20 AÑOS DE DERECHOS DEL NIÑO Y LA NIÑA, LOS PROGRESOS Y LOS DESAFÍOS EN EL CHILE DEL BICENTENARIO

Publicado : 09 Septiembre, 2010 en Prensa

Marta Maurás
Por Marta Maurás | Miembro del Consejo Consultivo de Fundación Chile21 y del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

La Convención de los Derechos del Niño (CDN) cumple 20 años de vigencia en Chile y en el mundo. El entonces recién asumido presidente Patricio Aylwin fue quien ingresó la vigésima firma que se necesitaba para su ratificación internacional, en agosto de 1990, tras su aprobación por el parlamento chileno.

Con la Convención, el concepto de la niñez cambió radicalmente. De objetos de protección y tutela, los niños y niñas pasaron a ser sujetos plenos de derechos. Tal vuelco conceptual  y normativo implica enormes cambios en la manera de conducir el estado –puesto que éste es garante del cumplimiento de los derechos- y en las relaciones dentro de las familias y en las comunidades, respecto de los niños. Y aunque en 20 años ha habido transformaciones importantes, el imaginario colectivo sobre los niños y niñas con derechos recién comienza a cambiar.

Una buena parte de los esfuerzos de los países se ha dedicado a las reformas legales y normativas que se requieren en el ámbito nacional para la aplicación de la Convención y a transformar éstas, en políticas, programas e instituciones, encaminadas al ejercicio de los derechos.

La región de América Latina y el Caribe ha sido pionera en el avance de reformas legislativas. Se han modificado muchos antiguos códigos del menor que respondían a la anterior doctrina del patronato o de la tutela y se ha avanzado en la protección legal de ciertas categorías específicas de niños y niñas en riesgo, en particular los niños y adolescentes en conflicto con la ley.

Una revisión integral del marco jurídico acorde con los principios de la Convención, sin embargo, ha sido menos frecuente. El caso más emblemático y único en América Latina, es Brasil cuyo Estatuto da Crianca e Adolescencia acaba de cumplir también 20 años.[1]

Más recientemente en Argentina, se aprobó en el 2005 una ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes que ha significado empezar a rearmar institucionalmente y en términos de coordinación, las políticas y programas para la niñez y la adolescencia en el nivel federal y provincial. Pero el gran vacío en este país es aún en el tema penal juvenil donde siguen vigentes normas de la época de la dictadura militar que no ofrecen todas las garantías de protección para niños en conflicto con la ley.

En Colombia, una segunda reforma al código de la niñez y la adolescencia, ha logrado no sólo estipular normas sino también exigir explícitamente de las autoridades del gobierno nacional y provinciales una programación acorde a derechos, provista de recursos y de sanciones específicas en caso de no cumplimiento.

En Chile, la reforma legislativa integral es un tema pendiente. El Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño recomendó por segunda vez en 2007 –ya lo había hecho en el 2002- que se acabe de reemplazar la ley de menores de 1967 y se avance hacia  una ley integral de protección de la infancia en un sentido amplio.

Éste es un desafío no menor porque aprobar una ley –por comprehensiva que ésta pudiera llegar a ser- no es suficiente para la sostenibilidad y ampliación de los cambios profundos que implica la CDN.  Primero, la discusión de la ley misma debe ser objeto de un amplio debate nacional en que participen también niños, niñas y adolescentes en sus diferentes ámbitos. Segundo, es preciso hacer un ejercicio coherente que además examine legislación relacionada, como la ley de responsabilidad penal juvenil que aunque más moderna aún adolece de un enfoque excesivamente punitivo. Además, se necesita transformar la ley en políticas públicas y destinar los recursos financieros y técnicos necesarios, llevándolos hasta las más recónditas unidades administrativas de gobierno y el estado, lo que es tanto o más crucial para hacer realidad los derechos.

La lucha contra la pobreza es sin duda un paso adelante, especialmente si se considera que la proporción de niños pobres es mayor que la proporción de pobres en la población total. En esto América Latina ha tenido avances importantes, pasando de un 47% de pobres en el año 2000 al 33% actual, junto con  estrechar en algo las desigualdades de ingreso que, sin embargo, siguen siendo las más altas del mundo. En Chile, la disminución de la pobreza ha sido mucho mayor que el promedio de la región.

