CHILE: UN CASO DE REFORMA LABORAL FRUSTRADA

Publicado : 22 Junio, 2016 en Columnas Chile 21, Estudios, Jaime Ensignia, Publicaciones

|por Jaime Ensignia|


I-.          INTRODUCCIÓN

Como consecuencia del proceso de reformas y transformaciones políticas, económicas y sociales en curso, la sociedad chilena se encuentra en un estado de tensión, algo absolutamente normal en una democracia. La derecha política, los grupos económicos y los  mega-medios escritos, incluida la mayoría de los canales de televisión, desde un principio declararon un NO rotundo a  todo lo que implicara cambios significativos de las reglas del juego que imperaron desde el retorno a la democracia. Ha existido una campaña brusca, delirante y tergiversadora de la impronta reformista que propone el gobierno actual y que, de una u otra manera, impera en la sociedad chilena. No se han escatimado esfuerzos para denostarlas, en parte sustentándose en cierto tipo de encuestas –parciales en sus enfoques y planteos-  que han ido pregonando la inexorable caída de  la aprobación ciudadana respecto de las reformas en curso. El espíritu de estas campañas –entre otras muchas iniciativas opositoras- queda plasmado en unacostosa inserción en diarios nacionales, titulada: “Crece el consenso técnico que pide corregir la Reforma Laboral” (1)suscrita por relevantes militantes de la Democracia Cristiana; dos figuras políticas del Partido Socialista; un ex precandidato presidencial y ex ministro de Hacienda del primer gobierno de Bachelet, Andrés Velasco; académicos, políticos de derecha y liberales.

En este escenario ha quedado relativamente claro que lo que está en juego no es la reforma laboral que la sociedad chilena anhelaba para los inicios del siglo XXI, luego de 26 años de retorno a la democracia. Lo que se esperaba y, al parecer se seguirá esperando, es un nuevo trato entre trabajadores y empresarios en una sociedad democrática, en definitiva: una nueva ecuación entre capital y el trabajo.

 

II-.        EL ESCENARIO POLÍTICO Y SOCIAL DEL DEBATE LABORAL

El proyecto de Ley que Moderniza las Relaciones Laborales del Chile es un debate eminentemente político, social y ético; no tan solo laboral- sindical. Es un debate mucho más amplio y dice relación con qué tipo de sociedad tenemos y  qué sociedad queremos seguir teniendo, por cuanto es de carácter civilizatorio. No olvidemos que la matriz neoliberal del Plan Laboral de la dictadura cívico militar estuvo estrechamente ligado a la matriz del modelo económico neoliberal imperante en nuestro país desde hace más de 37 años. En el debate actual sobre las reformas en curso, sectores sobre todo de la derecha económica y política, a los que se han sumado ciertas figuras del establishment Nueva Mayoría,  argumentan que estamos frente a reformas radicales o refundacionales, cuando en el caso de la Reforma Laboral se trata de una mínima puesta al día con estándares internacionales.

La crítica al Proyecto de Ley desde dirigentes de organizaciones sindicales, particularmente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y de otras organizaciones representativas del mundo del trabajo, así como de parte de representantes de partidos políticos de centro izquierda y del progresismo tras un año y cuatro meses de debate, es la abundancia de “letra chica”. Ésta se prestaría para todo tipo de interpretaciones e incluso  judicializaciones masivas, especialmente en el tema del reemplazo en huelga. Así, los conflictos laborales tendrán su punto de encuentro en los tribunales del trabajo. De un buen tiempo a esta parte, la CUT ha sido contundente al señalar que este proyecto de ley no satisface las expectativas al mundo del trabajo, en especial en lo que respecta a “efectuar adecuaciones necesarias” y en cuanto al reemplazo en huelga, que algunos ven como reemplazo encubierto. Muchas y variadas organizaciones y dirigentes sindicales – no tan solo las que adhieren a la CUT-  han señalado desde un principio que este proyecto de ley de modernización de las relaciones laborales se traducirá en un retroceso para el movimiento sindical y que no se logrará la máxima propuesta del gobierno de “emparejar la cancha” y fortalecer el sindicalismo nacional. Así, el vicepresidente de la CUT y militante demócrata cristiano, Nolberto Díaz expresó: “La primera distinción importante es que ésta es la reforma laboral del Gobierno y no de la CUT, porque sin lugar a duda la Central Unitaria de Trabajadores y  los sindicatos a lo largo del país esperábamos más, y sigue pendiente el debate por derribar el plan laboral heredado por la dictadura”. (2)En numerosas ocasiones, uno de los líderes históricos del sindicalismo chileno, ex presidente de la CUT y actual secretario general de esta central, Arturo Martínez ha señalado que esta reforma laboral propuesta por el gobierno “no dio el ancho” y que salió una reforma laboral débil e insuficiente. El gobierno quedó en deuda con la CUT.

