La democracia cuesta

Publicado : 17 Octubre, 2014 en Carlos Ominami, Columnas Chile 21

|por Carlos Ominami|


CHILE entendió hace mucho tiempo que debe financiar una defensa que sea disuasiva. Hay quienes piensan que incluso se nos pasó la mano y que de ese objetivo saltamos a una carrera armamentista. Es una discusión que está abierta. En todo caso, no cabe duda que Chile ha garantizado un financiamiento generoso para su defensa. Desgraciadamente, no ocurre lo mismo con la democracia. El contraste es grave y peligroso.

Contrariamente a lo que afirma el recurso fácil, no se trata de financiar a los políticos. Se trata de que la democracia tenga los medios para actuar con decencia y autonomía, de manera de estar al servicio del interés general definido por las grandes mayorías. Para ello, es clave protegerla de las influencias indebidas. Esta es una cuestión planteada hace tiempo y que no hemos sido capaces de resolver. 

Es expresión de nuestro subdesarrollo tener que enfrentar estas cuestiones no a partir de una reflexión lúcida sobre las necesidades de la democracia, sino que en caliente, cuando estallan los escándalos y el sistema amenaza con derrumbarse. En eso estábamos en el 2002-2003 cuando se legisló al respecto. Los objetivos que en ese momento se plantearon eran todos loables: garantizar igualdad de oportunidades a los candidatos, transparencia y construir una muralla que separe la política de los negocios. 

Lamentablemente, ninguno de estos objetivos se cumplió a cabalidad. La derecha y especialmente la UDI, que consideraba que el financiamiento empresarial era su terreno privilegiado, se opuso tenazmente en ese momento a terminar con el financiamiento de las empresas y las donaciones reservadas. Tenían argumentos subalternos, como su relación privilegiada con el mundo empresarial, pero también uno más legítimo: intentar por la vía del financiamiento de las empresas equiparar la intervención gubernamental de los partidos de la Concertación.

Están quedando al desnudo todas las insuficiencias del sistema. Es evidente  que se requiere una reforma a fondo. Sería gravísimo que se hiciera un simple maquillaje del sistema actual. Eso le acertaría un golpe que pudiera ser letal al prestigio -de por sí limitado- del Congreso, los parlamentarios y los partidos políticos, instituciones fundamentales de la democracia.

La arquitectura de una reforma debiera estructurarse en torno a: el término de los aportes provenientes de las personas jurídicas, especialmente las empresas; la máxima transparencia; sanciones ejemplificadoras que podrían llegar incluso a la pérdida del escaño mal habido; una franja gratuita de publicidad radial; la delimitación rigurosa de las áreas para la propaganda en vía pública, y una ampliación muy sustantiva de las facultades y las capacidades del Servel para hacer cumplir la ley.

Una legislación como la actual, que no es respetada por los propios parlamentarios, es uno de los tantos motivos del profundo cuestionamiento que ejerce la ciudadanía sobre la actividad política. Quienes creemos en la democracia no tenemos más que las instituciones para transformar la sociedad. Es por eso que es fundamental preservarlas.