Derechos y economía en la carrera presidencial que viene

Publicado : 22 Diciembre, 2015 en Columnas Chile 21, Eugenio Rivera

|por Eugenio Rivera Urrutia|


La encuesta CEP ha removido el panorama presidencial. Una entrevista en La Tercera a José Pablo Arellano deja en evidencia que, junto con resolver el tema de los presidenciables, será necesario debatir y optar por las diferentes propuestas económicas en juego.

Al referirse a la coyuntura económica y la evaluación de lo avanzado, Arellano ayuda a configurar uno los proyectos políticos y económicos que competirán en las elecciones presidenciales del 2017.

Esto es sin duda positivo. Una explicación importante de los problemas que ha enfrentado la gestión política de las reformas en el actual Gobierno fue la escasa deliberación que tuvo lugar en el 2013 respecto de la dirección que debía tomar el proceso de cambios encabezado por la Presidenta de la República. Ello tuvo como consecuencia que los principales detractores de las reformas fueran algunos de los propios miembros de la coalición oficialista.

Es así como en el campo económico se empiezan a percibir dos miradas.

Arellano esboza la primera de ellas. Pone el acento en la trayectoria que han tenido las finanzas públicas y propone que el Gobierno establezca como objetivo central volver al equilibrio presupuestario y busque alcanzar una deuda pública neta igual a cero. Para ello propone retomar la (presuntamente perdida) disciplina fiscal y restablecer el énfasis en el crecimiento. En relación con el primer objetivo no se sugieren medidas específicas; sino proposiciones genéricas como son corregir las expectativas (desatadas según Arellano como efecto de que algunos no terminan de aceptar que el boom de los commodities ha terminado) y fortalecer las instituciones que hacen posible una política fiscal sana y una propuesta clara de romper con la orientación fundamental de este gobierno: concebir la salud, la educación y la vivienda como derechos universales garantizados. Es así como Arellano propone restablecer la focalización como eje estructurante de la política social. No parece advertir que la política de focalización permitió, junto con una relación desequilibrada entre empresarios y trabajadores, la persistencia de altos niveles de desigualdad.

En el campo del crecimiento las propuestas se limitan a demandar la reversión de las reformas, en particular la reforma laboral y el debate constitucional, con el argumento de que generan incertidumbre en los inversionistas. Poco preocupa a Arellano la desafección que genera en la ciudadanía el actual orden político y económico. Tampoco aborda los problemas estructurales que vienen afectando a la estrategia de desarrollo vigente. Arellano pretende reponer las miradas que guiaron la política económica y social de los primeros años de la Concertación.

El Plan Auge, la creación del pilar solidario en pensiones y la reforma educacional, más allá de sus problemas, se han desarrollado sobre las bases de una nueva mirada. Por ello que la entrevista de Arellano aparece como extemporánea. Incluso el Banco Mundial que otrora compartió la focalización y una visión ortodoxa en materia fiscal indaga en nuevos caminos. Arellano lamenta que se haya retrocedido en materia de deuda pública. Recuerda con cierta nostalgia la reducción que experimentó la deuda pública en la segunda mitad de los 90. No obstante habría sido importante que Arellano recordara también que la contrapartida de esa política de austeridad fue la renuncia del Estado a explotar valiosos yacimientos mineros de Codelco que, con el argumento de que el Estado carecía de recursos, fueron privatizados. Las empresa privadas que comenzaron la explotación de esos yacimientos, recuperaron a partir del 2005 varias veces sus inversión, alcanzando rentabilidades anuales que superaban el 100%. Si se tienen en cuenta las discusiones en marcha respecto de la capitalización de Codelco se evidencia la actualidad de esta discusión.

Finalmente, no deja de llamar la atención que Arellano proponga impulsar las concesiones como forma de enfrentar la falta de recursos del sector público. Las concesiones son un instrumento necesario y viable; no obstante el personero no toma en cuenta que buena parte de las obras posibles de ser concesionadas, como son nuevas carreteras, hospitales y otras son obras que solo excepcionalmente podrán ser pagadas por los usuarios y deberán ser financiadas por el Estado. En este camino, el Fondo de Infraestructura que se está proponiendo al interior del Gobierno puede ayudar pero difícilmente va a evitar compromisos crecientes del Estado.

Una segunda mirada parte también de la constatación de que el boom de loscommodities ha terminado. Ello no significa que de aquí a unos 3 o cuatro años, en particular como producto de que las grandes economías emergentes recuperen el dinamismo económico, se pueda vivir un nuevo episodio de buenos precios de nuestros productos tradicionales de exportación. Se concuerda también que una política fiscal sana es indispensable. No obstante, como incluso sostienen algunos economistas de derecha, la regla fiscal plantea algunas dudas. Crece por ejemplo la convicción de que nuestro país no aprovechó el boom del cobre de los últimos 10 años para construir nuevos impulsores del crecimiento económico que pudiesen en la actualidad haber tomado el rol dinamizador que el cobre y otros bienes primarios jugaron en ese período. Son sin duda muchos los factores que explican esta situación. No obstante, un factor fundamental es el que jugaron los ministros de Hacienda del período 2006-2014, que permanentemente, en épocas de “vacas flacas y vacas gordas”, priorizaron el equilibrio fiscal por sobre la contribución del Estado al desarrollo de una economía más eficiente y productiva. Es así como existe un consenso entre los especialistas que la productividad de la economía sufre de un estancamiento congénito y no avanzamos suficientemente en su diversificación.

No cabe duda que el papel del sector privado es crucial en el crecimiento de la productividad, pero también es cierto que el Estado y la concertación social son esenciales para generar nuevas industrias. Desde esta segunda mirada se releva, además, el carácter estratégico que tiene la reforma educacional no solo para avanzar en la igualdad sino que también para generar los recursos humanos necesarios para enfrentar los desafíos de una economía moderna y la reforma laboral para generar las bases económicas de una más efectiva concertación social. La nueva Constitución representa en este contexto, el esfuerzo por actualizar las reglas fundamentales de la convivencia y fijar los derechos sociales sobre los cuales se construye la perspectiva común.

Esta discusión no representa un mero debate técnico ni tampoco un divertimento académico. Llevado de manera adecuada, permitirá poner sobre la mesa tanto las diferencias en el campo de las estrategias económicas como las consecuencias para el proyecto político y el acuerdo programático. Son posibles dos escenarios.

El primero, que sea viable concordar una mirada que supere las proposiciones en discusión y conduzca a una nueva propuesta común. Es posible también que se concluya que estás miradas son constitutivas de proyectos distintos que pudieran llevar a una reconfiguración de la alianza indispensable entre el centro y la izquierda. A veces se tiene la impresión que las diferencias que han surgido al interior de la coalición de gobierno señalizan que la futura justa electoral y las perspectivas de éxito pasan por configurar una mayor unidad de propósitos frente a los grandes desafíos que enfrenta el país. Al mismo tiempo, resulta indispensable definir reglas para enfrentar las diferencias de criterio en la coalición que evite que la mayoría sea rehén de una minoría.