No basta que bajen las tasas de interés.  Las inyecciones de liquidez pueden terminar esterilizadas si la banca adopta una política conservadora y usa sus recursos líquidos para adquirir papeles del Banco Central.  Las empresas y las personas no podrían satisfacer su demanda por crédito en esas circunstancias. Es necesario asegurar que exista una oferta de crédito por parte de las entidades financieras y, si el mercado no actúa por sí solo en esa dirección, las autoridades económicas deben adoptar medidas concretas para preservar el flujo de créditos de la economía.

El sistema bancario chileno está bien capitalizado y su regulación ha sido estricta.  A diferencia de la fiesta de Wall Street, donde las autoridades del gobierno republicano toleraron un desenfrenado libertinaje financiero que favoreció la creación de artificios en los balances, la solvencia de la banca local no está en cuestión.  Sin embargo, la banca ha endurecido sus estándares de otorgamiento de créditos y ha elevado las tasas de colocación y los márgenes.

La oferta de crédito se retrae elevando el precio y reduciendo la cantidad.  La demanda, por su parte, acompaña esta conducta porque los actores de la economía real están postergando proyectos y esperan caídas en las cifras de ventas.  Es decir, estamos ante un proceso de reducción del mercado del crédito que es altamente indeseable.

En reemplazo del crédito bancario, los plazos de pago a los proveedores se han extendido y las empresas con menos espaldas están viendo cómo su capital de trabajo se reduce con rapidez. Nada bueno anuncia este comportamiento.  De hecho, la cadena de pagos de la economía está comenzando a sufrir un deterioro severo y no existen incentivos en la banca para tomar los riesgos asociados a su financiamiento.

Los índices patrimoniales del sistema bancario privado ofrecen holgura suficiente para aumentar la oferta de crédito en más de 20 mil millones de dólares, pero ello no ocurrirá espontáneamente. Es una paradoja que la economía real sufra de una estrechez de liquidez mientras el sistema financiero tiene una disponibilidad tan inmensa de recursos.
Es imprescindible introducir incentivos adecuados para que el sistema financiero contribuya a las políticas anticíclicas y los agentes de la economía real dispongan de recursos de créditos a tasas y plazos adecuados.

El Banco del Estado, gracias a la capitalización de 500 millones de dólares, podría aumentar su oferta de crédito en 10 veces esa cantidad sin deteriorar sus índices patrimoniales.  Sin embargo, es muy improbable que ello ocurra sin un incremento significativo en su nivel de riesgo recogiendo a los rechazados por la banca privada.  A ello se agrega la limitada capacidad del banco para reciclar tan importante volumen de recursos.  Lo que seguramente ocurrirá es que los nuevos fondos terminen siendo esterilizados en la compra de papeles del Central.

Un mecanismo ya probado con éxito en el pasado es proveer a la banca de financiamiento de largo plazo que pueda ser utilizado en ampliaciones de plazo para las empresas que no están en condiciones de acudir directamente al mercado de capitales emitiendo bonos o efectos de comercio.

Con cargo a su aumento de capital, el Banco del Estado podría extender líneas de largo plazo a la banca privada para que ésta, a su vez, ofrezca ampliaciones de plazo a sus clientes de crédito.  En paralelo, BancoEstado puede emitir bonos bancarios de similar plazo a una tasa atractiva para ser colocados en la banca privada, la que los entregaría en garantía de la línea otorgada.  Un razonable diferencial de márgenes puede estimular a la banca a tomar los riesgos de crédito asociados.

Comparado con la opción que sea el propio BancoEstado el que preste directamente los nuevos recursos de capital, un diseño como el descrito multiplica por 5 el impacto potencial en la oferta de crédito, sin deteriorar los índices patrimoniales de Basilea.

No sólo las empresas pueden verse favorecidas con este mecanismo.  También puede orientarse directamente a las personas y paliar la caída en el consumo. Los créditos de consumo han dejado de crecer y su morosidad empieza a mostrar tímidamente los primeros indicios de un deterioro de la calidad de la cartera.  La menor demanda por créditos por parte de las personas refleja la incertidumbre acerca de su estabilidad laboral y la de sus ingresos.  Extender los plazos de las deudas personales permite aliviar la eventual estrechez de ingresos y moderar la caída que se prevé en el crecimiento del consumo.

En consecuencia, ofrecer un mecanismo de refinanciamiento a tasas razonables para los créditos de consumo puede ser un instrumento eficaz para la política anticíclica y muy eficiente en términos de recursos.

Sujeto a las condiciones crediticias que sean necesarias, esta fórmula puede extenderse además a entidades no bancarias que participan en el mercado del crédito a las personas, tales como empresas de retail, cooperativas y cajas de compensación, las que han adquirido una creciente importancia relativa en este mercado.

Proveer una oferta de crédito de mayores plazos es una medida efectiva y eficiente para aliviar la estrecha liquidez de la economía.  Los demandantes de crédito son los agentes que están involucrados directamente en la actividad económica, sea a través de la producción de bienes y servicios o de la demanda de esos mismos bienes y servicios.  El efecto en el consumo y la actividad sería más directo que si se optara, por ejemplo, por una rebaja del IVA.  Dado el contexto de incertidumbre, nada asegura que ese gasto tributario se oriente al consumo.