La salud, un mercado imperfecto, ¿el Estado y la sociedad pueden hacer algo?

Publicado : 13 Septiembre, 2016 en Columnas Chile 21, Rafael Urriola

|por Rafael Urriola|


Este mes –septiembre de 2016– la Superintendencia de Salud publicó un estudio muy detallado acerca de los costos de algunas de las prestaciones  de salud, específicamente referidas a exámenes de laboratorio y radiografías. Recordemos que los chilenos y chilenas han recibido con beneplácito la creación de farmacias populares porque, más allá de los déficits -propios en todo caso- de una experiencia en desarrollo, los precios de un mismo medicamento pueden variar hasta en 4 mil % según sea el lugar en que se compre y la “marca”. Ciertamente que hay mucho que desarrollar en este ámbito y la creación, por parte de la Asociación de Municipalidades, de una instancia transversal que vaya mejorando el sistema, será útil para la población, toda vez que facilita el acceso a medicamentos de las personas más vulnerables.

La Superintendencia de Salud se abocó a comparar los precios de 17 exámenes de salud que involucran nada menos que al 22% del gasto total privado en salud en Chile. Estas prestaciones fueron las siguientes: hemograma, tiempo de protrombina, creatininemia, electrolitos plasmáticos, perfil lipídico, glicemia, perfil bioquímico, perfil hepático, Insulinemia, hormona TSH en sangre, tiroxina libre (T4L), proteína C reactiva, urocultivo (con recuento de colonias y antibiograma), toma muestra sangre, orina completa, radiografía de extremidad superior o pie y radiografía de tórax.

Estas prestaciones pueden ser consideradas como “commodities”, puesto que su producción se realiza con técnicas y/o tecnologías estandarizadas. Ellas  fueron comparadas en términos de diferencias y dispersión de los precios en diversas instituciones privadas de la Región Metropolitana. Estos exámenes tampoco –como los medicamentos– tienen diferencia alguna en cuanto a calidad o costos operacionales.

Para mayor transparencia, en el análisis se separaron los mismos exámenes cuando eran entregados en el marco de convenios institucionales (prestadores preferentes); si correspondían a prestaciones ambulatorias (demandadas por los pacientes) u hospitalarias (demandadas por el establecimiento para un paciente internado).

Incluso se separó el horario para evitar distorsiones por costos por urgencias o en horarios diferenciados. Es decir, las diferencias de precios alcanzan hasta 10 veces (un 1.000%) en exámenes como hemograma (análisis simple de sangre) entre la Clínica Alemana y Sonorad I, lo cual no parece tener justificación sanitaria, ni tecnológica ni de costos. Resulta aún más curioso que existan diversos precios para la misma prestación otorgada por un mismo prestador, que no se explican por el tipo de atención, la modalidad o el horario de atención.

En la teoría económica se acostumbra a denominar como precios monopólicos a los que se fijan independientemente de los costos de producción y que se definen de acuerdo a la “capacidad de pago” de los usuarios. La gente puede rechazar precios muy altos para asistir, por ejemplo, a un concierto de un “rock star”, no yendo; pero tienen menos posibilidades de rechazar precios altos cuando está de por medio la vida, como es en el caso del acceso a bienes y servicios de salud.

Con estas consideraciones la salud pública considera que el principal elemento de inequidad es el llamado gasto de bolsillo, es decir, lo que los pacientes deben desembolsar directamente sin respaldo de aseguramiento para acceder a la salud. Según la OECD, el gasto de bolsillo en nuestro país, en 2015, alcanzó un 33% del total del gasto en salud, ocupando los peores lugares  entre los países miembros. En este marco resulta sorprendente que el sector público haya sido hasta hoy, incapaz de generar  una institucionalidad reguladora de estos servicios, toda vez que debe financiar a los prestadores privados a precios superiores a los que pareciera pueden ser definidos por costos de producción más una ganancia razonable. ¿Quién paga la diferencia? Obviamente el usuario, sea este afiliado a Fonasa o a Isapres.

En concreto, las extremadas diferencias de precios en las prestaciones de salud, solo perjudican al usuario. Es extraño que las Isapres hayan centrado todos sus esfuerzos más bien en liberalizar el alza de los precios de los planes de sus afiliados y que hayan hecho muy poco para intentar una reducción de los precios de sus prestadores. Las diferencias de precios de los prestadores muestran fehacientemente que hay margen para reducciones significativas de los costos de, al menos, las prestaciones que determina el estudio.

Recordemos que la creación de las farmacias populares tuvo como prefacio estudios del Sernac en que se mostraron las enormes diferencias de precios entre medicamentos genéricos y de marca (lo que por lo demás es actualmente motivo de debate en el Congreso). Cabe notar, en todo caso, que esta alternativa no es nueva. En un artículo para la OPS de Chile en 2011, destacamos el rol que tuvo en la reducción de precios de los medicamentos la creación de una farmacia municipal en una importante ciudad de Ecuador.

Por otra parte, el estudio de la Superintendencia abre paso a que otros actores (sociales, comunales, estatales o mixtos) puedan establecer mecanismos para reemplazar la cadena productiva  y/o de comercialización de estos bienes de salud  (los 17 que se incluyen en el estudio) que no respeta la competencia de los mercados ni los pesares de la población. Todo lo que ayude a que la población pague menos por obtener los mismos bienes y servicios de salud será bienvenido.

Tal vez, ha llegado el momento de empezar una seria discusión acerca de la necesidad de contar con un sistema transparente y oportuno en la información y regulación de precios de las prestaciones de salud en nuestro país. Recuérdese que la salud –con la seguridad– aparece en el top de las preocupaciones de la población.