Las acompañantes

Publicado : 24 Enero, 2017 en Columnas Chile 21, Igualdad de género, Javiera Arce, María de los Angeles Fernández, Portada

| por Javiera Arce Riffo y María de los Ángeles Fernández Ramil | Publicado en “EL MOSTRADOR.cl” el 24/01/2017 |


Hace justo dos años, la reforma del sistema binominal representó no solo el fin del último enclave autoritario sino también un triunfo para las chilenas. La demanda por mayor participación política femenina venía siendo frenada desde que se recuperó la democracia.

Durante su segundo mandato, la Presidenta Michelle Bachelet decidió perseverar en la promesa de medidas de acción afirmativa para estimular la incorporación de las mujeres en el Poder Legislativo. Recordemos que lo había intentado, sin éxito, durante su primera administración. Los datos hablan por sí solos. Basta observar los magros porcentajes de mujeres en cargos de representación popular, los que contrastan con el hecho de que seamos más de la mitad de la población: las parlamentarias no superan el 16% y, en el ámbito local, tenemos 11,5% de alcaldesas y 23% de concejalas.  

Las acciones afirmativas aprobadas por la Ley 20.840 introducen un criterio de paridad en la inscripción de las listas al Congreso, de forma que ninguno de los dos sexos podrá superar el 40% del total de candidaturas. Dicha norma es conocida popularmente como ‘ley de cuotas’.

Asimismo, se parte del reconocimiento –sostenido además por la experiencia comparada– de que las mujeres poseen mayores dificultades para financiar sus campañas, por lo que se generó un incentivo al resultado de 500 UF por mujer que resulte electa, destinado a su partido de afiliación. De esta forma, se busca que los partidos coloquen a sus candidatas en distritos/circunscripciones competitivas. Estos montos están destinados a la capacitación de otras mujeres para que asuman posiciones de liderazgo.

En tercer lugar, se incorpora un pago preferencial por voto recibido por la candidata, sin importar si esta resulte electa o no. A la devolución de 0,03 UF por voto, por concepto de devolución del gasto electoral, a las mujeres se les adiciona un pago de 0.01 UF para que puedan incrementar su proyección de gasto.

No está de más recordar que las medidas indicadas se enmarcan en las recomendaciones de organismos como Naciones Unidas y la Unión Interparlamentaria Mundial, pero también en conclusiones de estudios realizados por una serie de politólogas en todo el mundo, que han contribuido a detectar las mejores estrategias y arreglos institucionales para incrementar la participación femenina en las instituciones políticas. Desde este punto de vista, el hecho de que Chile las incorpore relativamente tarde a su legislación con relación a otros países de la región no resulta del todo desventajoso.

Lo anterior, pues ello permitió aprender de los errores cometidos en otros contextos en su diseño y aplicación. Sin embargo, también es conveniente advertir que nuestro país está rezagado. En América Latina, se avanza decididamente hacia la paridad política, habiendo sido incorporado ya dicho principio político en las Cartas Fundamentales de varios países. Para que la fórmula fuera eficaz, uno de los aspectos a cautelar era el acoplamiento de las cuotas con el nuevo sistema electoral. Es por ello que se adoptó uno de carácter proporcional (moderado), además de penalizaciones a los partidos que las incumplan. No hay cosa más dolorosa para un partido que el impedimento de competir en elecciones.

A pesar de que la coalición de centroizquierda gobernante, llamada ahora Nueva Mayoría, contaba con los votos necesarios en el hemiciclo para una holgada aprobación, la discusión de la norma no fue cosa de coser y cantar. Todo lo contrario. Fueron resistidas con los argumentos más insólitos. Algunos señalaban que hay “pocas mujeres” en la actividad política, en condiciones que –según los datos que arroja el Servicio Electoral (Servel) para el año 2016– las mujeres representan el 51% de la militancia partidaria. Mujeres, por tanto, hay de sobra. El problema es que no las quieren ver.

Otros iban más lejos, aludiendo a la “baja calidad” de las candidaturas femeninas. La calificación no deja de resultar jocosa, por cuanto emana de integrantes de la institución del Estado que genera menos confianza ciudadana, junto con los partidos. En todo caso, dicho argumento ha sido rebatido desde distintas ópticas. Por ejemplo, una de las politólogas más reconocidas internacionalmente por su trabajo sobre las cuotas, Mona Lena Krook, afirma que, cuando se incorporan cuotas de mujeres en las candidaturas, la calidad de todos los candidatos mejora de manera automática.

Como sea, desatado ya el proceso de búsqueda de candidatos para las elecciones parlamentarias de este año, algunos se anticipan a un eventual fracaso de la medida, señalando que habría “pocas mujeres” dispuestas a competir. Igualmente, se ha podido detectar que la invitación que se les realiza a las mujeres para sumarse a las listas es preguntándoles si les gustaría hacerlo en calidad de “acompañante” de tal o cual diputado o senador. De esta forma, se despoja la participación femenina de toda relevancia política y se refuerza, al mismo tiempo, un carácter subalterno que nada tiene que envidiarle al concepto de “presta el cuerpo”, emitido por la senadora Ena Von Baer en uno de los varios intentos por avanzar en la despenalización del aborto en tres causales.

No contentos con ello, se ha asomado la posibilidad de que la norma de equilibrio de género pueda aplicarse a ambas listas de candidaturas al Congreso (diputados y senadores) en su conjunto. De esta forma, se verían obligados a reclutar una cantidad menor de “acompañantes” para cumplirla. Y no faltan los más audaces que no trepidan en sugerir que, dado el difícil escenario político actual, sería “recomendable” posponer la aplicación de la cuota hasta la elección de 2021. Idea semejante pone en jaque la efectividad de una normativa de factura temporal. Recordemos que fue aprobada para debutar en el 2017 y ser aplicada durante cuatro elecciones consecutivas, de forma de producir cambios culturales, debiendo ser retirada luego de la elección a realizarse en el año 2029. Llegado ese momento, existe la expectativa de que se habrá alcanzado un porcentaje razonable de participación femenina en el Congreso.

Algunos legisladores no dejan de sorprendernos con su ingenio a la hora de inventar resquicios que obstaculicen la concreción de un derecho político fundamental, como es la posibilidad para las mujeres de ser electas. No ha podido ser ejercido por una combinación de impedimentos de carácter estructural, cultural y político-institucional. Las vicisitudes que viven por estos días las cuotas acontecen en el plano de la política informal, lejana al escrutinio ciudadano, viniendo a confirmar lo que Niki Johnson, politóloga que ha indagado en estos temas, advierte como necesario: explorar con mayor detención los recursos, redes y prácticas que permiten la reproducción del sesgo masculino en el ejercicio del poder.