Si bien es razonable que el gobierno quiera mostrar avances legislativos a un año de su término, no logra entenderse que lo haga aceptando la condición del voto voluntario, planteada por la Alianza. Politólogos reconocidos como Huneeus han venido advirtiendo del cúmulo de riesgos que ello entraña: aumento de las desigualdades (por cuanto la predisposición a votar es mayor en los sectores que cuentan con mayores recursos de todo tipo), disminución de la participación electoral y aumento de la injerencia del dinero en la política (un incremento lógico de recursos de campaña para movilizar a los sectores más indiferentes, que podría ir acompañado del consiguiente riesgo de comercialización del voto).

Más perplejidad despierta la disposición de parlamentarios oficialistas a aprobar esta iniciativa. No sólo porque es desde la Concertación que se promueve, al menos a nivel normativo, un discurso que valora la idea de comunidad y las exigencias que conlleva una vida compartida en un mismo territorio, lo que involucra derechos, pero también deberes tan impopulares como pueden serlo los impuestos, sino en especial los vinculados a la DC. Una decisión de este tipo supone saltarse a la torera un acuerdo de su último Congreso ideológico, enviando una señal equívoca a su militancia. En un país tan fragmentado en lo económico, territorial y sociocultural, sería nefasto contribuir a instalar una nueva forma de desigualdad. A fin de cuentas, es a través del voto donde, al menos en las urnas, podemos reconocernos como políticamente iguales.