TURBULENCIAS EN LA REGIÓN

Publicado : 21 Julio, 2017 en Columnas Chile 21, Jaime Ensignia, Portada

| por Jaime Ensignia |


Diversos países de América del Sur observan profundas turbulencias políticas, económicas, sociales y judiciales. Sin duda alguna, los sucesos más dramáticos en este sentido, se están viviendo en Venezuela. El país lleva más de 100 días de manifestaciones, con más de 90 muertos con una fuerte represión política, la gran mayoría de estas demostraciones han sido en contra del gobierno del presidente Maduro. También, las fuerzas sociales chavistas se movilizan en defensa de su gobierno. Sin embargo, la inestabilidad política, económica y social remece a la sociedad venezolana. Las contradicciones de cómo enfrentar esta grave crisis política han llegado al seno mismo del gobierno. Esto se ve reflejado por la posición asumida por parte de la Fiscal General, Luisa Ortega -hasta un tiempo atrás figura leal del gobierno de Maduro- en su enfrentamiento directo con el ejecutivo, esto a propósito de la convocatoria del presidente Maduro a una Asamblea Nacional Constituyente –cuya realización es a fines de este mes de julio-. Esta Asamblea Constituyente tendría como norte la elaboración y promulgación de una nueva Carta Magna. Paralelamente, con el objetivo de descomprimir la tensión política, es liberado de prisión el líder opositor Leopoldo López (luego de tres años de prisión), quedando con arresto domiciliario. Sin embargo, una jornada de máxima crispación política, fue el asalto al Parlamento en donde sesionaba la Asamblea Nacional el pasado 5 de julio. La oposición reaccionó y convocó a la realización de un Plebiscito con el objetivo de expresar su disconformidad al proceso constituyente convocado por el gobierno. En esta respuesta opositora participaron más 7 millones y medio de ciudadanos y en muchas ciudades del mundo, los venezolanos se volcaron a votar en este Plebiscito, el cual no es vinculante. La opinión pública internacional ha condenado al gobierno del Presidente Maduro por la excesiva represión y la falta de diálogo político que ha llevado a cabo en estos últimos meses.

La judicialización de la política es un fenómeno que afecta a un importante número de países de la región. La acción de los fiscales nacionales, no tan solo lo podemos ver en los últimos casos que nos llegan de Perú y de Brasil, sino también en Uruguay, Chile, Argentina, Colombia, en donde la justicia arremete contra los ex presidentes, vice presidentes, líderes políticos de estos países. Todo esto en el contexto de un fuerte proceso de corrupción política, en donde el dinero de grandes empresas ha cooptado a la política. En Perú, la justicia dicta 18 meses de prisión preventiva al ex presidente, Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia, acusados de delito de lavado de activos por recibir dineros para su campaña electoral de 2011, por parte de la empresa constructora multi latina Odebrecht. En Brasil, el ex presidente Lula da Silva es condenado a 9 años y medio de cárcel por el juez Sergio Moro en el marco de la operación anticorrupción Lava Jato. Esta condena ha causado conmoción política, no tan solo en el Brasil sino que también en el resto del continente latinoamericano. El ex presidente Lula y su Partido de los Trabajadores (PT), acusan de persecución política descarada en contra del líder petista, el cual se encuentra entre las figuras políticas mejor posicionadas para lograr un triunfo en las elecciones presidenciales de 2018. Por otra parte, el actual presidente de este país, Michel Temer, se encuentra en la cuerda floja por actos de corrupción, la cámara de diputados deberá decidir sobre el futuro de Temer en la primera semana de agosto. Se podría señalar que desde la destitución de la ex presidenta Dilma Rousseff, Brasil es un país en crisis permanente.

Para Chile y su cancillería, dos hechos han marcado positivamente su accionar en el último mes: el primero, la consolidación de la Alianza del Pacífico (AP), que se convierte en un Foro económico y comercial, convocando a la integración de los países miembros del MERCOSUR. Un segundo hecho exitoso, es el encuentro de los gabinetes binacionales de Perú y Chile, con la participación activa de ambos presidentes. Por cierto, la controversia con Bolivia, sigue su curso de dimes y diretes por parte de ambas cancillerías y con las relaciones estancadas por el diferendo de ambos países en la Corte de La Haya.

Concluyendo, estamos frente a una explosiva situación política y social en Venezuela, la cual no avizora salidas políticas democráticas que puedan satisfacer a ambos bloques, gobierno y oposición. Lo que es claro, es que la crispación en la sociedad venezolana está alcanzando niveles muy peligrosos de inestabilidad. Se habla de una crisis sin solución democrática. Por otro lado, la relación dinero-política alcanza ribetes inimaginables, lo cual por cierto afecta al pleno ejercicio de la democracia en nuestros países. Dinero y política, financiamiento público de la política como elemento de combate a la corrupción, los temas de transparencia, son tópicos que debe asumir una agenda progresista y de izquierda. De no ser así, el deterioro de la política engendrará un mayor malestar y abismo de la sociedad civil con la política y sus representantes, convirtiéndose esto en un caldo de cultivo para propuestas populistas de la derecha política y de los ultranacionalistas.


*Jaime Ensignia, sociólogo, Dr. en Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Libre de Berlín. Fue director sociopolítico de la Fundación Friedrich Ebert en Chile. Director del Área Internacional de la Fundación Chile 21. Colaborador del Barómetro de Política y Equidad.