Agenda de los pendientes en Seguridad Pública para el 2009

Publicado : 28 Abril, 2009 en Prensa

En el año 2006, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet emprendió una osada apuesta en materia de prevención de la violencia y el delito, articulando, técnica y presupuestariamente, un conjunto de ministerios y servicios, bajo el supuesto de la multicausalidad del delito. Hoy, es preciso trabajar en función de las materias pendientes en Seguridad Pública y así, avanzar de manera significativa en un ámbito tan importante para la calidad de vida de la ciudadanía.

El Gobierno asumió el compromiso político, de reducir, entre el año 2006 y 2010, en un 10% el número de hogares victimizados por algún delito y en un 9% el número estimado de delitos de mayor connotación social. Para cumplir con este objetivo,  comprometió el cumplimiento de más de 120 metas que conforman la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP).

Entre 2005 y 2007, el porcentaje de hogares en que alguno de sus miembros fue víctima de delito, disminuyó de 38,3% a 34,8%, respectivamente. Reducción que equivale a que aproximadamente 137 mil hogares dejaron de ser victimizados.  Por su parte, respecto de 2005, disminuye los delitos por hogar de 0.77 a 0.68 lo que equivale aproximadamente a 350 mil delitos menos.

Por otra parte, disminuye la percepción de inseguridad frente al delito. En el año 2007, un 42,2% de las personas creen que serán víctimas de un delito en los próximos 12 meses, mientras que en el 2005, esta cifra alcanzaba un 48,6%, dato que demuestra que, aún cuando la delincuencia sigue siendo una de las principales preocupaciones, la ciudadanía comienza a percibir resultados, reduciendo sus niveles de temor.

Otro resultado interesante en el segundo año de implementación de la ENSP, es el importante nivel de cumplimiento de las metas comprometidas. Un 88% de las metas se cumplieron dentro del plazo establecido, gracias al esfuerzo compartido por el Ministerio del Interior, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Ministerio Público y ministerios sociales, todas instituciones comprometidas con el fortalecimiento de una política integral en materia de seguridad.

El reconocimiento de la multicausalidad del fenómeno de la delincuencia y el trabajo intersectorial, han sido, sin duda, elementos claves a la hora de los resultados.  Pareciera haber consenso en esta materia. Sin embargo, subsiste un significativo trabajo por hacer: evaluar la “apuesta” del gobierno e insistir en la agenda de los compromisos pendientes.

Hay que apurar el cumplimiento de los compromisos atrasados. Uno de ellos, es el envío del proyecto de Ley de Seguridad Privada, tema que ha experimentado un crecimiento significativo en las últimas décadas, convirtiéndose en una industria relevante a la cual se le debe prestar particular atención desde una perspectiva de Estado. Nuestro país requiere de una regulación adecuada, eficiente y moderna en materia de seguridad pública.

Los meses que quedan de Gobierno, deben concentrarse en la agenda de las cosas pendientes.  Estamos prontos a conocer los resultados de la ENUSC 2008, que debieran servir para fortalecer algunos aspectos de la Estrategia y ajustar aquellos que lo requieran.

Nuestro país exige disponer de un marco institucional adecuado para optimizar la respuesta pública al fenómeno de la delincuencia, el temor y la inseguridad. Por ello, el Congreso debiera promulgar prontamente la ley que crea el Ministerio de Seguridad y traspasa la dependencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública desde Defensa a Interior, a través del cual el Presidente de la República mantendrá su relación directa de autoridad con ambas policías. Asimismo estable la creación de la Subsecretaría de Prevención y Rehabilitación responsable de todo lo relativo a la prevención, el control de la delincuencia, la rehabilitación de los infractores de ley y su reinserción social.

Además, se deben incrementar y fortalecer los esfuerzos y recursos destinados a evaluar los programas y acciones comprometidos. Requerimos distinciones respecto de qué programas funcionan mejor para prevenir la delincuencia y la violencia, para entonces concentrar allí los recursos.

Es sustancial, mejorar los sistemas de rendición de cuentas públicas, hacerlos cada vez más transparentes y cercanos a la ciudadanía: las personas deben conocer lo que hace tanto el Gobierno como el Estado chileno en materia de seguridad.

Necesitamos de una mirada más profunda y renovada en materia de rehabilitación. Se precisan más recursos y más voluntad para lograr efectivamente rehabilitar a quienes han delinquido o se encuentran en una situación de conflicto con la justicia. Este es probablemente uno de los pendientes más relevantes.

El presente es un año complejo. La seguridad es un tema sensible para la ciudadanía y por esto, vulnerable a ser utilizado políticamente en un año electoral. Por este motivo, es primordial trabajar en torno a esta materia de una manera objetiva y responsable, manteniendo un esfuerzo técnico y político que permita cumplir satisfactoriamente con la agenda de compromisos.