El rumbo de la economía

Publicado : 07 Julio, 2015 en Columnas Chile 21, Eugenio Rivera

|por Eugenio Rivera|


El 0,8% de crecimiento del Imacec de mayo en 12 meses cayó como balde de agua fría sobre las autoridades económicas. El término “débil crecimiento” está dando lugar, nuevamente, a una aparente desaceleración económica. Es cierto que las cifras de un mes no marcan tendencia. Habrá que esperar lo que muestran las cifras en los próximos meses, para una conclusión más fundada. Los bajos niveles alcanzados en los meses de junio – agosto del año pasado pueden tener como consecuencia un mejor desempeño estadístico en esos meses del presente año.

La exposición del Ministro de Hacienda y del director de Presupuesto fue de dulce y agraz. El déficit fiscal efectivo para el presente año alcanzaría 3 puntos del PIB por encima del 1,9 presupuestado. No obstante, el déficit estructural sigue estimado en el 1,1% esperado; reconociendo, eso sí, que se podría incrementar como efecto de una eventual caída adicional del PIB potencial.  La reforma tributaria estaría mostrando una recaudación significativa, por la reforma del impuesto de Primera Categoría.

Frente a estos datos, los diagnósticos difieren. Para la oposición, asociaciones empresariales y algunos economistas la economía creció dinámicamente bajo el Gobierno de Piñera y si bien en su último año de Gobierno, el crecimiento sufrió una cierta desaceleración por efecto del fin del ciclo minero y un cierto recrudecimiento de los problemas de la economía mundial; como efecto del anuncio de las reformas que desarrollaría el Gobierno de Bachelet en el 2013, la desaceleración económica se acentuó. Con la implementación de las reformas tributaria y laboral sumado al anuncio de que se cambiaría la Constitución, se impactó negativamente las expectativas empresariales lo que ha tenido como consecuencia una caída de la inversión y del consumo.

Para la derecha y las asociaciones empresariales, la salida de esta situación es lisa y llanamente detener y en lo posible retrotraer el proceso de reformas. Es así como, se propone elaborar un proyecto de ley que supere lo que ellos denominan “problemas técnicos” de la reforma tributaria del 2014; eliminar en el Senado la titularidad sindical, el fin del reemplazo en las huelgas y sustituir por medidas que de flexibilidad laboral y la preocupación por los desempleados en la reforma laboral. Estas medidas generarían automáticamente el reinicio de la inversión privada. Asociado a esto proponen, volver rápidamente al equilibrio estructural fiscal, lo que implica un crecimiento bajo del gasto público en el año 2016 para así detener por el lado del financiamiento el avance de las reformas. En el fondo se propone volver a la situación antes del inicio de las reformas como solución a los problemas. Lo que no se explica es por qué las condiciones normativas que llevaron a una economía a un crecimiento mediocre, en la actualidad dejarían de hacerlo. Ello sin contar con el malestar ciudadano que generaría la reversión de las reformas.

Frente a estas postura, surge una visión alternativa. La desaceleración económica iniciada desde fines del 2012 y que se acentuó en el 2014 es resultado en primer lugar de problemas estructurales que se vienen arrastrando desde hace por lo menos una década. Entre ellos destacan, el estancamiento congénito de la productividad, las deficiencias de la formación de los recursos humanos, la baja inversión en ciencia y tecnología, los problemas crecientes que enfrenta la infraestructura, la falta de mocernización de la PYME y y la caída persistente en los últimos años de la participación de la Industria en el PIB. El aumento de los costos de energía es también importante. El buen crecimiento de la economía durante el Gobierno de Piñera, fue resultado de tres elementos coyunturales que atenuaron el efecto de los problemas estructurales: el típico rebote que experimentó la economía en los años 2010 y 2011 luego de la caída del PIB en el 2009 como efecto de la crisis económica internacional del 2008;  el esfuerzo de reconstrucción que tuvo que realizarse luego del terremoto del 27 F y el alto precio del cobre en los años 2011 y 2012. Pasado el efecto de estos elementos, la economía volvió a su cauce normal de 4%, que fue el crecimiento del 2013.

En el contexto de los problemas estructurales anotados, inciden también el panorama internacional adverso y lleno de incertidumbres de los últimos dos años (pese al bajo crecimiento esperado, la economía chilena es según el FMI la tercera mejor situada en est año en América Latina), los problemas internos, entre los que destacan el fin del ciclo minero, asociado a una fuerte alza de costos (por caída de ley, falta de inversiones y alza de costos laborales); condiciones más onerosas para invertir en bienes de capital como efecto de la caída del tipo de cambio. Finalmente, aparece el tema de las expectativas asociadas a la guerra comunicacional desarrollada por la derecha y el empresariado que se ve afectado por que se avisora una cancha más pareja (reforma laboral) y una mayor contribución al financiamiento de la pobre oferta de bienes públicos del Estado chileno.

