Presidenta Bachelet inaugura este jueves IV Foro del Progresismo 2009

Publicado : 04 Septiembre, 2009 en Portada

La cuarta  versión del Foro Anual del Progresismo 2009, organizado por la Fundación Chile 21, será inaugurado por la Presidenta de la República Michelle Bachelet, este jueves 10 de septiembre a las 9 horas, en el Salón Prieto del Hotel Crown Plaza de Santiago.

La instancia cuenta con el patrocinio y apoyo de la Red de Centros Progresistas del Cono Sur compuesta por Cepes (Argentina), Fundación Perseu Abramo (Brasil) y Fundación Líber Seregni (Uruguay). Asimismo, desde su inicio, ha contado con el auspicio de las fundaciones Friedrich Ebert, Jean Jaurés y Pablo Iglesias, se viene realizando desde el año 2006, año en que partió la iniciativa con la organización del seminario que llevó por título “La protección social en un mundo incierto”. Durante el año 2007, su título fue “Políticas para el desarrollo inclusivo y la cohesión social”. En el año 2008, la convocatoria se realizó con el título “Democracia, desarrollo e inclusión social. Por un consenso progresista innovador”.

Más que “salvar o refundar el capitalismo”, las fuerzas progresistas enfrentan el desafío de superarlo con un nuevo orden global que apunte a lo esencial de un proceso de desarrollo y no tan sólo de crecimiento económico y que tenga como centro al ser humano, la satisfacción de sus necesidades esenciales así como el acceso a la integralidad de los derechos inherentes a su condición, tal como están establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Un desarrollo inclusivo, sostenido y sustentable, reconciliado con el medio ambiente, basado en la producción de bienes y servicios y no en la especulación financiera, en donde tanto el capital como el trabajo tenga una justa recompensa, poniendo freno a las profundas desigualdades sociales, que se constituyen en factores de inestabilidad social y política y un freno al propio desarrollo. En esta tarea, los sindicatos tienen un rol prioritario que jugar.

Un nuevo orden global implica reestablecer los equilibrios entre países desarrollados y países en desarrollo, un comercio más justo y equitativo, que ponga fin al proteccionismo que practican los países ricos en desmedro de los países emergentes, que asegure el libre comercio y una auténtica competencia, tanto a nivel global como al interior de los países. Un nuevo equilibrio entre Estado, depositario del bien común y del mercado, en donde se reconozca la primacía de la política fundada en valores democráticos y los principios de soberanía popular para regular la actividad económica y decidir respecto de sus cargas e incentivos, así como el derecho de los ciudadanos, trabajadores y consumidores para organizarse en la defensa de sus derechos e intereses.

La amenaza del cambio climático y la depredación del medio ambiente exigen pensar un desarrollo sustentable, con el privilegio de fuentes energéticas no contaminantes y renovables, respeto por los recursos naturales no susceptibles de apropiación privada y cuidado del medio ambiente.

En este proceso de superación del capitalismo tal cual lo conocimos en estas últimas décadas, tanto América Latina como los países en desarrollo en general, enfrentan sus propios desafíos para superar la extrema concentración de sus economías, que no aseguran una verdadera libre competencia y en aquellos casos en que el tamaño de sus economías impide o limite un proceso de desconcentración, redefinir marcos regulatorios más exigentes que impidan los abusos o excesos de sectores monopólicos.

De igual manera la región debe enfrentar las extremas desigualdades sociales que caracterizan nuestras sociedades y que, paradojalmente, han tendido a agudizarse en estás últimas décadas, que coinciden, en general, con procesos de crecimiento económico acelerado en la mayoría de los países de la región.

Ello obliga a redefinir el nuevo rol del Estado como un agente del desarrollo, no sólo para regular la actividad económica sino para orientar el proceso de desarrollo, determinar cargas e incentivos y proyectar el futuro, que permita devolver la confianza de los ciudadanos en la política y la democracia como gestores y garantes del bien común.

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