Declaración Pública

Publicado : 24 Abril, 2009 en Prensa

Algunos medios de comunicación han publicitado algunos contratos y convenios del gobierno con centros de pensamiento vinculados a partidos de la Concertación, omitiendo los contratos y convenios del mismo gobierno con centros de pensamiento vinculados a la oposición, presentándolos como contratos irregulares e incluso escandalosos cuando, en verdad, corresponden a estudios, proyectos de investigación, talleres, seminarios y publicaciones, que constituyen la actividad regular de estos centros de estudios y pensamiento que, obviamente requieren de financiamiento, sea público o privado. Un financiamiento que, en el caso de nuestra  Fundación, es bastante modesto en relación a nuestra producción.

Por otra parte, el mecanismo de licitación pública no es el único que permite asegurar la transparencia y probidad de los actos y contratos del Estado. Por su propia naturaleza, las investigaciones, talleres, seminarios y publicaciones que desarrollan estos centros responden a una cierta visión y aportes específicos de cada uno de ellos y por tanto exclusivos. Es de interés de todo gobierno contrastar estas visiones diversas que permitan enriquecer el punto de vista del propio Ejecutivo sobre los temas en debate.

El intento de criminalizar el financiamiento de la actividad académica, la investigación, reflexión y debate que desarrollan estos centros de pensamiento, equivalente al que realizan numerosos centros de pensamiento vinculados a la oposición y en donde los centros de derecha cuentan con un generoso aporte empresarial, que las empresas cargan como gastos y por tanto lo deducen de sus impuestos, además del financiamiento estatal que igualmente reciben, solo muestra la falta de objetividad, escaso rigor y parcialidad como algunos medios de comunicación cumplen su deber de informar a la ciudadanía y fiscalizar los actos de la autoridad.

La Fundación Chile 21 está en condiciones de acreditar los trabajos de todos y cada uno de los contratos suscritos con instituciones de gobierno, así como la rendición de cuentas de cada uno de ellos. Pensamos que la nueva ley de transparencia del Estado representa un gran avance para combatir la corrupción, el nepotismo y el tráfico de influencias, a condición que se use en forma responsable y sin fines políticos o electorales y sostenemos que debe ir acompañada por una mayor transparencia del mercado, también del opaco mercado de las comunicaciones, que impida la reiteración de casos de colusión como los conocidos por la opinión pública y otros que se repiten a diario y que afectan por igual a los ciudadanos, consumidores y las audiencias.

Como Fundación, hemos propuesto, en conjunto con otros centros, tanto vinculados a la Concertación como a la oposición, un financiamiento estatal, incorporado al presupuesto de la Nación, debidamente regulado, para la actividad de estos centros de pensamiento, tal como sucede en la mayoría de los países desarrollados y no pocos países en desarrollo. Una propuesta que no reuniera el consenso político pero que estimamos indispensable considerar para aportar una mayor densidad al debate de ideas en nuestro país.