Por su parte, los partidos políticos, especialmente el PS, el PC y parte del PPD se han opuesto directa o indirectamente a la forma en que el gobierno ha conducido el debate sobre el tema. En la DC, la excepción crítica constructiva y cercana a las opiniones de las organizaciones sindicales, es la Senadora Carolina Goic, quien siempre ha estado en la defensa de los derechos laborales y sindicales, tanto en su propia bancada parlamentaria como en la Comisión de Trabajo del Senado. Allí debió enfrentar presiones diversas y enfrentar duros debates junto con la ex vicepresidenta del Senado y actual presidenta de la Comisión, Senadora Adriana Muñoz y el Senador Juan Pablo Letelier, ex presidente de la Comisión, quienes han defendido los intereses de los trabajadores y trabajadoras en la Comisión. Entre los sectores conservadores y restauradores de la vieja concertación y de la Nueva Mayoría en el debate laboral, la máxima solapada ha sido que la mejor reforma de las relaciones laborales es la No reforma. De ahí los grandes matices en esta materia, incluidas la bancada transversal supuestamente “pro pyme”. Se trata de sectores que no sinceran sus posiciones, pero a todas luces no quieren reformas, ni menos cambios en las relaciones entre capital y trabajo.

Lectura aparte y objeto de un análisis mucho más profundo y necesario, ha sido la posición de descrédito que hemos observado por parte de los medios de comunicación y de gremios empresariales chilenos y paradojalmente de instituciones externas, como la Cámara de Comercio Chileno-Británica de Comercio o bien, la Cámara de Comercio Chileno Norteamericana (AMCHAM Chile), las cuales han objetado seriamente los objetivos centrales de esta iniciativa modernizadora de las relaciones laborales del actual gobierno.

EL FALLO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Se suponía que el fallo del TC no sería propicio para el gobierno, ni para las expectativas que planteaban las organizaciones sindicales. En los días previos a esta decisión del TC, el  abogado constitucionalista Fernando Atria señalaba:

“El TC es una cámara política y Chile Vamos (la oposición política al gobierno) tiene la bancada más grande”…”. Para hablar del TC se debería hablar de la tercera cámara, no de un tribunal constitucional; y de los ministros como parlamentarios o camaristas; y de los grupos que lo conforman como bancadas. Entonces, porque se llama tribunal, los juristas y abogados asumen que son ministros imparciales y se resisten a ver los hechos evidentes, que las personas que están ahí no son nombradas ‘a pesar de’, sino que ‘por’ sus carreras políticas; que hay una correlación evidente entre la afiliación política y la manera en que votan en los casos políticamente controvertidos, etc.” (3)

¿Qué camino tomó el TC con respecto a los cuatro requerimientos de inconstitucionalidad presentados por los diputados y senadores de Chile Vamos referidos a las normas contenidas en el proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales?  En uno de ellos acogió la demanda; en el segundo acogió parcialmente los requerimientos de la derecha, y en los otros dos el veredicto fue favorable al gobierno. Más específicamente:

  • Solicitud de inconstitucionalidad de la titularidad sindical en la negociación colectiva: se acordó acoger la pretensión de inconstitucionalidad por 6 votos contra 4.
  • Solicitud de inconstitucionalidad de la extensión de beneficios: se acordó acoger parcialmente respecto a los nuevos afiliados al sindicato, rechazándose en lo demás, por empate de votos, con un voto particular.

