El miniajuste fiscal, ¿y los problemas de fondo?

Publicado : 03 Marzo, 2016 en Columnas Chile 21, Eugenio Rivera

|por Eugenio Rivera|


Desde el regreso de sus vacaciones, el ministro de Hacienda ha concentrado su atención en elaborar un ajuste fiscal que alcanzó una cifra de US$ 540 millones de dólares, lo que representa un 1% de gasto público presupuestado para el 2016. Se busca ir avanzando hacia el objetivo de reducir un cuarto de punto anual, hasta llevar el déficit fiscal estructural a cero el año 2020. Las preocupaciones del ministro han concentrado la atención del debate económico y se discute si se debe realizar el señalado ajuste o más bien realizar algunas reasignaciones que aseguren que no disminuya el aporte fiscal a crecimiento de la economía. La reducción del 1% del gasto público, de considerarse necesario, debería ser parte de la gestión normal, sin distraer la atención de los problemas económico de fondo que enfrentamos.

Probablemente, es posible introducir importantes ahorros revisando, por ejemplo, los sueldos de los altos funcionarios de la Administración que desde el Gobierno de Piñera han sufrido un crecimiento injustificable. Es probable también que si se instrumentalizara una modernización en serio del aparato público sería posible una acción significativamente más eficiente y probablemente más económica. Desde una mirada más integral contribuiría significativamente a finanzas públicas sanas la revisión de las exenciones tributarias que pueblan nuestro sistema impositivo y que benefician a los sectores más acomodados del país. Pero todo esto no puede abordarse en el marco de un miniajuste fiscal.

Sin abordar los temas de fondo, algunos analistas de extrema derecha han puesto el grito en el cielo por el monto alcanzado por la deuda pública bruta. Según la DIPRES, ella alcanzó $ 27.560.190 millones (equivalentes a US$ 39.000 millones a un tipo de cambio de 700 pesos por dólar) en diciembre 2015, lo que equivale a un 17,6% del PIB. Como contrapartida, el país dispone de US$ 13.966 millones en el FEES; US$ 8.112 millones en el Fondo de Reserva de Pensiones; US$ 2.003 millones bajo el concepto de Otros Activos del Tesoro Público y US$ 3.496 millones del Fondo para la Educación, lo que sumado alcanza la cifra de US$ 27.620 millones equivalentes al 12,5% del PIB. Cabe considerar además que las reservas internacionales del Banco Central alcanzaban US$ 38.643 millones en diciembre del año pasado (estás últimas se estiman en US$ 39.356 millones en febrero).

¿Qué ocurre si comparamos el déficit fiscal y la deuda pública de Chile con otros países? Mientras que el déficit fiscal alcanzó en Chile un -2,2% en Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, Colombia y México alcanzó, un -2,6%; -6,8%, -4,4%. -2,1% y -3,4%, respectivamente. Solo Alemania tiene un superávit de 0,7%, lo que repercute en el 0,27% que alcanza la eurozona. Como contrapartida, el crecimiento de Alemania y la Eurozona alcanzó un modesto 1,5% en el 2015. La deuda pública bruta de 17,5% de Chile resulta menor comparada, por ejemplo, con el caso de EE.UU., donde alcanza 104% del PIB; en el área euro, que presenta una cifra de 93% del PIB, y en Japón 237% del PIB.

Se ha hablado mucho de la reducción que ha experimentado el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) en el último tiempo. Específicamente se llama la atención de que el fondo cayó de US$ 20.210 millones en el 2008 a US$ 13.966 millones en diciembre del año 2015. No obstante, si se miran con cuidado las causas y las fechas en que tuvieron lugar los retiros, es posible entender con facilidad la situación. En efecto, el retiro más significativo fue US$ 9.277 millones en el año 2009. Ese es el año en que la economía mundial colapsó y fue necesario enfrentar la emergencia internacional más importante , quizás desde 1929. Luego se han retirado US$ 498 millones en el 2014 y US$ 463 millones en el 2015, años en que el país debió enfrentar el drástico fin del ciclo positivo de precios del cobre. Pese a que se trae a colación el impacto que puede tener la situación fiscal chilena en las clasificaciones crediticias del país, es claro que nuestra situación fiscal se la quisiera la gran mayoría de los países del mundo.

