#Nosinnosotras

Publicado : 25 Enero, 2016 en Columnas Chile 21, Javiera Arce

|por Javiera Arce|


Los dos primeros años del gobierno de la Presidenta Bachelet, han estado marcados por una serie de reformas, entre las que cuentan las políticas. Se acabó el binominal, y se logró avanzar hacia una reforma de la atrasada ley de partidos políticos.

Sin embargo, contra todo pronóstico comenzó a instalarse la agenda de probidad, como consecuencia del destape de una serie de acciones ya naturalizadas por nuestra clase política, que recurrentemente solían pedir dinero a los grandes empresarios (y no tan grandes), para financiar sus campañas, pues para nadie es novedad que el dinero es determinante a la hora de obtener un triunfo electoral (no lo es todo, pero es de suma importancia).

Es así como mientras se discutía la reforma al Sistema Binominal, se introducían también modificaciones a las normas vinculadas con el financiamiento de la política, se rebajaban los límites del gasto electoral, y se discutió sobre la pertinencia de aportes reservados a las campañas, aportes provenientes de empresas, y financiamiento público de la actividad política.

La agenda de probidad adquirió relevancia y también la de género pudo al fin cristalizarse después de tantos años de postergación. Se concretaron al fin las cuotas de género en el sistema binominal y una serie de medidas de acción afirmativas para compensar la desigualdad política, se creó el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, se comenzó a hablar de aborto, y pese a su invisibilidad, se lograron aprobar provisoriamente cuotas para asegurar representación de mujeres en las mesas directivas de los sindicatos, federaciones y confederaciones de trabajadores, en la accidentada tramitación de la reforma laboral.

Por fortuna, las organizaciones de mujeres han podido incidir en parte de la tramitación de estos proyectos, pero aun es posible palpar la pérdida de fuerza de las organizaciones intermedias, y de cómo los asuntos relacionados con la construcción de una democracia paritaria no están en la retina de quienes toman decisiones, y fácilmente las demandas por una democracia inclusiva, se diluyen en la ceguera y prejuicios de quiénes se atribuyen mejor entendimiento y se atreven a “perfeccionar” los alcances obtenidos en espacios de la tramitación de las leyes en el Congreso Nacional.

Con todo, la democracia chilena ha avanzado, pero todavía se aprecian una serie de pendientes. En primer lugar, fortalecer los canales de comunicación entre la sociedad civil y quienes toman decisiones. En segundo lugar, relevar al lugar de importancia que poseen las temáticas relacionadas con equidad de género en las políticas públicas. La perspectiva de género necesariamente debe estar presente en todos los ámbitos de la gestión del Estado y la política. Es preciso recordar que las mujeres, representan más del 50% de la población nacional, por lo tanto, no son una minoría étnica o social. Mientras esto no se considere como un dato relevante, las políticas públicas seguirán fallando.

Durante la tramitación de la Ley de Partidos aprobada recientemente en el Senado, fue posible alcanzar la paridad en todos los cuerpos colegiados y mesas directivas, a través de una convulsionada discusión legislativa, en que algunos senadores planteaban lo “injusto” que implica instalar mujeres por secretaría. Lamentablemente el ejercicio de la política al interior de los partidos está lleno de dificultades y barreras de entrada para las mujeres, tanto en las culturas partidarias y la violencia ejercida por los caudillos, así como también por las zonas impenetrables para las mujeres como es la negociación política, la toma de decisiones, la interpretación de las reglas electorales, entre otras. La paridad, significa un avance sustantivo para incrementar el número de candidatas y mujeres en el ejercicio del poder político en el país.

Pese a lo debilitados que se encuentran los cuerpos intermedios, la acción de las mujeres organizadas ha tomado fuerza, y ha logrado en parte detener la ceguera de grupos y personas que toman decisiones, lo que marca un antes y un después en la acción colectiva, que de ahora en adelante, ninguna reforma podrá hacerse sin la opinión de las mujeres.