Existe amplio acuerdo que el crecimiento es clave, el problema es como apuntamos en esa dirección. En lo que se refiere al corto plazo, el gasto público tiene que mantener el ritmo de crecimiento del presente año. Son diversos los problemas que afectan al sector privado, (débil crecimiento del consumo, encarecimiento de los bienes de capital como producto del alza del tipo de cambio, dificultades para las Pymes de acceder al crédito y tasas altas cuando se accede) y es necesario por tanto mantener el impulso fiscal en los niveles que alcanzó el presupuesto del 2015 en el 2016, hasta que la inversión privada recupere su andar. Ese es el sentido de la política del superávit estructural; esto es, que se busca  generar recursos para los momentos difíciles del ciclo económico. Es por ello que no resulta razonable, pretender reducir los déficits efectivos cuando se enfrenta una situación económica débil o autoimponerse una meta de equiblibrio estructural de las finanzas públicas para el año 2018, cuando es necesario financiar las reformas estructurales y la expansión de la infraestructura que permitirán ampliar la plataforma productiva de Chile. Multiplicar los recursos para la modernización productiva de la PYME tendría impactos muy favorables.  Desde el punto de vista macroeconómico el país está creciendo desde el 2013 bajo su capacidad potencial; ello genera espacio para una polítca expansiva, reduciendo los peligros inflacionarios. Cabe por tanto considerar la reducción de la tasa de política monetaria.

En lo referido al largo plazo, un problema crucial es la caída del producto potencial como efecto de la baja inversión que caracteriza a nuestra economía  lo que hace indispensable enfrentar los problemas estructurales que afectan al país. Ello fue reconocido por el ministro en su exposición. Sin embargo, su propuesta en este campo es seguir con las acciones y el nivel de recursos aplicados. Especificamente propone aprobar la agenda de transparencia y probidad,  mejores mercados y mas competencia,  avanzar en infraestructura y abordar el problema de la Energía . Todos estos elementos son importantes, pero corresponden a la agenda normal y no da cuenta de los requerimientos de una economía que enfrenta problemas estructurales crónicos.

En efecto, esas propuesta no son suficientes para enfrentar un proceso sostenido de caida del PIB potencial. Por ello, es necesario avanzar y consolidar las reformas en marcha. En el campo tributario es necesario implementar eficientemente todas las medidas que contiene la reforma tributaria del 2014. Ya se notan los efectos positivos. Los cambios relacionados con el impuesto de primera categoría han permitido aumentar la recaudación en casi un 10%, pese al bajo crecimiento económico. En el campo educacional, es fundamental avanzar con la reforma de manera de provocar el mejoramiento que requieren los recursos humanos para dar el salto hacia el desarrollo (se requiere eso sí mejorar la capacidad de diálogo con los diferentes actores sociales involucrados). Incentivos sustantivos al traslado de capital humano a las regiones puede tener resultados muy positivos y rápidos para el desarrollo de las regiones. Es fundamental, que la educación básica y secundaria generen las capacidades generales y el sistema universitario y técnico profesional entreguen los trabajadores que requiere una economía intensiva en conocimiento. Es clave, además para ello que las universidades cumplan su rol en investigación y desarrollo. Para ello necesitan cambios culturales y acceso a nuevos tipos de financiamiento. El gasto público en este campo no puede estar limitado por la situación fiscal de corto plazo. En el campo de infraestructura se requiere un programa similar al que se construyó en 1995 y que cambio la faz de Chile. Se trata de inversiones que apuntan a desarrollar la capacidad productiva del país y por tanto para determinar su financiamiento es necesario tener una mirada de largo plazo. Podremos cubrir con creces los mayores requerimientos fiscales y un eventual mayor endeudamiento si invertimos hoy en fortalecer la capacidad productiva del país.

No se trata de que la economía deje de ser una restricción. No se trata tampoco de no valorar una política estructural no deficitaria en el largo plazo . De lo que se trata es que el sector público, aprovechando las holguran, que si bien se han reducido respecto del 2008, permiten enfrentar los desafíos indicados. No se trata de cualquier gasto ni siquiera de cualquier inversión, como indicó el senador Montes en la sesión de la Comisión Mixta de Presupuesto, sino de aquellos necesarios para estimular al sector privado, aumentar la capacidad productiva del país en el largo y resolver los problemas sociales más urgentes del país.