Deliberación pública y proceso constituyente

Publicado : 09 Noviembre, 2015 en Columnas Chile 21, Javiera Arce

|por Javiera Arce y Tania Busch|


El pasado 13 de octubre, fue presentado por la Presidenta de la República el itinerario del proceso constituyente que traza el diseño del largo camino a recorrer para alcanzar el cambio constitucional. Dicho comunicado, planteó un itinerario de seis pasos a seguir, con astucia política, no cerró la puerta a ninguna de las alternativas de mecanismo o procedimiento, esquivando el bulto más pesado del problema constitucional. La discusión en los medios parece no considerar de mayor relevancia las primeras etapas del proceso, concentrándose el debate entre columnistas, académicos y epístolas al director en las etapas en que el problema constitucional llegará al Congreso Nacional, que al parecer es más relevante que las primeras dos etapas planteadas: la habilitación para el debate y la deliberación ciudadana.

La primera etapa del proceso constituyente, busca hacerse cargo de las significativas asimetrías informativas entre la población, que impiden el efectivo ejercicio ciudadano. Se comenzará por una educación cívica de carácter constitucional que intentará suplir décadas de ausencia de la formación mínima que habilita para un ejercicio efectivo de la ciudadanía. Una reciente entrevista al encargado administrativo del proceso, como se autodenominó el Ministro Secretario General de la Presidencia Nicolás Eyzaguirre, aclaró que esta labor educativa podría caer en los profesores, cuya misión será fundamental: corregir más de 40 años sin educación cívica formal incorporada en los planes y programas de los estudiantes. Hablamos de más de tres generaciones. Su consecuencia: el desprestigio y desafección respecto de la política, ha decantado en un intenso y sostenido abstencionismo electoral, que sumado a un escenario de voto voluntario y el despeje de casos de corrupción, probablemente siga incrementándose en los comicios que se avecinan.

En segundo lugar, fue anunciada la etapa de “diálogos ciudadanos libres, transparentes y sin presiones”, cuyo objetivo es sentar las “bases ciudadanas para la nueva constitución”. Este proceso será vigilado por un Consejo Ciudadano de Observadores, a quienes se les atribuirá la responsabilidad de decidir sobre le método, forma y administración de dicho proceso. Es allí donde aparecen las primeras dudas ¿Qué método se aplicará para recolectar esta información? Si los diálogos ciudadanos no son vinculantes, la efectividad del proceso deliberativo se jugará en cómo se recogen efectivamente las temáticas planteadas por las y los ciudadanos en el documento que establece las bases para la nueva constitución. Luego, resulta fundamental saber quiénes compondrán este Consejo Ciudadano de Observadores, qué se entenderá por “reconocido prestigio y trayectoria”, qué criterios hay detrás de cada persona que compondrá esta instancia, y si dentro de las garantías del proceso se está o no pensando en garantías a grupos desaventajados ingresar al proceso, por poner sólo un ejemplo.

La etapa de la deliberación constitucional y el diseño metodológico resulta fundamental, sin embargo poco se ha dicho o escrito sobre esto. No obstante, nos parece que esta cuestión es una oportunidad importantísima. Si la democracia representativa no parece ser suficiente, y no contamos con mecanismos que permitan la existencia de una democracia participativa, un ejercicio colectivo de civismo y razonamiento de la res públicacomo el propuesto podrían acercarnos al ideal de la democracia deliberativa: aquella en que la mayoría decide, pero que otorga a todos los potencialmente afectados por una decisión de la voluntad pública la posibilidad y expectativa razonable de que se consideren sus argumentos, intereses y posiciones, de modo se pueda formar la voluntad pública atendiendo a las mejores razones y no sólo a la agregación de intereses.

En este sentido, la experiencia brasilera de las Conferencias Nacionales de Políticas Públicas, podría servir como base metodológica para recabar la información necesaria. Si bien estas conferencias no son vinculantes, han traído como consecuencia la movilización de una serie de actores y de la ciudadanía que se moviliza en torno a ejes temáticos de la política pública, y su efectividad se ha visto plasmada en una serie de proyectos de ley propuestos al Congreso y posteriormente aprobados.

La gracia de los mecanismos participativos y deliberativos, es incorporar ideas frescas de quienes son receptores de las decisiones y acciones del gobierno. Sus positivos efectos consisten en que la propia participación ciudadana permite visibilizar a grupos específicos de la población que son constantemente soslayados a causa de la ceguera de quienes toman decisiones. Thamy Pogrebinschi y Fabiano Santos, poseen un extenso trabajo al respecto, que sería muy interesante pesquisar y observar cómo la experiencia brasilera ha sido efectiva en este tipo de instancias de participación ciudadana.

Conforme al diseño trazado, de estos diálogos participativos se levantarán los contenidos para las Bases Ciudadanas que se entregarían al Congreso el segundo semestre de 2016. Quién redacte este documento y de qué modo se ordenen los contenidos obtenidos de la etapa de deliberación ciudadana será determinante.

La deliberación democrática se construye en la esfera pública, sin embargo, para que exista una verdadera democracia, todas las personas que participen deben estar en igualdad de condiciones a lo menos en materia informativa. A este respecto, el Congreso ha tomado la delantera, en desmedro de la ciudadanía, los partidos políticos y los medios de comunicación, por lo que la promesa de una construcción participativa del nuevo contrato social no sería tal, sino más bien la ciudadanía continuará teniendo una actitud contemplativa mientras las élites negocian.

Todavía no existe claridad respecto de cómo se harán operativas las primeras etapas del proceso constituyente. La profundidad y seriedad con que se enfrenten estas primeras etapas determinarán la viabilidad de las etapas “formales”, por lo que es de esperar que las dudas se despejen a la brevedad. La habilitación de la ciudadanía para un ejercicio colectivo de razón pública podría ser una oportunidad preciosa y tener un sustantivo impacto no sólo en la legitimad del proceso constitucional, sino también en nuestra cuestionada democracia.