¿Sindicatos en el Estado?

Publicado : 05 Marzo, 2015 en Columnas Chile 21, Eugenio Rivera

|por Eugenio Rivera|


EN UNA reciente intervención pública, Eugenio Tironi señalaba que en Chile ha habido un traspaso gigantesco e histórico de poder de la elite tradicional a nuevos actores y que la coalición liberal que gobernó el país post dictadura, se acabó. Esto debe manifestarse, también, en un cambio en las relaciones laborales en el sector público. Es por ello que el gobierno ha anunciado el envío de un proyecto de ley para “institucionalizar la negociación colectiva” en el sector público y el derecho a sindicalización de estos funcionarios, incluido el personal a honorarios. Esta iniciativa responde a una antigua demanda de los empleados públicos y a uno de los compromisos programáticos del gobierno. Es una apuesta más a favor del diálogo social como instrumento del progreso social y el crecimiento.

Varios acuerdos de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) -organización en que participan representantes de los gobiernos, los empresarios y los trabajadores- aseguran el derecho del servidor público de asociarse en sindicatos, realizar negociaciones colectivas referidas a sus condiciones de trabajo y ejercer el derecho de huelga dentro de las limitaciones que impone el interés público. Una gran mayoría de países desarrollados, incluidos los Estados Unidos, Francia, los países nórdicos y Alemania, reconocen estos derechos. La OIT reconoce el derecho de huelga a los trabajadores del sector público. Las dos únicas excepciones en que se admiten restricciones, pero no la prohibición absoluta, es respecto de los funcionarios públicos que “actúan como órganos del poder público” y “en los servicios esenciales en el sentido estricto del término. Se considera como esenciales aquellos “servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población”. Ejemplos son los servicios de agua, hospitalarios y de controladores del tráfico aéreo. 

El país necesita un Estado que preste servicios de alta calidad,  un personal calificado y motivado, y la presencia de valores éticos que impidan la corrupción. Hasta ahora la línea matriz de la modernización del Estado ha sido una que prescinde en demasía de la participación de los trabajadores, que prefiere mantener situaciones anómalas como es el alto número de personal a contrata, en lugar de enfrentar los problemas difíciles que plantea un proceso de modernización de la gestión pública, que requiere la continua adaptabilidad de las plantas y de los equipos de trabajo. La introducción del derecho generalizado a la sindicalización y de la negociación colectiva en el sector público traerá grandes beneficios a los trabajadores del sector, pero además, el diálogo reforzado que producirá, puede permitir abordar temas como la flexibilidad que requiere el sector público. Eso facilitará la construcción de nuevas instituciones y la adecuación de las existentes, evitando que entidades que prestan servicios muy importantes y que involucran grandes inversiones, como es la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, no sean más que una glosa presupuestaria, con los riesgos que ello implica.