Las asesorías políticas fantasmas

Publicado : 23 Septiembre, 2017 en Ariel Becerra, Columnas Chile 21, Portada

| por Ariel Becerra |


En las últimas semanas se ha producido un debate público importante, producto de la revelación de una serie de informes elaborados provenientes de asesorías externas a nuestros congresistas. Luego de analizar los informes que se hicieron entre los años 2014 y 2016, por parte de asesores externos en la Cámara de Diputados, se encontró evidencia de que 170 documentos contenían algún tipo copia. De este número, 18 documentos fueron completamente plagiados.

De acuerdo con los antecedentes que se conoce, existen asesorías a las que se cuestiona su relevancia o utilidad, mientras que hay otras que constituyen informes de expertos y trabajos académicos que se pueden descargar de manera online, sin que se haya citado previamente la fuente, lo que, por lo bajo, constituye una vulneración a la propiedad intelectual.

En el marco de esta situación, cabe señalar que los diputados reciben mensualmente alrededor de $2.400.000 millones de pesos y los senadores $3.239.525 para financiar este tipo de asesorías. Este dinero no se considera en las dietas parlamentarias y es financiado por el Estado. Aquí radica el problema. Debido a la calidad de los informes que se están elaborando, podría llevarnos a pensar que se está realizando un mal uso de los recursos. Producto de que se están pagando asesorías inútiles, que podrían no servir para mejorar el trabajo legislativo o bien, porque estos recursos se estén desviando para financiar otros trabajos.

Hoy el sistema político enfrenta un gran cuestionamiento por parte de la ciudadanía. Esto no es novedad. Se refleja con claridad en los bajos niveles de participación electoral durante los últimos años y también en los niveles de desafección política. Pareciera ser que los diputados y senadores se esfuerzan más en mantener su statu quo de personas poco confiables, y no buscan acercarse a la ciudadanía, que producto de este tipo de prácticas, cada vez es más esquiva e incrédula sobre participar en política.

Estamos en un período sumamente importante producto del avance en las reformas de carácter social y la orientación progresista que ha tenido el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Junto con estos cambios, debería ser la instancia para que nuestros congresistas comiencen a crear mecanismos institucionales que permitan restringir este tipo de hechos.

Una solución podría ser el traspaso de los recursos asignados a diputados y senadores para asesorías externas a la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN). De esta forma, esta institución tendría más recursos que podría invertir en la contratación de más investigadores para aumentar la producción y la elaboración de minutas o informes de alta calidad para asesorar a nuestros congresistas.

Otra alternativa sería entregar financiamiento por parte del Estado a centros que trabajen en conjunto con la BCN. Organismos que posean investigadores especializados en diferentes temas y que sean capaces de elaborar estudios de alta calidad.    

El próximo Congreso tendrá un mayor número de senadores y diputados. También aumentará la cantidad de partidos políticos representados en el hemiciclo. Quizás sea la oportunidad de que una multiplicidad de ideas confluyan en el mejoramiento del sistema político a través de estos pequeños pasos.