Empresas y campañas políticas: ¿Pastelero a tus pasteles?

Publicado : 22 Julio, 2015 en Columnas Chile 21, Rafael Urriola

|por Rafael Urriola|


Los hechos que han conmocionado a la opinión pública en lo que va transcurrido del año han evidenciado vínculos muy estrechos entre empresarios y políticos. ¿Qué tienen en común empresas como Penta, SQM, Corpesca, Aguas Andinas (todas ellas mencionadas en los sucesos comentados)? Aparentemente, nada, salvo que actúan en calidad de monopolios u oligopolios en sus respectivos mercados. Lo anterior, que es una fortaleza económica, puede transformarse en debilidad para los directivos en un país que decidiese ejercer un rol regulador, justamente en los mercados con menos competencia.

Esta eventualidad no sólo se expresa en las regulaciones, sino también en concesiones y, a veces, incluso en fijación de precios. En esta perspectiva, como lo recuerda la teoría económica, hay un peligro latente que es la “captura del regulador”. Entiéndase por ello, a funcionarios públicos que toman decisiones, parlamentarios e incluso otros representantes de elección popular.

En consecuencia, resulta difícil para la opinión pública -y así lo ha hecho sentir- que donaciones institucionales desde las empresas no busquen alguna retribución en el caso que lo amerite. Por ello, la transparencia de los bienes de los servidores públicos y la posibilidad de someter a juicio público sus variaciones patrimoniales, son pasos importantes, así como los votos emitidos.

Las empresas han perdido confianza cuando se ha conocido la manera de intervenir en la política. Sus puntos de vista e intereses están directamente representados y difundidos a través de las numerosas asociaciones gremiales que existen en el país. Asimismo, los aspectos relacionados con la responsabilidad empresarial para con el entorno social, pueden expresarse -como de hecho se hace- a través de obras de desarrollo o mitigación con organizaciones sociales o en conjunto con instancias locales.

En el caso de donaciones de particulares a partidos y campañas -especialmente cuando superen un monto razonable- deben adoptarse mecanismos que ayuden a transparentar las decisiones de los donantes y las de los receptores de fondos.

Sin embargo, lo más decisivo para evitar fórmulas mucho menos transparentes que las actuales, como las conocidas “cajas negras” en que el dinero circula sin traza de las transacciones involucradas, es que el país reduzca de manera crucial los montos máximos autorizados para las diferentes campañas.

Por cierto, tal decisión solo podrá tener relevancia si, simultáneamente, se fortalecen las capacidades de control de las campañas por parte del Servicio Electoral y si las sanciones empiezan por la pérdida automática del cargo y un mecanismo que impida que la sucesión quede en manos de algún partido.