Etica política e integridad democrática

Publicado : 03 Marzo, 2015 en Columnas Chile 21, Gloria de la Fuente

|por Gloria de la Fuente|


Desde la perspectiva de los estándares internacionales en materia de gobernabilidad, calidad de la democracia o percepción de la corrupción, Chile se encuentra en una posición privilegiada en América Latina. Dichos datos contrastan con la evaluación que tienen en general las personas respecto al funcionamiento de las instituciones políticas, apreciándose en general una baja satisfacción con el funcionamiento de la democracia, altos niveles de desconfianza en los partidos políticos y bajo interés en la política.

Ello, de acuerdo a lo que nos señala el informe Auditoría a la Democracia del PNUD de 2014, no pone en lo inmediato en riesgo la preferencia por la democracia, pero instala una señal de alerta respecto a la sostenibilidad de un régimen político donde la política se ha oligarquizado y sus reglas del juego se han desprestigiado aceleradamente, siendo esto –en gran parte- producto de las acciones y omisiones en que los diversos actores han incurrido y que ponen de manifiesto la tensa relación que se existe entre dinero y política.

El desenlace aún desconocido que tendrá la investigación judicial del caso PENTA y sus aristas, así como el escándalo suscitado con el llamado caso CAVAL (que no terminó con la renuncia de Dávalos), muestran como nuestros significativos avances para regular la relación entre política y dinero son aún insuficientes cuando el actuar es poco reflexivo (ser y parecer), o los principios se relativizan. Esto plantea dos desafíos relevantes: el primero, revalorizar la transparencia e instalar la ética como un valor crítico en el ejercicio de la política, porque la norma no puede regular todos los posibles vicios. Segundo, es preciso seguir perfeccionando la normativa, de manera de evitar al máximo los vacíos y sancionar decididamente las transgresiones.

Respecto a lo primero, lo único que se puede hacer –creo- es dejar de naturalizar la existencia de ciertas prácticas como algo extendido, ampliamente sabido y, en consecuencia, aceptado como parte de la “costumbre”. Ambos casos tienen en común la instalación de una asimetría importante respecto a la injerencia que ciertos intereses o sectores podrían tener sobre el poder político en desmedro del interés general de la ciudadanía. Es de alguna manera aceptar la colonización de los negocios y el mercado en la política, que es el peligro permanente que enfrenta cualquier democracia y sobre la cual está obligada a blindarse permanentemente para no generar la semilla de su destrucción.

Respecto a lo segundo, los casos conocidos hacen evidente la necesidad de instalar en el Congreso un debate serio para evitar al máximo los mantos de opacidad en la política, por lo que sería necesario avanzar en lo siguiente.
1. Regulación de la relación entre política y dinero: es necesario impulsar con fuerza el proyecto de ley que el Ejecutivo envió al Congreso y que busca el “fortalecimiento y transparencia de la democracia”, e introducir varias mejoras. Esto debiera hacerse en un debate abierto en el Congreso, donde se considere la voz de la sociedad civil.

Lo anterior implica, entre otras cosas, el endurecimiento de penas para aquellos que incurran en faltas. A nuestro entender esto implica no sólo la aplicación de multas, sino que la imposibilidad de ejercer el cargo en caso de comprobarse fraude.
2. Dotar al Servel de competencias adecuadas para la fiscalización proactiva de los gastos de campaña y poner este servicio a la vanguardia de los temas electorales, convirtiéndose en una entidad que incida en el debate de la reforma del régimen electoral, incluyendo no sólo la forma en que se asignan los escaños, sino que también poniéndose a la vanguardia de los procesos electorales, como el voto electrónico, el voto adelantado, la promoción de educación ciudadana y democrática, entre otros.3. Promover la reforma a los partidos políticos. Esta es una promesa que varios gobiernos han hecho y que no ha logrado consolidarse.4. Promover la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y el control social. No hay mejor remedio para los mantos de opacidad que se instalan a partir de ciertas prácticas, que abrir las ventanas y dejar entrar la luz. Esto implica no sólo promover y ampliar mecanismos de transparencia activa y rendición de cuentas para quienes ejercen la actividad política en todos los niveles, sino que también dotar a la ciudadanía de las competencias para ejercer control social.

5. Revisar la legislación y las penas existentes en relación al tráfico de influencias, el conflicto de interés y el uso de información privilegiada. Esto implica, entre otras cosas, mirar las limitantes que tiene -para reducir este espacio- la recién estrenada Ley de Lobby.

6. Control interinstitucional e independencia de poderes. Si bien esto no precisa una norma específica, es muy relevante, dada la sensibilidad de los temas que se trata: que los tribunales tengan la máxima independencia para actuar, que el Congreso legisle con altura de miras y que el Ejecutivo promueva este tipo de debates en las instancias correspondientes. Todo ello se puede resumir en hacer realidad la idea de que hay que dejar que “las instituciones funcionen”.

En cualquier caso, Chile tiene hoy una oportunidad. La responsabilidad que asuman los políticos y la existencia de una ciudadanía vigilante dirá si el desenlace de esto será caer varios peldaños en la calidad de nuestra democracia, dejando que la política siga la senda de la oligarquización y la colonización del mercado, o bien, hacer las cosas de manera adecuada para que la democratización de las instituciones y de la sociedad deje de ser eslogan y se trasforme en realidad.​