieran asumir están expuestas en la primera sección de este trabajo. La segunda y tercera sección de este artículo está abocada al propósito inicial de estudiar modelos de institucionalidad. La experiencia comparada muestra, gruesamente, dos tipos de modelos para enfrentar la discriminación y defensa de los derechos humanos. Por una parte, existen órganos mandatados de adjudicar casos de discriminación cometidas por cualquier tipo de personas, con poder de imperio y por otra, instituciones cuya tarea principal es investigar denuncias de violaciones a los derechos fundamentales cometidos por agentes del Estado y emitir informes que tienen un valor político mas no jurisdiccional.

De esta manera, se ha determinado agrupar y revisar en la segunda sección de este trabajo el modelo anglosajón de gran desarrollo en países como Canadá, Australia y Nueva Zelanda, todos tributarios del sistema jurídico del common law, cada uno con su propio desarrollo en esta materia. Estos tienen similares características, un largo desarrollo e innumerables modificaciones perfeccionando leyes sustantivas, los mecanismos y las instancias de reclamación. Estos países generalmente cuentan con dos tipos distintos de institucionalidad las Comisiones de Derechos Humanos, por una parte, y el Ombudsman, por otro. La investigación y procesamiento de denuncias por discriminación tanto de agentes del Estado como de particulares queda entregada al primer tipo de instituciones. Dado el alto grado de desarrollo de esta institucionalidad en Canadá, hemos profundizado en su origen, especialmente de la Provincia de Ontario, la que sirvió de modelo a las otras comisiones provinciales y a la nacional.

Revisaremos brevemente la literatura que analiza críticamente su funcionamiento y mandato, especialmente la decisión política que sustrajo de la competencia del Poder Judicial resolver en primera instancia sobre cuestiones de discriminación.

La tercera sección se hará cargo de describir el modelo iberoamericano, que en rigor es un modelo latinoamericano adoptado por España con algunas modificaciones. Estas instancias son de reciente creación y están insertas en una realidad jurídico social más cercana a la de Chile. En la tercera sección de este trabajo se presentará el modelo de Comisión de Derechos Humanos de México, la Defensoría del Pueblo de Perú, Argentina y España. Se describe también la forma de elección y duración en el cargo del Comisionado o Defensor. Se entregan algunos datos sobre el volumen de trabajo, la forma de conclusión de las investigaciones y las reparticiones públicas más afectadas por quejas de los ciudadanos.

El cuarto apartado contiene las recomendaciones sobre el tipo de institucionalidad que debiera adoptarse en nuestro país.

Documento