LA REFORMA LABORAL EN CHILE: la deuda impaga

Publicado : 09 Diciembre, 2014 en Columnas Chile 21, Jaime Ensignia

|por Jaime Ensignia|


El contexto

El paisaje sociopolítico en nuestro país hoy está signado por la ausencia de  relaciones laborales modernas, de cooperación y convergencia entre actores sociales,  empresariado,  movimiento sindical y  Estado – más allá de las naturales diferencias que esta tríada debe confrontar. En el caso chileno impacta la brutal asimetría de poder en las relaciones entre empresarios y trabajadores,  incompresible para un país que se enorgullece de ser miembro pleno de la OCDE.  Desde ya que incidir en el sistema de relaciones laborales en sociedades modernas en aras de mayor justicia social implica disputar poder así como  parte de la plusvalía que se genera en la relación capital – trabajo.

La deuda acumulada por la ausencia total de una reforma de envergadura en estas materias a lo largo de  cuatro  gobiernos de la Concertación se tornaba insostenible en el contexto del gobierno actual, cuya bandera principal es la superación de la desigualdad al interior de la sociedad chilena. Incluso en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, la reforma laboral estuvo planteada por el sindicalismo nacional con el apoyo del entonces ministro del Trabajo y Previsión Social -hoy presidente del Partido Socialista- Osvaldo Andrade, pero fue el ex -ministro de Hacienda, Andrés Velasco, quien bloqueó tenazmente esas sentidas reivindicaciones del movimiento sindical y se opuso en su momento a la creación de una AFP estatal.

En este sentido, especialistas en relaciones laborales señalan que la antigua Concertación no logró saldar esta deuda con el movimiento sindical. Más aún, constatan que los principios regulatorios de las relaciones colectivas de trabajo ponen en evidencia la preservación inalterada de la matriz del Plan Laboral de la dictadura militar (1). Cierto es que el Código Laboral ha sufrido  cambios desde entonces pero, tal como sucede en otras materias, las modificaciones registradas no representan transformaciones estructurales respecto del paradigma de origen. Al permanecer inalterada la matriz neoliberal  que sella la enorme asimetría entre el poder del sector empresarial frente a las organizaciones sindicales, resulta ineludible para las autoridades del actual gobierno de la presidenta Bachelet encarar un nuevo pacto laboral, o  nuevo Código Laboral.

Vuelve a ser el sindicalismo nacional, por intermedio de sus dirigentes más emblemáticos de la CUT, la ANEF, la CONFUSAM, la FTC y otras organizaciones sindicales nacionales, quienes hoy ponen en la agenda política este “cuarto pilar” con la urgencia y centralidad que amerita, junto con las reformas tributaria, educativa y una Nueva Constitución. En su documento base La CUT y los cambios que Chile necesita. Para profundizar la democracia en el trabajo, esta central sindical destaca: “El Código del Trabajo que rige las relaciones laborales en nuestro país tiene su origen en el Plan Laboral impuesto por el gobierno de Pinochet el año 1978, cuando era Ministro del Trabajo José Piñera. Durante los gobiernos de la Concertación se realizaron reformas parciales pero no alteraron su contenido central ni su filosofía de abordaje individual de las relaciones laborales” (2).

En otro documento titulado Manifiesto Laboral. Por un nuevo Modelo de Relaciones Laborales, suscrito por la prestigiosa Fundación Sol y renombrados abogados laboralistas y expertos en relaciones laborales del país se enfatiza con mucha claridad: “La acción de la dictadura, entonces, provocó una violenta redistribución del poder entre sectores sociales, favoreciendo los grandes intereses económicos. Posteriormente, los gobiernos de la Concertación no modificaron sustantivamente esta situación, apoyando argumentos y políticas en las que primaban los equilibrios macroeconómicos más que la democracia y la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras. Bajo esa óptica, los derechos laborales siguieron siendo percibidos como obstáculos y rigideces para la actividad económica y no como un elemento sustantivo que debe ser resguardado por la sociedad” (3). En este marco, las reformas laborales realizadas por los gobiernos de Patricio Aylwin y  Ricardo Lagos han sido conceptualizadas como de “baja intensidad”.

El “cuarto pilar”

El programa del actual Gobierno en lo referente al tema laboral, constata: “En este contexto, debemos realizar cambios a nuestra institucionalidad laboral. Muchos  aspectos se han modificado, pero aún persisten disposiciones que no ayudan o niegan a los trabajadores sus derechos.  El respeto a los derechos en el trabajo y la dignidad del trabajador son parte integral de la identidad social y política de la Nueva Mayoría” (4). En consecuencia con este enunciado, el gobierno a través de su ministra de Trabajo, Javiera Blanco,  ha expresado insistentemente la voluntad de llevar adelante un debate nacional y descentralizado acerca de la necesidad de una reforma laboral con todos los actores del espectro laboral, es decir,  organizaciones sindicales, empresariales,  de la mediana, pequeña y micro empresa y otras instituciones.

