Aborto

Publicado : 23 Marzo, 2016 en Columnas Chile 21, Javiera Arce

|por Javiera Arce|


Los días miércoles y jueves recién pasados, fue aprobado en primer trámite constitucional el Proyecto de Ley que despenaliza el aborto por tres causales: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación.

Chile, es del grupo de los “selectos” países en el mundo que penaliza todo tipo de forma de interrupción del embarazo: Malta, El Salvador, Ciudad del Vaticano, Nicaragua y República Dominicana. Estos países además de carecer de un nivel de desarrollo importante, tampoco pertenecen al grupo de países con los cuales las élites nacionales constantemente suelen compararse (Europa, Estados Unidos, Canadá, etc.).

Lo más llamativo de la discusión, fue la calidad de los argumentos de los diputados que se oponían al proyecto, desde mandar al infierno a quienes estaban a favor de avanzar en estos derechos, denuncias de eugenesia y el fin de la Teletón, sorpresa por el reclamo de las mujeres para decidir sobre su cuerpo, hasta verdaderas apologías a la dictadura de Pinochet, en que “por lo menos se mataba gente grande” (no se ahondará respecto de “la vida que se encuentra en el feto”, el aborto permitirá el tráfico de órganos, o en la vulgaridad de mostrar modelos de fetos plásticos).

Poniéndolo en esta perspectiva, ninguno de los argumentos esbozados por los diputados, responde al trasfondo político del proyecto, por el contrario, incluso evidencia la falta de asesoría técnica-legislativa, al hilvanar argumentos de corte visceral, y tratando de desinformar a la población (como lo planteó la Diputada Rubilar en su intervención).

El principal triunfo del movimiento feminista, ha sido lograr la politización y desprivatización de materias que se encontraban relegadas a la esfera privada, tales como la violencia ejercida contra las mujeres (económica, social, física, simbólica) y la necesidad de interrumpir voluntariamente un embarazo inviable, o que simplemente no se desea. Con la consigna “lo personal es político”, los avances no sólo en estas materias, sino también la denuncia de las enormes desigualdades de género, económicas y de poder (que persisten en la actualidad), fueron denunciadas e incorporadas en una serie de acuerdos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (su sigla en inglés CEDAW) en 1979 (suscrito por Chile en 1989), que ha servido como soporte de una serie de políticas públicas internacionales adaptadas por la Unión Europea, Naciones Unidas, y por su puesto cambios sustantivos en las legislaciones nacionales, de las cuales Chile no ha esta exento, y cuya cristalización también ha sido fruto del trabajo sistemático de un valiente y resistente movimiento feminista local.

Es así como se instala el Sernam en 1991, se comienza a legislar sobre violencia, filiación, divorcio, programas de mejoramiento de la gestión con enfoque de género, educación sexual, programas para mujeres jefas de hogar, reforma electoral inclusiva, Ministerio de la Mujer, y despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, entre otros avances.

Las políticas públicas como tales, se sitúan en las agendas gubernamentales, a raíz de la detección de un problema púbico en la esfera pública. Para ello, los grupos interactúan y quienes poseen un éxito mayor, logran visibilizar la problemática a través del empleo de una serie de recursos, que incluyen la acción colectiva, el dinero, la influencia, entre otros (Subirats Joan et al, 2008; Lahera, 2004 ).

El movimiento feminista local,  a través de sus múltiples expresiones institucionales y autónomas, sistemáticamente ha movilizado recursos, en particular las  manifestaciones en la calle, la articulación técnico-política de incidencia legislativa, apariciones en la opinión pública, generando alianzas incluso con comunicadoras feministas, para denunciar las condiciones a las que están sometidas las mujeres que requieren interrumpir su embarazo, que van más allá de las causales abordadas en el proyecto de ley.

Las mujeres que requieren de esta intervención, clandestinamente deben obtener los medicamentos necesarios, o en su efecto conseguir que alguien les practique dicho procedimiento. Quienes tienen dinero (como planteaba la ex Ministra de Salud Helia Molina, y que le costó su salida del gobierno), podrían interrumpir su embarazo en clínicas privadas de manera discreta y segura, pero quienes no disponen del dinero suficiente, deben recurrir a parteras no profesionales, o ingerir dosis de misopostrol, hasta lograr la interrupción.

En el primero de los casos, la mujer conseguiría cesar su embarazo, no corriendo peligro alguno, pues se encontraría en un ambiente protegido, y de mucha seguridad. En el segundo, corre el riesgo de morir desangrada, padecer focos infeccionesos de alta peligrosidad (incluso sepsis mortal), perforación uterina, trombosis, embolia cerebral, trauma de cérvix, paro cardiáco entre otros; y en el caso de acudir a algún recinto hospitalario, al momento de ser atendida, el personal médico habitualmente denuncia dicha acción, y una vez realizado el tratamiento, la mujer es sometida a un proceso judicial, en conjunto a una serie de humillaciones y torturas (Centro de Derechos Humanos, 2013).

Dicho lo anterior, la evidencia científica demuestra que se trata de un problema de carácter político, y como tal, no es posible que el Estado de Chile vulnere de esta manera los derechos de sus ciudadanas. Asimismo, es imprescindible visibilizar la desigualdad de clase que se instala en esta problemática, en que las mujeres pobres ponen en riesgo su vida, y corren un serio peligro de ir a la cárcel por ejercer su derecho a decidir.

Argumentos como los planteados por los diputados en la discusión, pertenecen a la esfera de la moralidad, responden a sus propias concepciones religiosas, y buscan imponer sus criterios morales y religiosos a la sociedad en su conjunto, restringiendo derechos por temor a que “libremente” se practiquen abortos (como si este tipo de tratamientos pudiera ser sustitutivo de los métodos anticonceptivos, o se ejerciera un mandato imperativo de abortar).

Quienes se opusieron con fervor al proyecto de aborto por las tres causales, votaron en contra de la extensión del postnatal de seis meses, porque eso “perjudicaba a los emprendedores” (la maternidad es un costo para la economía), se opusieron a la Ley de Divorcio, a la norma que obligaba a entregar obligaciones patrimoniales a los hijos/as nacidos fuera del matrimonio, por el daño que se generaría en la familia, se opusieron también a una ley de violencia contra las mujeres efectiva y que penalizara a los agresores, y nada han hablado sobre la función social de la maternidad y el cuidado, que no sólo es tarea de las mujeres en una sociedad. Por lo que cabe preguntarse ¿de qué derecho a la vida están hablando? Una vida precaria y vulnerada.

La hipocresía por tanto de “defender la vida”, como le llaman ellos, o “el derecho del que está por nacer”, se superpone a la vida, y la calidad de la misma de la mitad de la población nacional, que sin lugar a dudas tiene derecho a ser reconocida como una persona libre, con igualdad de derechos, con capacidad de decidir, garantizar su seguridad, vivir una vida sin violencia, sin tortura, es decir, hacer efectivos sus derechos humanos.