En relación, a los otros dos, en los cuales no observó inconstitucionalidad, el acuerdo fue el siguiente:

  • Solicitud de inconstitucionalidad del acceso de información de remuneraciones: se acordó rechazar la petición, en empate de votos, respecto de la planilla de los trabajadores involucrados en la negociación y por ocho votos respecto de las otras informaciones.
  • Solicitud de inconstitucionalidad respecto de la obligatoriedad de la negociación inter empresas: se acordó rechazar la pretensión de inconstitucionalidad en empate de votos (7).

Las reacciones de protesta al fallo del TC con relación al tema de la titularidad sindical y la morigeración de la extensión de beneficios no se hicieron esperar. Ad portas de la convocatoria para el día del trabajo, 1° de mayo, la dirigencia sindical de la CUT expresó su más enérgico repudio a este fallo, como lo constata su comunicado de prensa:
“Hoy, 37 años después de este impuesto Plan Laboral, la derecha vuelve a violentar la soberanía popular. Tras dos años de debate de la Reforma Laboral donde se debatió con el Ejecutivo, con la Cámara de Diputados, el Senado y actores sociales, la derecha termina usando una institucionalidad deslegitimada, que no es expresión del voto popular, para burlar a la sociedad” (4).
La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, en su discurso del Día del Trabajador, expresaba de esta manera el profundo malestar de trabajadores y trabajadoras agrupados en esta central:

“No nos sorprende el pronunciamiento del TC de esta semana, pues en este país y en pleno siglo XXI algunos siguen concibiendo el trabajo como sinónimo de esclavitud y a los trabajadores como sujetos sin derechos. Este es el debate que se ha puesto sobre la mesa con el pronunciamiento del tribunal” (5).

La CUT ha señalado que concurrirá a los organismos internacionales ya que so pretexto del respeto a la institucionalidad nacional, se está vulnerando compromisos internacionales que el país a suscrito, como los Convenios de la Organización internacional del Trabajo, firmados por Chile, en concreto, el Convenio 87 sobre Libertad Sindical y Protección del Derecho de Sindicación y el Convenio 98 sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, así también, se señaló por parte de la dirigencia sindical recurrir a la Corte Interamericana de DDHH (6). Paralelamente a estas iniciativas con organismo internacionales, la CUT ha convocado a un Paro Nacional para el 31 de mayo con el objetivo de protestar contra el fallo del TC.

Las reacciones desde el mundo político fueron ciertamente contradictorias. Como resultaba previsible, la derecha política y los sectores empresariales festejarían el fallo; a su vez  parlamentarios de la Democracia Cristiana al interior de la Nueva Mayoría e incluso el Ministro del Interior, llamaron a respetar esta decisión del TC. Por su parte, el PS, PC y PPD, manifestaron su discrepancia con la decisión del tribunal. Más incisivo fue el actual presidente de la Cámara de Diputados y ex ministro del trabajo en el primer gobierno de M. Bachelet,  Osvaldo Andrade al señalar:

 “Porque conozco el Tribunal, tengo un juicio. Yo lo respeto, pero tengo un juicio jurídico y político respecto a sus resoluciones, porque soy abogado y diputado, y claramente el fallo del Tribunal Constitucional es pro empresario, y no me extraña por la composición del TC” (7)

El gobierno, desde un principio señaló que apelaría a esta decisión del TC, puesto que el fallo sobre todo en el tema de la titularidad sindical y la parcialidad de la extensión de beneficios, distorsionaba los objetivos centrales del Proyecto de Ley. Para llegar a una decisión definitiva del Ejecutivo, hubo al interior de los ministros del Comité Político del gobierno importantes discrepancias, sobre todo entre el Ministro de Hacienda, el Ministro de la Secretaria General de la Presidencia y la cartera de Trabajo y Previsión Social.