Los hasta ahora difícilmente  conocidos nueve puntos de la reforma laboral del gobierno en forma de titulares gruesos son los siguientes: 1) Ampliación de la cobertura de la negociación colectiva a trabajadores de temporada y trabajadores de confianza; 2) Titularidad del sindicato en la negociación colectiva; se buscaría eliminar la negociación ad hoc por intermedio de grupos de trabajo; 3) Extensión de los beneficios negociados por el sindicato; 4) Ampliación del derecho a información para la negociación colectiva, entendiéndose que el empleador deberá proporcionar oportunamente todo tipo de información relevante para la negociación; 5) Simplificación del procedimiento de la negociación colectiva, fomento del diálogo de las partes y acuerdos entre ellos; 6) Derecho a huelga, en el sentido de equilibrios de las partes negociadoras, poniendo fin a la figura del reemplazo en huelga (modalidad “chilena” casi única en el mundo) ; 7) Piso de negociación, en este aspecto, la propuesta del empleador no puede ser menor que lo obtenido en la última negociación colectiva, reajustada de acuerdo al IPC; 8) Ampliación de materias negociables;  9) Ampliación de los permisos sindicales.

Hoy –en el mes de diciembre, cuando el Gobierno había anunciado que ya en octubre enviaría al Congreso un proyecto de reforma laboral-, sigue habiendo una mirada crítica acerca de los alcances y profundidad de esta reforma aún desconocida en su plenitud por importantes dirigentes sindicales nacionales de la CUT y expertos laborales. Lo complejo que resulta acceder a la información circulante en estos últimos meses, despierta en estos ámbitos fantasmas de la “época dorada” de las reformas laborales del Ministro René Cortázar, regidos por aquello  de hacer que algo cambie para que todo siga igual. Al respecto, el ex presidente y actual secretario general de la CUT, Arturo Martínez, argumenta que la reforma laboral es la madre de todas las batallas: “Le planteamos a la Ministra Blanco que no queríamos cualquier reforma, no se trata de una reforma para cumplir, se trata de una reforma que termine con la situación que tenemos. No se saca nada con reformar la ley de negociación colectiva, sino se tiene sindicatos para hacerla y si no resolvemos el tema del despido (artículo 161 del Código del Trabajo, por causal de la empresa), no vamos a tener sindicatos porque los empresarios van despedir trabajadores cuando quieran” (5).

La CUT y su propuesta de reforma laboral

“El valor social del trabajo y el rol que la organización sindical ha cumplido en la sociedad chilena, (…) ha sido ignorado en tanto se mantiene la deuda en materia de derechos con los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Chile, al iniciar un nuevo ciclo en la historia política del país, debe reconocer y saldar esa deuda social” (6), subraya el referido documento de la CUT  y difundido poco antes de la última elección presidencial que ha servido de base para el debate con el Gobierno y los sectores empresariales del país. El  Programa de Gobierno de Michelle Bachelet 2014-2018 acogió algunas de las sugerencias y propuestas del sindicalismo nacional, aunque no de la forma en que hubiese querido la CUT y otras organizaciones sindicales, es decir, como un cuarto pilar entre las grandes reformas propuestas por la presidenta.

El Consejo Directivo Nacional Ampliado (CDNA) de la CUT, realizado el 1° y 2 de agosto de 2014, acordó la agenda laboral de 25 puntos para proponérselo al Ejecutivo. El documento síntesis de CDNA determina tres grandes áreas denominadas como objetivos de la reforma: 1) Fortalecer las organizaciones sindicales, dotándolas de poder para representar a los trabajadores ante el empleador; 2) Ampliar y fortalecer la Negociación Colectiva en los distintos niveles de la estructura sindical, y; 3) Posicionar al sindicalismo como un actor importante para promover los cambios que la sociedad chilena necesita.

En estas tres áreas podemos señalar algunos de estos 25 puntos como: modificar las normas de término de contrato de trabajo, regulando los despidos; modificar el artículo 161 del actual código laboral precisando cuáles son la causales del despido por necesidad de la empresa (este artículo se presta para arbitrariedades por parte de la patronal); modificar la ley de subcontratación para establecer que la empresa no debe externalizar labores que le son propias; simplificar los procedimientos en el proceso de negociación colectiva; el sindicato es el único sujeto de la negociación colectiva; reconocer y garantizar el derecho a negociación colectiva para las federaciones y confederaciones de sindicatos de trabajadores por rama, sector o servicio; eliminar el “lock-out” (art. 375 y 376 del Código del Trabajo); dar pleno cumplimiento al Convenio 87 y 98 de la OIT con respecto a la libertad sindical y negociación colectiva, derogando la normativa del reemplazo de trabajadores en huelga; modificar el art. 203 y eliminar la exigencia de existencia de 20 mujeres para el derecho a sala cuna, haciendo efectivo este derecho a partir de una trabajadora en la empresa (7).

“Reformas laborales ahora”, expresa un fuerte sentir del mundo del trabajo en nuestro país. Han pasado más de 25 años de acumulación de deuda por parte del mundo político progresista y de la izquierda hacia los trabajadores chilenos y sus organizaciones laborales. En este terreno se ha avanzado poco, no hay densidad en las transformaciones realizadas en los cuatro gobiernos de la Concertación y, por cierto, menos aún bajo el gobierno de derecha de Piñera.

