Comisión asesora: ¿la solución a nuestros males?

Publicado : 13 Marzo, 2015 en Columnas Chile 21, Gloria de la Fuente

|por Gloria de la Fuente|


Nadie podría negar que estas últimas semanas en política han parecido una eternidad. A las consecuencias aún insospechadas que tendrán los casos Penta y Caval en tribunales, se suman las críticas en todo el espectro político por el manejo de las distintas crisis tanto en el Ejecutivo como en los partidos afectados, especialmente en la dilación y el titubeo a la hora de tomar decisiones para controlar el daño; o dicho en lenguaje hiperbólico, contener la hemorragia para evitar el desangramiento. En efecto, aunque es política de ficción a estas alturas, es posible que una respuesta más enérgica a ambas crisis hubiese significado acotar el conflicto y no extenderlo al conjunto del mundo político, como parece ser inequívocamente la señal hoy.

En tal contexto, y como una manera de mostrar el claro compromiso con la probidad, la transparencia y el fin de una relación incestuosa entre política y dinero, la Mandataria decidió convocar a una comisión asesora presidencial transversal para estudiar propuestas para evitar que escándalos como los conocidos durante este verano tengan nuevamente cabida en el sistema político. No cabe duda que cada uno de los miembros de la comisión tiene méritos de sobra para estar ahí, cuestión que queda demostrada con la trayectoria académica y/o profesional de cada uno. No obstante, vale la pena preguntarse, ¿es la creación de esta comisión y lo que de ella emane, la solución a nuestros males? Creo que la respuesta es tajantemente NO.

No es que las comisiones asesoras presidenciales no sean una buena instancia de diálogo sobre políticas públicas. De hecho, en el pasado han demostrado ser un espacio adecuado para llegar a consensos escuchando tanto a expertos como a la sociedad civil, pero en circunstancias políticas como las actuales, es posible que esta comisión no sea más que una raya en el agua. En efecto, la actual situación de crisis de la política se ha agudizado con la aparición de los casos de corrupción y supuesto tráfico de influencias, pero son la muestra clara de una descomposición que se venía larvando desde antes. Hace años los signos eran evidentes: altos niveles de desconfianza en Chile en las instituciones políticas y la pérdida del sentido de lo público que venían mostrando distintos análisis, entre ellos, Auditoría a la Democracia, Latinobarómetro, Informe de Desarrollo Humano, entre otros.

En tal sentido, parece gravoso y hasta iluso pensar que la solución a los problemas de nuestra democracia pueden surgir en 45 días de la mano de esta instancia, no porque las soluciones que eventualmente propongan no puedan ser las correctas en materia de regulación entre política y dinero, sino porque el problema de nuestra democracia parece ser más profundo y estar radicado en la exclusión permanente de un actor fundamental para el sistema, como es la ciudadanía, a la que se interpela electoralmente, pero se le pide poco más allá de eso, dando espacio a esa crisis del poder que Rossanvallon llama la “contrapolítia”.

Por eso llama la atención que si uno de los ejes estructurales del programa de gobierno es el cambio a la constitución, no se asuma en este contexto esto como parte del objetivo transformador de la forma de hacer política y de un nuevo trato en lo económico, social y cultural. Nuestra Constitución no sólo es ilegítima porque fue elaborada en dictadura y aprobada en un plebiscito fraudulento, sino que ha sido también una traba constante para el desarrollo de nuestra democracia, porque limita la expresión de la ciudadanía. No deja de ser sintomático, entonces, que pasado un cuarto de siglo de la recuperación de la democracia y 35 de la puesta en marcha de la constitución que actualmente nos rige, no seamos capaces aún de darle una salida adecuada a aquello que está pendiente en nuestro ordenamiento institucional más básico. Ello, por cierto, no es resorte de los comisionados, sino del liderazgo que puedan ejercer quienes han sido mandatados para conducir los destinos de nuestro país.