Víctimas de delito y políticas públicas: Un nuevo escenario

Publicado : 25 Mayo, 2009 en Prensa

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Mucho se habla hoy en día de las víctimas y sus necesidades. Sectores como el académico, político, gubernamental y social, qué acciones debiera emprender el Estado, en pos de reconocer los derechos de las víctimas, o más aún, de satisfacer sus necesidades.

Sin perjuicio de este interés legítimo, y a objeto de no hacer victimagogia, resulta interesante revisar el escenario nacional e internacional, y la evolución que han tenido las políticas públicas en estas materias, es decir, cómo la relación Estado, derecho penal e individuo, ha ido delimitando ámbitos de acción, en un campo que aún está plagado de discusiones y desafíos.

Partiremos precisando que nos referiremos a las víctimas de delito, “actuales o reales”, y no a aquellas potenciales, es decir, no a la sociedad en general, que identificada, legítimamente, con los efectos particulares de la victimización, piden respuestas punitivas intensas por parte del Estado, distrayendo la mirada respecto de cuáles son los elementos a considerar si pensamos en una política victimológica tendiente a ofrecer apoyo, protección y asistencia, de modo que le permita a la víctima salir de su condición y no cronificar este status.

La reacción social frente al delito, el intento de compensar a las víctimas, es tan antigua como la historia del hombre. Durante la época de las leyes taliónicas, podemos observar cómo se establecía un rango de victimicidad, de manera que según fuese la categoría de víctima, se aplicaba “el talión” o la reparación económica del daño, entendiendo que el interés propio y natural de la víctima es la venganza.

Con la emergencia del Estado, como organización social soberana y coercitiva, le es “expropiado” el conflicto a la víctima, como una forma de regular y evitar la venganza desmesurada y la autotutela, neutralizando a la víctima mediante la acción penal pública, es decir, monopolizando la reacción penal.

Al pensar en los “seres humanos” afectados por la victimización, esto puede resultar abstracto y poco comprensible, ya que no debemos olvidar que la infracción a la Ley Penal se traduce habitualmente en una grave vulneración de derechos, ya sean privados o públicos, individuales o colectivos, y tiene su expresión en el sistema de administración de justicia que cuenta con un ente autónomo encargado de llevar adelante la acción penal pública, una Defensoría Penal, destinada a velar por el cumplimiento de las garantías procesales de los imputados y Tribunales de Justicia, abocados a mediar los conflictos penales.

Sin embargo, a pesar de existir mecanismos modernos y garantistas de administrar la justicia, el derecho penal no logra mitigar las consecuencias de la victimización a causa del delito y tampoco es su objeto.

El debate internacional, por tanto, excede la mera discusión “jurídica” respecto de las necesidades de las víctimas, centrándose más bien en aquellos derechos humanos vulnerados y en las consecuencias de su transgresión; así como en el rol que le compete al Estado, en tanto garantista de derechos ciudadanos. En esta línea, se cuenta con una serie de documentos que plasman la evolución de esta discusión, y que sirven de guía para la formulación de políticas públicas en estas materias, entre los que destaca la Resolución 40/34: “Sobre Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder” (ONU, 1985).

Nuestro país presenta importantes avances en el tema, contamos con los primeros datos empíricos acerca de cuáles son las necesidades que las propias víctimas perciben y deben ser satisfechas desde el Estado (ENUSC, 2007). Además, Chile cuenta con una red de centros que prestan asistencia victimológica, articulada  principalmente desde organismos estatales (Policía de Investigaciones, Ministerio del Interior, SERNAM, SENAME, Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud, Ministerio Público y Carabineros de Chile), que si bien es incipiente, deja entrever una aproximación comprehensiva de una problemática que puede afectar distintos ámbitos de la vida de una persona, es decir, su salud mental, física, su patrimonio, su actividad laboral y social, y que por tanto, requiere de un abordaje integral.

Sin perjuicio de lo anterior, tenemos una gran deuda con las personas afectadas por delitos violentos. La experta mexicana María de la Luz Lima, propone un triángulo estructural necesario para la implementación de modelos de atención, cuyo requisito fundamental es la legislación, expresada a través de un mandato, reglamento o Ley Orgánica, que manifieste una declaración de voluntad soberana, que reconozca los derechos que asisten a las víctimas de delitos violentos; legislación que por cierto, debe contemplar ciertos mínimos, como la asistencia (psicológica, social, médica), el resarcimiento, la indemnización y el acceso a la justicia y trato justo, sólo de esta manera contaremos con una política pública que dé sustento real a las actuales iniciativas del Estado.

No es posible continuar debatiendo respecto de las necesidades de las personas desde lugares comunes, como lo son las ya mencionadas respuestas punitivas, es decir, continuar argumentando que “las necesidades” de las víctimas encuentran satisfacción en el castigo al infractor, y que por tanto, debemos proporcionarle defensa a cada persona victimizada. Lo anterior, junto con ser una falacia, conduce a un reduccionismo del ser humano y a una respuesta sesgada de una problemática en extremo compleja, que debe ser abordada por una política seria e integral, donde el acceso a la justicia y el trato justo sea un elemento fundamental, así como la restitución de las condiciones de bienestar alteradas a consecuencia de la victimización.