Sin duda hay una relación directa entre el gasto social en la región que casi se triplicó entre 1990 y 2008, pasando de US$318 per cápita a US$819 y la baja de la pobreza. Pero tampoco cabe duda que el crecimiento económico -del cual ha disfrutado esta región al menos hasta el 2008- no ha sido por sí solo el determinante de ese aumento del gasto. Ha habido en muchos países, y Chile es un ejemplo en este sentido, una política decidida de inversión social en la forma de sistemas de protección social destinados a cumplir una agenda de derechos económicos y sociales de todas las personas especialmente las que enfrentan mayores vulnerabilidades o discriminaciones como las mujeres y los niños.

Una batería de políticas y programas sociales tales como el AUGE en salud y Chile Solidario, ambos ampliados durante el período de la Presidenta Bachelet, y otros iniciados en su gobierno como las pensiones solidarias, Chile Crece Contigo para la primera infancia, la expansión de la red de jardines infantiles, además de subsidios y subvenciones diversas para la mujer y los jóvenes constituyen elementos de tal sistema y han permitido que el ingreso total de las familias más pobres aumente de manera significativa a la vez que la oferta de servicios básicos se universalice (incluyendo, por ejemplo, escolaridad obligatoria de 12 años).

Este progreso es una plataforma sólida para acometer los desafíos que siguen en materia del cumplimiento pleno de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Pero estos desafíos implican un cambio cultural profundo en la relación con los niños. La dificultad queda en evidencia al examinar los datos de  una encuesta del 2009 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que revela que el 67% de los padres/madres encuestados considera que los padres  tiene derecho a criar a sus hijos aplicando la forma de enseñanza y castigo que les parezca, una cuestión que amerita transparentarse a la luz de la alta incidencia de violencia doméstica y de género en el país (75% de los niños reciben algún tipo de violencia por parte de sus padres). En la misma encuesta, el 73% responde que las decisiones sobre los hijos se deben tomar considerando los intereses de los padres, lo que revela una vez más el vacío en la comprensión de una relación entre sujetos de derechos y un limitado reconocimiento de la autonomía progresiva de los niños.

En general en el país prevalecen actitudes paternalistas y autoritarias, especialmente hacia los niños pobres, que se expresan en violencia, pérdida de libertad o institucionalización como primera respuesta. Las acciones dirigidas al trabajo promocional y preventivo con las familias como un objetivo en sí mismo desde un enfoque comunitario son prácticamente inexistentes.

Además, en general se tiene escasa consideración de las opiniones de niños, niñas y adolescentes en cualquier ámbito. Celebrando el XX Aniversario de la CDN, el Foro Chileno por los Derechos de la Infancia realizó cabildos regionales con más de 350 colegios y 60.000 niños los que coincidieron en señalar, entre otras, que ¨los padres deben tener más educación para controlar su enojo¨ y ¨que los profesores los respeten¨.

La tarea que nos compromete conjuntamente es la de avanzar con los elementos para la definición de un marco normativo integral de derechos y el reforzamiento de la oferta programática y las prácticas institucionales basadas en derechos para que se consoliden y amplíen las garantías durante las distintas etapas del ciclo de vida.

Las materias a cubrir incluyen: el fortalecimiento de los sistemas de protección de todos los niños y niñas basados en la familia y la comunidad,  el tratamiento integral y socio-educativo de los niños y adolescentes en conflicto con la ley (la reforma del SENAME trata precisamente de esto), la expansión de la red de jardines infantiles y de educación inicial para asegurar un buen inicio en la vida y permitir a las mujeres realizar sus derechos al trabajo y a la educación, la escuela democrática y transformadora de ciudadanos/as, los espacios de participación y libertad de los y las adolescentes asegurando su opción a decidir en cuestiones tan fundamentales como su vida sexual y reproductiva, el tratamiento igualitario ante la ley y las instituciones de los niños y niñas indígenas, los discapacitados, los niños que trabajan y los niños migrantes, la corresponsabilidad de hombres y mujeres para formar familias acogedoras, amorosas y garantistas de los derechos de todos.

Aun queda mucho camino por recorrer no solo en la región latinoamericana sino en el mundo entero, y la Convención sobre los Derechos del Niño es un compromiso legal del Estado y la sociedad para el desarrollo pleno de niños, niñas y adolescentes. Chile deberá presentar en 2012 su cuarto informe al Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños. Es de esperar que ésta sea una ocasión para abrir un rico debate nacional sobre los niños y niñas con derechos, lo que nos permitirá  avanzar hacia una sociedad más amorosa, más igualitaria y más abierta.

[1] Los otros son Egipto, Kenia, Mozambique, Nigeria, Sierra Leona, Africa del Sur, Tanzania, Tunez y Vietnam.

www.childsrights.org


Publicado en “La Tercera Blogs” el 19 de Agosto de 2010
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