Chile, el veto presidencial: ¿Ocaso de la reforma laboral?

Publicado : 28 Junio, 2016 en Columnas Chile 21, Jaime Ensignia

|por Jaime Ensignia|


El pasado viernes 17 de junio, el ministro vocero de la presidencia, Marcelo Díaz daba a conocer la decisión el ejecutivo de tramitar del veto presidencial presentado el 7 de mayo, señalando que este sería el derrotero del gobierno en relación al Fallo del Tribunal Constitucional en relación al proyecto de reforma laboral que había sido mayoritariamente por ambas cámaras del Parlamento. Por cuanto, no habría ley corta ni tampoco enmienda constitucional al artículo 19 de la actual Constitución, tal como se había rumoreado en las esferas políticas. El ministro Díaz, franqueado por la ministra de Trabajo y Previsión Social y el ministro de Hacienda en conferencia de prensa con medios escritos y televisivos, constataba que con estas modificaciones, la reforma sigue siendo el mayor avance para las relaciones laborales desde la recuperación de la democracia. Aún más, cuándo esta reforma sea promulgada, los trabajadores podrán contar con una huelga efectiva, con piso de negociación, mayor información para el ejercicio de sus derechos colectivos y la extensión pactada de beneficios.

El escenario

En nuestra opinión y tal como hemos formulado en análisis anteriores, este proyecto de Ley que Moderniza las Relaciones Laborales del Chile es un debate eminentemente político, social y ético; no tan solo laboral- sindical. En el debate actual sobre las reformas en curso, sectores sobre todo de la derecha económica y política, a los que se han sumado ciertas figuras del establishment Nueva Mayoría, han argumentado que estamos frente a reformas radicales o refundacionales con el fin de desacreditar las reformas del actual gobierno. En el caso de este proyecto de ley Laboral, se trata de una mínima puesta al día, intentando acercarse a estándares internacionales en materias laborales.

La crítica al Proyecto de Ley por parte de dirigentes de organizaciones sindicales, particularmente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y de otras organizaciones representativas del mundo del trabajo, así como también de representantes de partidos políticos de centro izquierda y del progresismo tras un año y medio de debate, es la abundancia de “letra chica”. Ésta se prestaría para todo tipo de interpretaciones e incluso judicializaciones masivas, especialmente en el tema del reemplazo en huelga y en lo relacionado quiénes negocian, sindicatos o grupos de negociadores, luego del fallo del TC. De un buen tiempo a esta parte, la CUT ha sido contundente al señalar que este proyecto de ley no satisface las expectativas al mundo del trabajo, en especial en lo que respecta a “efectuar adecuaciones necesarias” y en cuanto al reemplazo en huelga, que algunos ven como reemplazo encubierto. Muchas y variadas organizaciones y dirigentes sindicales – no tan solo las que adhieren a la CUT- han señalado desde un principio que este proyecto de ley de modernización de las relaciones laborales se traducirá en un retroceso para el movimiento sindical y que no se logrará la máxima propuesta del gobierno de “emparejar la cancha” y fortalecer el sindicalismo nacional. En numerosas entrevistas, uno de los líderes históricos del sindicalismo chileno, ex presidente de la CUT y actual secretario general de esta central, Arturo Martínez ha señalado que esta reforma laboral propuesta por el gobierno “no dio el ancho” y que salió una reforma laboral débil e insuficiente. El gobierno, en opinión de este dirigente sindical, quedó en deuda con la CUT.

El gobierno, el fallo del TC y el veto presidencial

El gobierno, desde un principio señaló que apelaría a esta decisión del TC, puesto que el fallo sobre todo en el tema de la titularidad sindical y la parcialidad de la extensión de beneficios, distorsionaba los objetivos centrales del Proyecto de Ley. Para llegar a una decisión definitiva por parte del Ejecutivo, existió al interior del Comité Político del gobierno importantes discrepancias sobre todo entre el Ministro de Hacienda, el Ministro de la Secretaria General de la Presidencia y la cartera de Trabajo y Previsión Social. El 7 de mayo el gobierno dio a conocer a la opinión pública -seis horas antes de cumplido el plazo reglamentario de ingreso del texto de modificación tras el fallo del TC en la Cámara de Diputados- el anuncio de los vetos supresivos, relacionados con el quórum para constituir sindicatos y lo relacionado con los pactos de adaptabilidad.

Por otro lado, las reacciones de protesta al fallo del TC con relación al tema de la titularidad sindical y la morigeración de la extensión de beneficios no se hicieron esperar. La CUT ha señalado que concurriría a los organismos internacionales ya que so pretexto del respeto a la institucionalidad nacional, se está vulnerando compromisos internacionales que el país a suscrito, como los Convenios de la Organización internacional del Trabajo, firmados por Chile, en concreto, el Convenio 87 sobre Libertad Sindical y Protección del Derecho de Sindicación y el Convenio 98 sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, así también, se señaló por parte de la dirigencia sindical recurrir a la Corte Interamericana de DDHH. Sectores mayoritarios de la Nueva Mayoría como partidos progresistas que no se sitúan en esta coalición política de gobierno han manifestado su oposición al fallo del TC y apoyan el veto presidencial puesto por el gobierno, más allá de críticas que al respecto tienen. La derecha política y los gremios empresariales, así como un importante contingente de la vieja Concertación vieron con beneplácito el fallo del TC, ahora ven con recriminaciones de toda índole, el veto presidencial.

En síntesis: el veto presidencial se inscribe en un escenario en donde ha quedado relativamente claro, que lo que está en juego en el debate laboral no es la transformación de las relaciones laborales que la sociedad chilena anhelaba para los inicios del siglo XXI. Lo que se esperaba y, al parecer se seguirá esperando, es un nuevo trato entre trabajadores y empresarios en una sociedad democrática, en definitiva: una nueva ecuación entre capital y el trabajo, incluso más allá de lo que será tramitado en el congreso nacional con este veto presidencial.