Los que siempre se oponen

La derecha política que se expresa en el Parlamento y en sectores importantes del empresariado se dedicó desde un principio a señalar lo inoportuno de llevar a cabo un cambio en las relaciones laborales. Su línea argumental constituye un guion demasiado trillado en Chile y encubre una amenaza: todo reconocimiento sustantivo a los derechos de las y los trabajadores  atentaría contra las inversiones y el crecimiento económico nacional. Además, la derecha sumaría la posibilidad de alegar la inconstitucionalidad de las reformas.

Cabe señalar que la obstrucción de todo tipo de reformas laborales es de larga data: ya a fines de los años 90 no sólo provino de quienes tradicionalmente se han opuesto a éstas –la derecha política y amplios sectores del anquilosado empresariado nacional- sino también del interior de la antigua Concertación. Más fresco aún está el recuerdo del  ex ministro de Hacienda del primer gobierno de la presidenta Bachelet, Andrés Velasco,  quien se opuso pertinazmente a estas reformas y ha vuelto expresar nuevamente, la inoportunidad de las reformas laborales en este proceso de “desaceleración” de la economía nacional (8).

Los empresarios a través de sus organizaciones gremiales, sea la CPC, la SOFOFA, y otras organizaciones empresariales intermedias, se quejan frente al Ejecutivo de que las reformas, en particular la laboral, crean un escenario de confrontación y desmejoran la imagen empresarial del país. Lo que soslayan estos gremios es el ambiente de abuso e impunidad que la sociedad chilena vive a partir de comportamientos empresariales totalmente reñidos con una mínima ética de responsabilidad social, expuestos burdamente en casos como el de La Polar; el affaire de los pollos; el caso Cascadas; la evasión tributaria del caso PENTA;  los abusos del sistema financiero; el no pago millonario de las cotizaciones previsionales, etc.

Epílogo

Hay quienes no están dispuestos a aceptar trillados pretextos que aluden a “condiciones no dadas”, a los que se asocia en estos días la amenaza de desaceleración económica galopante y la advertencia de que no es posible encarar tantas reformas sustantivas simultáneamente.  

El mundo del trabajo, que integra en definitiva a la sociedad toda, no acepta más dilaciones. El mundo político deberá interpretar estas señales de la sociedad chilena sino quiere seguir naufragando en lo que respecta a la vigencia de su representación política. Lo cierto es que entre las y los dirigentes sindicales, expertos y especialistas en temas laborales subyace una razonable duda en cuanto a si este gobierno de la Nueva Mayoría tendrá el empuje para llevar adelante una profunda reforma laboral y de ese modo saldar esa deuda impaga que se tiene con uno de los actores más emblemáticos en la lucha por la recuperación democracia.

Sin lugar a dudas, la agenda laboral recarga la agenda de transformaciones estructurales en las que está sumido el gobierno, lo cual en opinión de los restauradores de las políticas de consenso de la vieja Concertación, es políticamente inviable y no deseado. Sucede que este “frenético” escenario enfrenta deudas sociales y políticas acumuladas a lo largo de 24 años, ya se trate de  tareas postergadas o eludidas. Sin embargo, en lo relacionado con el mundo del trabajo, volviendo al título de este artículo,  parece no haber deuda que no se cobre en este Chile del nuevo ciclo, habiendo también  una deuda al interior del mundo sindical: la auto reforma sindical, es decir, la modernización y democratización de las organizaciones sindicales con el objetivo de poder enfrentar de mejor manera este “nuevo” ciclo político y social. En este sentido, al parecer los actores sociales y políticos comienzan a jugar duro.

Notas-.

1 Ver: María Ester Feres: Progresismo y movimiento sindical en Chile, pág. 193-232, en Chile en la Concertación[1990-2010]. Una mirada crítica, balance y perspectivas, Editores, Yesko Quiroga y Jaime Ensignia, 2009.

2 La CUT y los cambios que Chile necesita para profundizar la democracia en el trabajo, octubre 2013, pág. 9.

3 Ver Manifiesto Laboral. Por un nuevo Modelo de Relaciones Laborales, 2013, pág. 1.

4 Programa de Gobierno Michelle Bachelet 2014-2018, 0ctubre 2013, pág. 92

5 Entrevista: Arturo Martínez: “Le planteamos a la ministra Blanco que no queremos cualquier reforma laboral”. Diario Financiero, martes 28 de octubre 2014.

6 Ídem,   Documento CUT, ya citado, pág. 3.

7 Ver el detalle de los 25 puntos de la Agenda Laboral de la CUT en: www.cut.cl; ir la documentación del CDNA 2014, documento síntesis, agosto 2014.

8 Entrevista a Andrés Velasco: “En las condiciones actuales, el fin al reemplazo en huelga, podría acrecentar el conflicto”. El Pulso, miércoles 24 de septiembre 2014, Actualidad Política, pág. 30 y 31.