Finalmente, el 7 de mayo el gobierno dio a conocer a la opinión pública -seis horas antes de cumplido el plazo reglamentario de ingreso  del texto de modificación tras el fallo del TC en la Cámara de Diputados-, el anuncio de los vetos supresivos, relacionados con el quórum para constituir sindicatos y lo relacionado con los pactos de adaptabilidad. El comunicado entregado por el Ministro Secretario General de Gobierno, Marcelo Díaz, se destacaba lo siguiente:

“El Gobierno no propuso un conjunto de normas aisladas entre sí, sino que una propuesta integral de relaciones laborales, donde las distintas disposición jurídicas se apoyan mutuamente. Por ello, lo anterior nos obliga a revisar las normas relativas a pactos de adaptabilidad en materias de jornadas; de horas extraordinarias y de jornadas pasivas, así como, la introducción de un nuevo quórum para negociar. (…) El proyecto de ley que presentamos elevaba el sistema de quórums exigidos a los sindicatos para poder negociar colectivamente, modificación que se basaba en la existencia del principio de titularidad sindical. Si se suprime la titularidad, se hace también indispensable suprimir las nuevas formas de quórum de negociación”. (8)

También el ejecutivo ha señalado, que una vez conocido el texto final del fallo del TC,  se enviará al Congreso un Proyecto de Ley Corta con las medidas que no han sido suprimidas por el tribunal constitucional con el objetivo de adecuar la legislación laboral sin la titularidad sindical y sin los pactos de adaptabilidad laboral. 

Sobre el veto enviado por el gobierno se han producido diversas reacciones, tal como se esperaba. La presidenta de la CUT ha enfatizado que se trata de un veto moderado  que busca no entrar en conflicto con el sector empresarial, a la vez que hace una dura crítica al Ministro de Hacienda. La derecha fustiga al gobierno por el envío del veto calificándolo como “veto de revancha” o “veto ciego”, por no analizar aún el texto final del fallo de más 325 páginas, en donde se dan a conocer los argumentos para declarar inconstitucional los artículos impugnados en la Reforma Laboral, como la titularidad sindical y parte del tema de extensión de beneficios de una negociación colectiva.

 

IV-.       LA LARGA MARCHA A TRAVES DE LAS INSTITUCIONES: PERSPECTIVAS PARA EL MUNDO DEL TRABAJO.

Una larga marcha ha recorrido el movimiento sindical desde el retorno a la democracia con el objetivo de poder derribar un Código Laboral impuesto por la dictadura y no transformado por los gobiernos de la Concertación y el gobierno de la Nueva Mayoría. En efecto, el sindicalismo  chileno a partir del anuncio presidencial del 29 de diciembre de 2014 a la fecha, ha tenido que acudir a numerosas instancias e instituciones del Estado para hacer valer su voz y ser atendido por las autoridades. También ha hecho presente su postura en los organismos internacionales como en el caso de la OIT. Un repaso del derrotero de la Reforma Laboral habla de un proceso plagado de obstáculos: los primeros pasos fueron en las audiencias de la Comisión de Trabajo y Previsión de la Cámara de Diputados, esperando la votación en esta Cámara; luego en la Comisión del Senado, en donde la votación terminó siendo relativamente adversa a las ya discretas aspiraciones sindicales. Hubo Comisión Mixta de Diputados y Senadores,  volvió a salir una propuesta de reforma muy negociada que debió ser ratificada por ambas cámaras. Al ser ratificada, la derecha política recurrió al TC, que declaró inconstitucional la titularidad sindical y parte de lo referente a la extensión de beneficios de la negociación colectiva por afiliación, tal como lo hemos señalado anteriormente.

