Autoridad presidencial

Publicado : 06 Septiembre, 2017 en Carlos Ominami, Columnas Chile 21, Portada

| por Carlos Ominami | publicado en “LATERCERA.com” el 06/09/2017 |


La renuncia de los ministros Valdés y Céspedes y del subsecretario Micco tuvo que ver con algo aún más importante que el proyecto Dominga. Era la autoridad presidencial la que estaba en juego. Había sido muy poco seria la actitud del ministro de Economía de retirarse y no votar en el Comité de Ministros, al cual por ley pertenece, con el pretexto de no contar con todos los antecedentes de un proyecto que se viene discutiendo por meses. La verdad es que él legítimamente estaba por la aprobación del proyecto y sintió que su voto no era suficiente para inclinar la decisión en esa dirección.

Vinieron luego las declaraciones del subsecretario Micco respaldando la actuación del ministro Céspedes. Y la guinda de la torta, el ministro Valdés, jefe del equipo económico, se suma al coro del cuestionamiento a una decisión que, mal o bien, había sido tomada por una instancia prevista en la institucionalidad medioambiental.

Los ministros son funcionarios de la confianza de la Presidenta. No disponen de autoridad propia. Fueron designados por ella y le deben lealtad. Por cierto, tienen derecho a tener sus puntos de vista, pero deben agotar las instancias internas a fin de hacerlos valer. Lo que no pueden es disentir públicamente una vez tomada una decisión. Fui ministro durante casi tres años. En más de una ocasión tuve diferencias con alguna medida que el gobierno pensaba adoptar. Con el ministro Foxley teníamos un compromiso que cumplimos fielmente: resolver internamente nuestras discrepancias, no polemizar nunca en público. Más que de cuestión puramente disciplinaria, se trataba de proyectar siempre la imagen de un equipo bien cohesionado. Esa es una condición fundamental para generar confianza.

Los ministros, hoy día renunciados, debían haber agotado las instancias internas para hacer valer sus razones. Si un eventual rechazo al proyecto Dominga les parecía tan grave y no podían evitarlo, en ese momento debían haber dado un paso al costado. Pero no lo hicieron. Confiaron en que la supremacía del equipo económico, y especialmente del ministerio de Hacienda, terminaría por imponerse. Cometieron un grave error de cálculo. Desafiaron de una manera inaceptable la autoridad presidencial. Su presencia en el gabinete se hizo así insostenible.

El costo para el país es alto. Se agudiza la sensación de desprolijidad y falta de dirección política. En momentos en que el gobierno debía estar festejando su éxito con la aprobación del proyecto de aborto en tres causales, terminó instalando una crisis de gabinete que solo favorece a la oposición. El episodio pudo haberse evitado.

Pero, mayor aún habría sido el costo de la impunidad. La autoridad presidencial, factor clave en un sistema como el nuestro, habría sufrido un daño irreparable. La aceptación de la deslealtad ministerial habría sido interpretada como el fin prematuro del gobierno cuando todavía le falta más de medio año.

El nuevo equipo económico constituido por Eyzaguirre y Rodríguez Grossi no implicará ningún cambio trascendente. El equipo saliente justificó su renuncia en la falta de convicción de una parte del gobierno respecto del crecimiento. Ahora, la verdad sea dicha, su propio desempeño en este plano fue más que mediocre.