En los intersticios de esta discusión aparecen temas más relevantes. Se ha señalado que la caída de los precios de nuestros principales productos de exportación debería llevar a un ajuste fiscal. En ese contexto se ha citado al Comité de Precios del Cobre para reestimar el precio de largo plazo (estimado en 2,98 dólares la libra) del mineral, atendidas las caídas experimentadas en el último tiempo. Aunque los especialistas coinciden en que es muy difícil estimar ese precio, la situación incierta que vive la economía mundial hace de esa tarea un juego de adivinanzas poco conducente y menos para llegar a una conclusión puntual sobre el monto que debería alcanzar la reducción del déficit actual. Sí cabe monitorear la situación en la perspectiva del presupuesto del 2017. Lo lamentable es que el tema relevante de cómo se reduce la dependencia del cobre de nuestra economía queda afuera del debate.

Más en general el debate sobre el miniajuste distrae de lo que son los dos desafíos fundamentales que enfrenta el país: qué hacemos para enfrentar la baja tasa de crecimiento y cómo logramos generar nuevos impulsores del crecimiento de largo plazo, que complementen los actuales.

En relación con lo primero, desde el comienzo del presente año la economía internacional ha enfrentado una alta volatilidad en las Bolsas, lo que es expresión de altos niveles de incertidumbre. Al mismo tiempo, se hace cada vez más patente que la economía internacional no logra superar los problemas que la vienen afectando desde la crisis del 200-2008. En los Estados Unidos aumentan los temores de una recesión e incluso algunos opinan que el aumento de la tasa de interés decidido por la Reserva Federal en diciembre del 2015 debería ser revertido. Más aún, existe el creciente convencimiento que los instrumentos de política económica que se han aplicado en los últimos años en Europa y Japón para salir de la crisis, como fueron la reducción de las tasas de interés a cero (en Japón incluso se está aplicando una tasa negativa) y el llamado “Quantitative Easy”, no han terminado de alejar la situación de deflación que los afecta. Ello está llevando a algunos a afirmar, según informa elEconomist, que es necesario aplicar fórmulas como el “dinero helicóptero” (emisión de bonos públicos que son adquiridos por el Banco Central siendo, el nuevo dinero emitido, inyectado directamente por el Gobierno en la economía) y que la política fiscal debe tomar el protagonismo para superar los problemas de la deflación, al más puro estilo keynesiano.

Francamente un debate en torno a reducir el déficit público en 1% no resulta muy relevante. Más aún cuando la prensa informa que el valor de los Fondos de Pensiones cayó un 6,5% en el 2015; que la penetración de la Banda ancha en Chile se mantiene en el lugar 32 entre los 34 países de la OCDE y que el débil crecimiento nos aleja de alcanzar el nivel de ingreso per cápita de los países desarrollados. Frente a esta situación, se echa de menos en Chile un debate respecto a qué se debe hacer para mejorar las expectativas de crecimiento del presente año. El sector público puede también generar iniciativas que simultáneamente mejoren la infraestructura nacional (el déficit en este campo se estima en US$ 112 mil millones) y las capacidades tecnológicas del país y, al mismo tiempo, mejoren las expectativas del sector privado. Podrán argüir algunos que eso se está haciendo con la llamada agenda productiva o el comité de productividad recientemente formado. Pero, todo ello, parece más propio del quehacer normal, que una respuesta a problemas acuciantes.

Poco a poco se ha ido consolidando el consenso en torno a que la productividad de la economía nacional se ha estancado en la última década y que pasa el tiempo y no se termina de abordar con seriedad ese problema y la alta dependencia del cobre. Más aún, el comité de expertos que estima el PIB tendencial, concluye en cada ronda de consultas, que este viene cayendo sistemáticamente. Pero de esa constatación solo se derivan razones para una mayor prudencia fiscal. Parecería indispensable, por el contrario, que la Presidenta de la República convocara a un diálogo nacional amplio para discutir y concordar una estrategia de desarrollo nacional que nos permita avanzar en los campos indicados. No sería malo que la agenda del ministro de Hacienda les dedicara más tiempo a estos, los problemas económicos de fondo del país.

Eugenio Rivera
Fundación Chile 21