Un necesario balance

Publicado : 29 Diciembre, 2015 en Columnas Chile 21, Javiera Arce

|por Javiera Arce|


El año 2015 partió bien, se aprobó a fines de enero la reforma electoral al Sistema Binominal, estaba ingresando la esperada Reforma Laboral, se aprobaba además la primera parte de la Reforma Educacional que eliminó el lucro, la selección y el copago, y así se vislumbraba un 2015 exitoso que vendría a consolidar los éxitos alcanzados durante el 2014, que instaló la segunda era de Bachelet y su programa transformador.

Lamentablemente en el mes de febrero, mientras el país entero se encontraba distendido durante la época estival, explotó el caso Caval que involucró directamente al hijo mayor de la Presienta Bachelet y a su cónyuge, y vendría a marcar el inicio de una temporada de bochornosos episodios relacionados con la falta de probidad y transparencia en la función pública, que colocaría de manera forzada un eje no contemplado dentro de las reformas políticas en curso.

Durante el 2014 si bien existieron ciertos episodios de falta de coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo, en particular por la ya institucionalizada “cocina” del Senado que entra a modificar sustantivamente los avances de la tramitación en la Cámara de Diputados, se comienzan a notar con mayor fuerza las diferencias programáticas y electorales de los parlamentarios en relación al énfasis reformista del actual gobierno.

Lo anterior, hace referencia a que la Reforma Educacional, poseía en sus inicios una impronta transformadora del sistema, y apuntaba a realizar un cambio incremental enfocándose en robustecer la educación pública, para luego avanzar hacia la educación mixta e incluso a la oferta privada, no obstante las tensiones evidentes en el Congreso Nacional acabaron por desnaturalizarla, obligando al Ejecutivo modificar el proyecto para ampliar la cobertura hacia sectores medios, lo cual trajo como resultado una serie de desaciertos que terminaron en el Tribunal Constitucional con un fallo que obligó al Gobierno a alterar la glosa de gratuidad, en que en un momento de la discusión y el respectivo cabildeo, terminó por omitir a tres importantes universidades estatales, y en la segunda parte de la tramitación olvidó incluir a las universidades de carácter privado del Consejo de Rectores. Aún así, la glosa fue aprobada, lo que constituye un sólido antecedente para avanzar en una evolución del sistema educativo.

Respecto a la reforma de los partidos políticos, ha sido un espectáculo de pésimo gusto. La norma aprobada en el primer trámite es peor que la existente, salvo la introducción efectiva de una medida de paridad en los cuerpos colegiados de los partidos políticos (gracias al intenso lobby de las organizaciones de mujeres), el resto es un retroceso, en que las propuestas de probidad y transparencia de la Comisión Engel, fueron rechazadas de manera beligerante por la gran mayoría de los diputados en la Comisión de Constitución (desde la UDI hasta el PC), transfigurando el proyecto original y las indicaciones introducidas por la Segpres, en que se produce una evidente disonancia cognitiva, en que por una parte se demandan dineros fiscales para la actividad política, y por otra se mantiene la “autonomía” (libertinaje), y el enigmático funcionamiento enigmático de los procesos de toma de decisiones al interior de los partidos políticos, rechazando las indicaciones de transparencia y sobre todo aquellas que apuntaban a la coordinación de las elecciones entre los Tribunales Supremos de las tiendas y el Servicio Electoral.

Ahora bien, sería injusto sindicar a los equipos técnicos del gobierno todos estos problemas en la tramitación de las leyes. Por el contrario, existen personas de alto prestigio académico trabajando en cargos claves, pero en la discusión legislativa, es donde se están evidenciando los principales problemas y la naciente crisis institucional, se relación en la forma y fondo en cómo se discuten los cuerpos legales.

¿Por qué está pasando esto? Se han elaborado hipótesis que apuntan al exceso de autonomía de los incumbentes en sus cargos. Otras hablan de la escasa capacidad de tiempo y trabajo efectivo de los legisladores en la discusión de las normas, ya que la gran mayoría otorga mayor relevancia a estar en terreno capitalizando votos para su próxima reelección. Es importante recordar que los casos de financiamiento irregular de la política se relacionan tanto con las campañas, así como también con el financiamiento de las actividades en el territorio (Caso CORPESCA, PENTA y SQM).

A los puntos anteriores hay que agregar la escasa discusión programática realizada por la Nueva Mayoría durante la campaña presidencial de 2013, así como también la nula capacidad de la ex-Concertación de hacer una reflexión profunda sobre las causas de la derrota de 2010. Todos estos factores han confluido en un programa que choca con los intereses de ciertos sectores políticos de la Nueva Mayoría que terminan alterando y desnaturalizando los proyectos de Ley enviados por el Ejecutivo.

El 2016 es un año electoral. El gobierno y la Nueva Mayoría deberán tomar definiciones sobre a quiénes otorgar un mayor énfasis en las próximas políticas públicas. No será posible dejar contentos a moros y cristianos (empresarios y ciudadanos). Será el año en que se tendrán que tomar decisiones acerca de mantener tal como ha quedado la Reforma Laboral, cuyos principales avances consistían en entregar titularidad sindical y el fin al reemplazo en huelga, que fue “cocinado” en el Senado y relativizó los avances (no hay avances). Será crucial saber qué pasará con la reforma a los partidos políticos, que hasta ahora representa un retroceso para la democracia actual, y que de mantenerse pondría en riesgo la legitimidad del sistema de representación política, que en la actualidad goza de mal prestigio. La reforma educacional que se aproxima, será clave, en la cual hay que precisar si fortalecer los planteles públicos o en su efecto seguir subsidiando la oferta, como lo planteado en la glosa recientemente aprobada ¿Se profundizará en descentralización? ¿Se fortalecerá la transparencia y probidad en la función pública? ¿Habrán modificaciones en materia de salud y previsión?

De todas estas reformas dependerá entonces cuántos electores concurrirán a las urnas ¿Se incrementará la abstención o se revitalizará el paisaje político?.