Siete ideas básicas para comprender el denominado "conflicto mapuche"

Publicado : 29 Agosto, 2009 en Prensa

1.- En primer lugar, No existe un “conflicto mapuche” en estricto rigor. Este es un artificio de los medios de prensa conservadores. Lo que existe es una “deuda histórica” del Estado chileno con todos los Pueblos Indígenas, en particular con los mapuches que fueron víctimas –históricamente – de una profunda usurpación de su patrimonio. Los acontecimientos del Sur y los recientes sucesos de Rapa Nui reflejan una suma de antecedentes a considerar.

2.- En una primera etapa de relación entre pueblos indígenas y Estado, el tema étnico fue invisibilizado por la sociedad y las clases dominantes o hegemónicas a lo largo de muchas décadas. Lo indígena fue visto como una rémora de la lucha pre-republicana y los historiadores conservadores sólo reconocieron su dimensión folklórica y guerrera. De ahí provienen los elogios de estos grupos hacia la figura de Caupolicán y Lautaro. Los indígenas nunca fueron reconocidos como sujetos de derechos políticos.

3.- Sólo a fines de la década de los años 60 e inicios de los 70, el tema indígena logró ocupar un lugar digno en el discurso de los movimientos populares. En la Reforma Agraria del Presidente Frei Montalva fueron considerados de manera mínima en la política de asentamientos campesinos. Esta política se expandió en el Gobierno del Presidente Salvador Allende, quien logró traspasar un poco menos de 100.000 hectáreas de tierras a diversas comunidades en medio de una espectacular política de expropiaciones. Un porcentaje importante de estos territorios no lograron ser inscritos legalmente. Fueron, injustamente, las primeras tierras re-expropiadas por la dictadura militar y devueltas a terceros. En ambos procesos, no obstante, tanto en la Reforma Agraria de Frei Montalva como en la de Salvador Allende, los indígenas fueron considerados básicamente como “campesinos” y por tanto las soluciones disponibles para sus demandas tenían un sesgo rural y denotaban ausencia de derechos políticos, por mucho que se señalare que “la tierra es para los que la trabajan”…

4.- Ni hablar de lo que acontece después del golpe de Estado. Entre otras cosas, la dictadura militar termina abruptamente con la Reforma Agraria; los asentamientos indígenas no inscritos legalmente fueron recuperados por los antiguos dueños, quienes vendieron, tiempo después, las tierras ancestrales a nacientes compañías forestales. Las comunidades indígenas fueron declaradas divisibles mediante el Decreto Ley Nº 2.568 y la represión se encargó de castigar a casi todos sus dirigentes que se habían comprometido con las reformas iniciadas por los gobiernos democráticos anteriores. El mundo indígena fue sumido en un largo silencio.

5.- En diciembre de 1989, se firma un histórico pacto político con los partidos democráticos denominado: “Pacto de Nueva Imperial”. El Presidente Patricio Aylwin constituyó la Comisión Especial de Pueblos Indígenas en 1990. Tres años después, el Congreso Nacional aprobó la histórica Ley Nº 19.253. Durante 16 años, y bajo el imperio de esta Ley se organizó la CONADI, creándose el Fondo de Tierras y Aguas. Se recuperaron 656 mil hectáreas, se legalizaron casi 3.000 comunidades y se amplió el Programa de Becas a estudiantes indígenas. Pero, la teoría subyacente en las políticas de los primeros gobiernos de la Concertación, es que el problema indígena debe ser reconocido fundamentalmente como un problema de pobreza. Gran parte de las políticas sociales se orientan en tal sentido.

6.- A partir del Informe de la Comisión de Verdad y Nuevo Trato (Presidente Ricardo Lagos, abril de 2004), se instaló la idea de una “deuda histórica”; concepto consensuado entre indígenas y diversos actores de la sociedad. El país abrió caminos al debate público respecto de los derechos políticos de los indígenas. La Presidenta Michelle Bachelet recoge este debate el 2006 en amplios diálogos nacionales, y en Abril del 2008 compromete una serie de medidas destinadas a instalar estos derechos mediante el Programa Re-Conocer. Uno de los éxitos más importantes de esta iniciativa es la promulgación del Convenio-169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT, el 14 de octubre del 2008, tratado internacional de derechos de los pueblos indígenas que inicia una nueva etapa de relaciones sociales.

Sin embargo, y propósito del borrador de un proyecto de Código Indígena, destinado a establecer un marco regulatorio para las inversiones públicas y privadas en tierras ancestrales, el empresariado nacional orquestó una campaña nacional en su contra argumentando que las inversiones privadas específicamente, no pueden ser sometidas a un Código Indígena de forma especial. Parte de ese mensaje es internalizado en algunos ámbitos de gobierno y el resultado es la inercia del Programa Re-Conocer por varios meses.

7.- ¿Cuál es ahora el problema de fondo? Los indígenas existen. Son valorados. Su cultura es apreciada. Parte de sus tierras han sido recuperadas. Su problema no es sólo de pobreza. Se trata fundamentalmente de una problemática de carácter político. Pero, ahora surge otra dimensión más compleja, el desarrollo económico de Chile necesita el patrimonio indígena: sus bosques, sus ríos, sus aguas, su potencial turístico (Rapa Nui es un ejemplo de ello), sus minerales, etc. Esta riqueza no puede estar en manos exclusivamente de los indígenas, los chilenos (perdón, los privados) la requieren. Esta necesidad se adorna con argumentos doctrinarios como el “bien común” del país; el crecimiento para generar igualdad; la energía para alimentar el consumo nacional; el subsuelo rico en minerales para dar empleo. En suma, para estos sectores significa que “unos cuantos indígenas no pueden impedir el desarrollo de todos los chilenos”.

El marco de fondo es la discusión sobre un modelo de desarrollo. ¿Se niegan los indígenas al desarrollo? No. ¿Son refractarios al progreso? No. Lo que nuestros pueblos no desean es que el desarrollo de todos los chilenos se realice a costa del patrimonio territorial, ancestral y cultural indígena. El Convenio-169 viene entonces en su auxilio y a partir del 15 de septiembre de este año obliga al Estado de Chile a consultar al pueblo indígena sobre todos los proyectos de inversión pública y privada antes de pisar un centímetro de sus tierras. Entonces, el acuerdo sólo surgirá de la negociación y de una negociación justa. Antes del Convenio las características de este proceso eran de negación e imposición arbitraria.

Resolver este problema de fondo implica varios procesos simultáneos:
1.- Reconocer en la Constitución los derechos políticos de los indígenas.
2.- Instalar estos derechos en la institucionalidad del Estado.
3.- Establecer un marco regulatorio de la inversión pública y privada en tierras ancestrales.
4.- Consensuar con los indígenas chilenos una manera de entender el desarrollo con pertenencia cultural.

¿Pueden los indígenas manejar su riqueza? Sí. ¿Comprenden bien esto los privados e incluso ciertos segmentos de Estado, del gobierno y del parlamento? No. Entonces, debe abrirse un diálogo muy profundo y los acuerdos a establecer deben ser muy sólidos. El protagonismo indígena llegó para quedarse.