En este escenario parece inaudita la expresión del Ministro de Hacienda en cuanto  a que el debate sobre la reforma laboral resulta desgastante para el gobierno. Frente al año y cuatro meses que lleva este debate, cabe recordar que el mundo del trabajo chileno, sus organizaciones gremiales y sindicales soportan ya 37 desgastantes años de vigencia del Código Laboral de 1979, cuya matriz ha quedado intacta hasta este momento, según lo señalan expertos laboralistas.  

Volviendo a nuestro tema de interés, todo esto es aún una “noticia en desarrollo” y, bien se podría señalar que este debate sobre la Reforma Laboral seguirá siendo un proceso en desarrollo. La reforma de las relaciones laborales que para algunos se había convertido en la madre de todas las reformas seguirá quedando al debe frente al mundo del trabajo y a las aspiraciones de las organizaciones sindicales. Paralelamente, se debe constatar, que esta reforma tiene poderosos detractores: los gremios empresariales; los medios de comunicación; la derecha política y; “paradojalmente” los sectores conservadores y restauradores de la Nueva Mayoría y la siempre activa ex Concertación. En todo este escenario descrito, la derecha política y empresarial no tiene proyecto, ni propuestas para la Modernización del Sistema de Relaciones Laborales en un Chile moderno, sino que se aferra en estertores moribundos del Plan Laboral de J. Piñera, recurriendo en esta ocasión al TC para impugnar esta reforma

En rigor, Chile necesita democratizarse y modernizar sus relaciones laborales y este proyecto presentado por el gobierno de la presidenta Bachelet y liderado por la ministra del Trabajo y Previsión Social, Ximena Rincón, puede ser para muchos insuficiente y, quizás lo es, para otros de poco alcance ya que no enfrenta decididamente el inaudito poder del sector empresarial chileno. En los hechos, esta reforma deja fuera de su alcance, reivindicaciones históricas del mundo del trabajo, como la negociación colectiva ramal, la derogación de artículos de despidos a mansalva como el 159 y 161, el tema de la subcontratación, por nombrar algunos grandes déficits, pero sin duda se observa un relativo e insuficiente avance en relación a lo que en este ámbito se ha logrado en estos 26 años de retorno a la democracia. Sin embargo, esta pregunta seguirá vigente: ¿cuál será la propuesta más profunda y digna de modernización de las relaciones laborales para un Chile inserto en pleno siglo XXI?

 


Jaime Ensignia, sociólogo, Dr. en Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Libre de Berlín, Alemania. Actualmente, director del Programa Internacional y de Relaciones Laborales de la Fundación Chile 21.


Notas-.

1-. Ver Inserciones en El Mercurio y La Tercera, domingo 18 de octubre 2015.

2-. Ver: La Entrevista Nolberto Díaz, vicepresidente de la CUT “Buscamos poder sindical para lograr más derechos colectivos” en: www.elsiglo.cl , 29 de abril de 2016.

3-. Ver: Entrevista a Fernando Atria, en Diario Financiero, viernes 15 de abril de 2016, pág. 30 y 31.

4-. Ver: Comunicado de prensa por votación del Tribunal Constitucional sobre Reforma Laboral, www.cut.cl , 28 de abril de 2016.

5-. Ver: Intervención de la Presidenta de la CUT en conmemoración de día internacional de los trabajadores, www.cut.cl , 2 de mayo 2016.

6-. Ver: CUT por fallo TC: “Está por descontado hacer quejas en organismos internacionales”, en La Tercera, pág. 11, martes, 3 de mayo de 2016.

7-. Ver: www.pulso.cl , viernes, 29 de abril de 2016, pág. 29.

8-. Ver: Gobierno anuncia veto y nuevo proyecto de ley tras el fallo del TC sobre Reforma Laboral, www.gob.cl , 8 de mayo de 2016.